Sergio Delgado
En España, para operar a corazón abierto hay que ser médico. Para planear un edificio, se requiere el título de arquitectura. Y para defender a una persona ante los tribunales se exige haber estudiado derecho. Sin embargo, para ser político no es que no se requiera el título de Ciencias Políticas, a veces no se exige nada. Las mentiras pueden hacer el resto.
Y es que, en un país donde la formación se exige con rigor para acceder a muchos puestos de trabajo, la política parece ser una excepción, cuanto menos, llamativa.
Durante los últimos meses, las trayectorias académicas de nuestros representantes públicos se han puesto entredicho más que nunca. No solo por titulaciones incompletas, sino también por casos flagrantes de falsedad.
Lo que en otros ámbitos podría suponer la inhabilitación profesional, en la esfera política suele quedar relegado a la polémica pasajera. Y aquí, de nuevo, no pasa nada.
El caso de Noelia Núñez ha vuelto a abrir un debate incómodo. La diputada del Partido Popular reconoció haber incluido información errónea sobre sus estudios, tras ser señalada por el ministro Óscar Puente.
Aunque intentó justificar la situación asegurando que pretende retomar sus estudios, lo cierto es que su expediente académico no respaldaba los títulos que decía poseer. Lo más llamativo es que no se trata de un episodio aislado.
Currículos inflados y formación dudosa
La historia política española reciente está plagada de situaciones similares. De hecho, plagar de mentiras un currículum o sobre todo hiper exagerar la formación académica es ya todo un clásico, tanto en la derecha como en la izquierda.
En el caso de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la versión oficial la presentaba como licenciada en dos grados universitarios, cuando en realidad no finalizó ninguno de ellos. Sin embargo, la valenciana enarbola la bandera de la dignidad política en cada comparecencia.
Otro ejemplo es el del propio Óscar Puente, quien durante su etapa como alcalde de Valladolid presentó como máster en Dirección Política lo que en realidad era un curso no oficial impartido por una fundación vinculada al PSOE.
El caso de Patxi López tampoco ha pasado desapercibido: su formación en Ingeniería Industrial nunca se completó, pese a figurar durante años en su biografía como parte de su bagaje académico.
La tesis fake de Sánchez
La lista es extensa y no se limita a partidos o cargos concretos. Cristina Narbona, presidenta del PSOE, sostuvo durante años que era doctora en ciencias económicas por la Universidad de Roma.
Sin embargo, en el periodo en que supuestamente cursó esos estudios, dicha titulación no se ofrecía en ese centro. Más tarde, se descubrió que contaba únicamente con una licenciatura, y su ficha fue corregida.
Los nombres se acumulan. Carmen Montón, Bernat Soria, José Manuel Franco, Carmen Chacón o José Blanco protagonizaron controversias similares.
Sin embargo, la polémica más mediática fue probablemente la de Pedro Sánchez y su tesis doctoral. Diversos informes académicos apuntaron a posibles plagios y a una elaboración dudosa, aunque nunca llegó a probarse judicialmente que el documento no fuera de su autoría.
Los escándalos también alcanzan al Partido Popular
En el PP, tampoco faltan los casos polémicos. Aún resuena el caso de Cristina Cifuentes que tuvo que dimitir en 2018 tras revelarse que obtuvo un máster con notas falsas en la Universidad Rey Juan Carlos.
Pablo Casado, supuestamente, recibió trato de favor para obtener su título de posgrado, al convalidarse 18 asignaturas sin necesidad de asistir a clase. Aunque el Tribunal Supremo no encontró indicios suficientes para abrir causa penal, el daño a su imagen pública ya estaba hecho.
El caso de Isabel Díaz Ayuso añade otro capítulo más a esta tendencia. En su expediente constaba que había cursado un doctorado, pero luego reconoció no haberlo finalizado.
Lo hizo mientras ocupaba un cargo relevante y recibía homenajes universitarios, lo que generó críticas por parte de la comunidad académica. Juanma Moreno también ajustó su biografía con el tiempo: de presentarse como licenciado en Administración de Empresas pasó a mencionar estudios en esa área, hasta declarar una titulación distinta, relacionada con protocolo.
Cuando la política ignora la meritocracia
Aunque estos casos afectan a figuras visibles, el problema va más allá de las personas. La falta de transparencia en los currículums públicos y la escasa exigencia en la verificación de datos reflejan un déficit institucional.
Para ser político no hace falta haber cursado Ciencias Políticas como se ha podido ver, ni tener una carrera universitaria completa, pero sí resulta preocupante que se falseen logros que no existen, especialmente cuando quienes lo hacen representan a la ciudadanía.
La experiencia profesional o la vocación política pueden ser suficientes para aspirar a un cargo público sí, pero cuando se miente sobre la formación, el mensaje que se transmite es tóxico: aparentar pesa más que el mérito. Y eso mina la confianza en el sistema.
La educación cuesta mucho a las familias
Más allá del debate institucional, este tipo de escándalos tiene efectos concretos sobre la sociedad. Muchas familias hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos estudien, superen oposiciones o acrediten títulos oficiales.
Ver cómo los representantes públicos se benefician de méritos no adquiridos genera frustración. La credibilidad de los políticos está, de nuevo, en tela de juicio.
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