El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado recientemente que elevar el gasto en defensa en tres puntos del PIB —como recomiendan tanto la OTAN como la Unión Europea— obligaría a aplicar recortes en otras partidas o bien a subir impuestos.
Según su propia valoración, no es viable asumir esa carga sin generar desequilibrios presupuestarios que afectarían, asegura, a las partidas sociales. Sin embargo, llama la atención que esa misma preocupación no se aplique al fuerte incremento que ha experimentado el gasto en pensiones desde 2010.
En tan solo 13 años, la factura pública de las pensiones ha pasado del 10,1% al 13,1% del PIB, lo que representa un aumento incluso superior al que exigen los aliados internacionales en defensa.
A pesar de ello, Sánchez ha reiterado que este crecimiento en pensiones es perfectamente sostenible, manteniendo un discurso que muchos expertos califican de contradictorio y difícil de sostener a largo plazo. Los más críticos van más allá: aseguran que es otra mentira del presidente.
El esfuerzo que pide la OTAN y la paradoja española
Desde Bruselas y Washington, el mensaje ha sido constante: los Estados miembros deben comprometerse a invertir el 5% del PIB en defensa, una meta que España aún no ha alcanzado (y es difícil que lo haga incluso a largo plazo)
De hecho, los compromisos actuales se sitúan en torno al 2,1% del PIB. La OTAN y la UE insisten en que, para hacer frente a los desafíos geopolíticos actuales, lo razonable sería acercarse al 3,5% como mínimo.
Sin embargo, el presidente ha rechazado esa posibilidad, advirtiendo que aumentar el gasto en defensa al nivel que recomiendan los socios internacionales tendría un elevado coste en términos sociales.
Lo que sorprende es que esa lógica no se haya aplicado al gasto en pensiones, que sí ha superado con creces los tres puntos adicionales de PIB, sin que se haya planteado públicamente la necesidad de compensarlo con recortes o mayores ingresos impositivos.
El crecimiento imparable del gasto en pensiones
Desde 2010, el gasto total en pensiones ha aumentado más de 3 puntos del PIB, alcanzando el 13,1% en 2025. Lo más notable es que este incremento no ha venido acompañado de un crecimiento equivalente en los ingresos por cotizaciones, que se han estancado alrededor del 9%. Esto ha llevado a una mayor dependencia de transferencias estatales, que han pasado de representar un papel secundario a financiar casi uno de cada cinco euros del sistema.
En lugar de contener el gasto, las últimas reformas han optado por asegurar el poder adquisitivo de los jubilados, revalorizando las pensiones conforme al IPC y manteniendo una tasa de reemplazo muy por encima de la media europea. Actualmente, las pensiones en España cubren en promedio el 77% del último salario, lo que coloca al país como uno de los más generosos en este aspecto dentro de la UE.
Una estrategia que puede pasar factura a la economía
El sistema actual plantea serias dudas sobre su sostenibilidad a medio plazo. El mayor esfuerzo fiscal no recae sobre los jubilados, sino sobre la población activa, que ya ve incrementadas sus cotizaciones sin una mejora proporcional en sus futuras prestaciones.
Todo esto se complica con la jubilación progresiva de la generación del baby boom, que aportará cerca de medio millón de nuevos pensionistas cada año en las próximas dos décadas.
Y es que, destinar una parte tan elevada del PIB a las pensiones puede tener un coste de oportunidad muy elevado. En otras palabras, los recursos públicos que se concentran en esta partida no se destinan a otras necesidades clave como innovación, educación, vivienda o incluso defensa.
Este tipo de decisiones condicionan el crecimiento económico futuro y, por tanto, la capacidad del país para sostener su sistema de bienestar.
La sostenibilidad frente a los límites presupuestarios
La narrativa oficial defiende que las pensiones son sostenibles gracias al aumento progresivo de las cotizaciones y a una gestión fiscal responsable. No obstante, el saldo básico del componente contributivo arroja un déficit del 3,8% del PIB, frente al 0,4% registrado en 2010.
Esta cifra pone en entredicho que el sistema pueda mantenerse sin ajustes estructurales en el futuro próximo.
Mientras tanto, el fondo de reserva, popularmente conocido como la “hucha de las pensiones”, que llegó a acumular casi 70.000 millones de euros, se vio prácticamente vaciado durante la última década y apenas empieza a recuperarse.
Esta circunstancia obliga a una reflexión seria sobre el modelo actual y sobre los mensajes contradictorios que se lanzan desde el Ejecutivo.
¿Por qué un gasto sí y otro no?
La cuestión central no es si debe aumentarse el gasto en defensa o contenerse el de pensiones, sino por qué desde el Gobierno se considera que un aumento en defensa pondría en peligro la estabilidad fiscal mientras se sigue ampliando la factura de las pensiones sin el mismo tipo de advertencias.
Las últimas reformas del sistema de pensiones han optado por no tocar la cuantía de las prestaciones ni el modelo de revalorización, lo que genera tensiones cada vez mayores en las cuentas públicas. Una presión difícilmente soportable en las condiciones actuales y futuras del país.
En una situación de guerra y con España habiendo aportado menos, ¿sería nuestro país menos protegido por EEUU? De momento, el alza de las pensiones no frena los misiles balísticos…