Redacción El Blog Salmón
EditorEl Boletín Oficial del Estado garantiza la continuidad en 2026 del Complemento de Ayuda para la Infancia, una prestación integrada en el Ingreso Mínimo Vital. La cuantía alcanza los 115 euros mensuales para los menores de tres años en un país donde, según los últimos datos de Eurostat recopilados por EAPN-ES, la pobreza infantil sigue entre las más elevadas de la Unión Europea.
El mapa de la prestación
El Estado mantiene su promesa económica sobre el papel. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado la continuidad para 2026 del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación nacida al abrigo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y concebida para aliviar las cuentas de los hogares más vulnerables. La ayuda, de hecho, no establece una cuantía lineal, sino que se divide en tres tramos que penalizan —o premian, según se mire— la edad de los menores a cargo.
Según el esquema actualizado por la Seguridad Social, las familias percibirán hasta 115 euros al mes por cada hijo menor de tres años, lo que equivale a 1.380 euros anuales. O expresado de otro modo: a medida que el niño crece, el Estado retrae su aportación. El tramo intermedio, para menores de entre tres y seis años, se fija en 80,50 euros mensuales —966 euros al año—, mientras que la franja de los seis a los 18 años queda reducida a 57,50 euros al mes, es decir, apenas 690 euros anuales. La norma, en todo caso, permite solicitar el complemento de forma independiente sin necesidad de ser beneficiario titular del IMV, siempre y cuando los ingresos del hogar no superen el 300% de la renta garantizada correspondiente a su configuración familiar.
Una ilusión estadística
Ahora bien, la arquitectura técnica de la prestación choca frontalmente con la radiografía social. Frente a las estimaciones desactualizadas que hablaban de un tercio de la población afectada, la realidad es aún más punzante y localizada. Como recuerda la red europea de lucha contra la pobreza (EAPN-ES) con datos de Eurostat, España volvió a liderar en 2025 la pobreza infantil en la Unión Europea. Un dato lo pone negro sobre blanco: el 28,4% de los menores españoles se encuentra en riesgo severo, una cifra que sitúa al país casi nueve puntos por encima de la media comunitaria.
Lo paradójico, sin embargo, es que el dique de contención diseñado por el Gobierno hace aguas no por falta de presupuesto, sino por exceso de burocracia. Según sostiene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su última evaluación del sistema a principios de 2026, el 72% de los hogares que tienen derecho a cobrar este complemento infantil no lo solicita. O lo que es lo mismo, siete de cada diez familias elegibles se quedan fuera del paraguas estatal porque se pierden en el laberinto administrativo o directamente desconocen su existencia. Como ha documentado El Blog Salmón sobre las retiradas del Ingreso Mínimo Vital, el propio diseño de la ayuda actúa en ocasiones como una trampa que obliga a los perceptores a devolver importes por desajustes patrimoniales mínimos, consolidando la prestación como un proceso judicial encubierto.
Y es que el Estado del bienestar opera aquí con un sesgo presupuestario innegable. La AIReF advierte de que el Complemento de Ayuda para la Infancia apenas alcanzó el 29% de su coste potencial, inyectando 694 millones de euros cuando el diseño original habría permitido llegar a más del doble de la población necesitada si los cauces fuesen ágiles. La obligación de tributar y justificar los ingresos del ejercicio anterior —en lugar de la situación presente del hogar— convierte el ingreso en un trámite denso que llega tarde a las crisis sobrevenidas. Un espejismo burocrático donde el Boletín Oficial del Estado promete un escudo impenetrable que la ventanilla, a la postre, deniega en la práctica.
Imagen | Əli Abasov (vía Pexels)
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