Sergio Delgado
¿Es real el desempleo oficial contabilizado en España? La realidad es algo diferente a los discursos triunfalistas del Gobierno. Y es que, una parte relevante del mercado laboral se está quedando fuera del foco estadístico.
Se trata de personas inscritas en los servicios públicos de empleo que no computan como paradas, pese a no tener un trabajo efectivo en el momento de la medición.
Esta brecha entre la percepción social y los datos oficiales no es nueva, pero sí ha alcanzado niveles nunca antes vistos.
Casi dos millones de demandantes fuera del paro registrado
A finales de 2025, el número de demandantes de empleo excluidos del paro registrado ascendía a 1,89 millones de personas. Esta cifra representa el 44 % del total de inscritos en las oficinas públicas de empleo y solo encuentra precedente en 2020, cuando la pandemia y los ERTE dispararon los registros hasta los 2,87 millones. La diferencia es que ahora no existe una situación excepcional comparable.
El dato resulta especialmente significativo porque se produce en un ejercicio en el que el paro registrado descendió en más de 152.000 personas. Sin embargo, al mismo tiempo, los demandantes no considerados parados aumentaron en más de 64.000, elevando su peso relativo hasta máximos históricos. El resultado es una fotografía laboral más compleja de lo que sugieren los titulares.
Una metodología anclada en los 80
Aunque el contexto económico y laboral ha cambiado profundamente en las últimas décadas, los criterios que determinan qué personas figuran dentro del paro registrado apenas han variado.
La modernización de los sistemas informáticos ha permitido un seguimiento más preciso de los demandantes de empleo por parte de las comunidades autónomas, pero la base metodológica que separa a los parados de otros inscritos continúa siendo la misma que se fijó a comienzos de los años ochenta.
Desde el Ministerio de Trabajo se sostiene que el incremento de personas excluidas del paro responde a una mayor dinámica del mercado laboral. La tesis oficial apunta a que un número creciente de trabajadores con empleo acude a los servicios públicos en busca de mejores oportunidades.
Este argumento tiene precedentes, ya que en 2006, cuando se alcanzó el mínimo histórico de paro registrado, el porcentaje de demandantes excluidos se situaba en torno al 31%. Sin embargo, las cifras actuales desbordan ampliamente cualquier referencia anterior conocida.
La polémica cifra de los fijos discontinuos
Uno de los factores clave del cambio estructural es la reforma laboral aprobada a finales de 2021.
Esta normativa impulsó el uso del contrato fijo discontinuo, una figura indefinida que alterna periodos de actividad e inactividad. Durante esos periodos sin trabajo efectivo, los empleados pueden inscribirse como demandantes y acceder a prestaciones, pero no computan como parados registrados.
En 2024, la media mensual de fijos discontinuos inactivos excluidos del paro superó las 687.000 personas, casi el triple que en 2019.
Todo apunta a que en 2025 la cifra siguió creciendo. Este colectivo se ha convertido en el principal componente del grupo de demandantes con relación laboral, desplazando a otros como los afectados por ERTE o los beneficiarios de antiguos subsidios agrarios.
Otros colectivos invisibles en las estadísticas
Además de los fijos discontinuos, existen otros grupos que tampoco figuran como parados. Entre ellos se encuentran personas con la demanda suspendida por realizar cursos de formación o por no buscar empleo en condiciones estándar. A cierre de 2025, este colectivo superaba las 366.000 personas, el porcentaje más alto de toda la serie histórica.
También se observa un cambio en el ámbito agrario, donde muchos empleos antes cubiertos por contratos eventuales han pasado a formalizarse como fijos discontinuos.
Este trasvase reduce el número de parados oficiales, pero no necesariamente implica una mejora proporcional en la estabilidad laboral ni en el acceso real al empleo continuo.
Paro registrado frente a EPA
El Ejecutivo suele apoyarse en la coincidencia entre el paro registrado del SEPE y los datos de la Encuesta de Población Activa para descartar distorsiones.
Sin embargo, ambas estadísticas responden a metodologías distintas. La EPA incluye como parados a colectivos que el SEPE excluye, como algunos fijos discontinuos inactivos o trabajadores agrarios eventuales que buscan activamente empleo.
A esta diferencia se suma la presencia de personas prejubiladas que figuran como demandantes para mantener prestaciones, un fenómeno que la EPA detecta y el paro registrado no siempre refleja. La comparación directa entre ambas fuentes, por tanto, resulta limitada.
Desde 2021, el peso de los demandantes no parados no ha dejado de crecer. A pesar de los compromisos públicos para mejorar la transparencia, los datos detallados sobre fijos discontinuos inactivos solo se conocen con un año de retraso y de forma agregada.
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