Javier Ruiz
En España, hay provincias donde la pérdida de poder adquisitivo ya no está ligada a la inflación, al desempleo o a la falta de actividad económica, sino a un factor más silencioso y preocupante: la desaparición de los pensionistas, que sostenían buena parte de la renta local.
El fenómeno es especialmente visible en territorios muy envejecidos como Lugo, Ourense o Zamora, donde la población de más de 83 años supera ya a la franja de entre 60 y 64 años. En Ourense y Zamora, un tercio de los habitantes tiene 65 años o más; en Lugo y León, la proporción también rebasa el 30 % de la población, casi el doble que en provincias más jóvenes como Almería.
Cuando las pensiones desaparecen
Durante dos décadas, las pensiones han sido uno de los motores más estables de renta en muchas provincias. De este modo, mientras los salarios se estancaban y la inversión privada huía, las prestaciones contributivas garantizaban un mínimo flujo de consumo: desde el supermercado hasta el pequeño comercio.
Sin embargo, la tendencia demográfica está alterando ese equilibrio. A medida que fallecen los pensionistas más mayores, el poder adquisitivo de las provincias envejecidas se erosiona, acelerando un proceso de empobrecimiento relativo.
El contraste con otras áreas es evidente: mientras las grandes capitales concentran la creación de empleo de calidad en provincias despobladas y envejecidas, la desaparición de pensiones significa menos renta disponible, menos consumo y más dificultades para sostener el tejido económico local.
La desigualdad también se aprecia en el valor de las pensiones. En Alicante, por ejemplo, la pensión media es de 1.286 euros, lo que supone 219 euros menos que la media nacional y 580 euros menos que en Vizcaya, la provincia con pensiones más altas. Desde el año 2000, Alicante ha caído tres puestos en el ranking provincial y hoy se sitúa en la posición 45 de 50.
En otras palabras, hay que tener presente que no solo influye cuántos pensionistas hay, sino qué importe reciben: las provincias con carreras laborales más precarias o con sectores peor remunerados acumulan pensiones más bajas y, por lo tanto, un consumo más débil también.
Más allá de la demografía
La cuestión no es solo económica, sino también social y política. El gasto en pensiones y sanidad ya representa más del 13 % del PIB y se espera que siga creciendo en las próximas décadas.
Sin embargo, mientras el debate político se centra en cómo sostener el sistema, en muchos territorios la realidad urgente se traduce en esta desaparición del poder adquisitivo de las familias a medida que los pensionistas fallecen, lo que agrava la brecha territorial y acelera la pérdida de población. Hoy, se lastran las oportunidades de las nuevas generaciones mientras se consolidan las de los mayores, pero ¿qué ocurrirá mañana en todos estos territorios envejecidos a medida que caiga el poder adquisitivo?
En conclusión, la mortalidad de los pensionistas se ha convertido en un factor silencioso de empobrecimiento provincial. Allí donde más dependían de sus rentas, su desaparición deja vacíos en la economía local y en la vida comunitaria.
El resultado es una España cada vez más desigual: provincias que crecen gracias al empleo y la atracción de población joven frente a otras que pierden poder adquisitivo a marchas forzadas porque su sostén demográfico y económico se apaga con cada generación que se va.
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