Sergio Delgado
Sí, España está mostrando indicadores macroeconómicos positivos, con mejoras en empleo y renta media. Sin embargo, una parte de la ciudadanía percibe que ese avance no se traduce en un mayor bienestar.
Parte de esta explicación reside en la inflación acumulada. Pero también en fenómenos estructurales que afectan de manera desigual a la población. Entre ellos destacan el distinto comportamiento de los ingresos según la edad y el peso cada vez mayor de los gastos relacionados con la vivienda.
El análisis de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida permite observar que, entre 2018 y 2023, la renta de los menores de 64 años creció con progresividad, aunque a un ritmo inferior al de los mayores de esa edad.
A la vez, el encarecimiento del acceso a la vivienda y de los pagos asociados ha supuesto una carga que ha limitado la mejora de la renta disponible.
Diferencias generacionales en el crecimiento de la renta
Entre 2018 y 2023, las personas menores de 64 años experimentaron un crecimiento de ingresos más pronunciado en los tramos bajos de la distribución, en torno al 35%, mientras que los percentiles más altos apenas superaron el 20%.
Sin embargo, el grupo de mayores de 64 años registró incrementos generales de entre el 30% y el 35%, superando a la población activa en casi toda la escala de ingresos.
Es importante recordar que parte de la mejora en los tramos más bajos de la población en edad de trabajar se explica por las prestaciones asistenciales, especialmente el Ingreso Mínimo Vital, que ha elevado las rentas en hogares vulnerables.
Aun así, la inflación acumulada del 18% durante el periodo significa que una parte relevante de los menores de 64 años se ha quedado con un crecimiento real muy reducido o incluso nulo.
La vivienda como factor de presión
La subida del precio de la vivienda desde 2018 ha acaparado hasta un 30% del aumento de ingresos de los menores de 64 años. Solo un tercio de este grupo vive en propiedad sin hipoteca, mientras que otro tercio afronta el pago de hipoteca y el resto reside en alquiler o en cesión.
En cambio, entre los mayores de 65 años predomina la vivienda en propiedad ya pagada, lo que reduce de manera significativa su exposición a las subidas.
Esta diferencia se traduce en que los trabajadores jóvenes y de mediana edad han visto cómo su capacidad de mejora real quedaba constreñida. Los pagos por vivienda y suministros han aumentado en paralelo al alza de precios, y los hogares con hipoteca sufren también el impacto del encarecimiento de los tipos de interés tras la pandemia.
Cambios en los regímenes de tenencia
El periodo 2018-2023 muestra una recomposición clara del régimen de vivienda. En los deciles bajos, un 4% de la población ha pasado de vivir sin cargas (en propiedad libre de hipoteca o en cesión) a residir en alquiler o con hipoteca. En los deciles altos, el cambio alcanza el 2%.
Esto refleja que las familias con menos recursos son las más afectadas, debido a que el alquiler ha crecido con fuerza y concentra a los hogares de ingresos más limitados.
El papel de la inflación y los tipos de interés
Aunque el índice de precios al consumo refleja el encarecimiento general, existen partidas que golpean de forma desproporcionada a determinados colectivos. Los pagos de préstamos hipotecarios, influenciados por la subida de los tipos de interés, no quedan totalmente recogidos en el IPC. Para los menores de 64 años que aún afrontan cuotas, esto ha supuesto un impacto directo en su liquidez mensual.
Además, el encarecimiento de los suministros energéticos durante la crisis de 2022 agravó la situación. Estos elementos explican por qué, pese a la mejora del PIB y del empleo, la percepción de bienestar de muchos hogares se ha mantenido estancada.
¿Hay alguna opción para un cambio?
Lo que sí está claro es que hay una evidencia una fractura generacional. Mientras que los mayores disfrutan de estabilidad en vivienda ya pagada y con pensiones revalorizadas, la población activa debe destinar una proporción creciente de su renta a un gasto ineludible.
Esto limita el ahorro, retrasa proyectos vitales como la emancipación o la formación de familias y reduce la capacidad de consumo. A nivel macroeconómico, frena el dinamismo del mercado interno y amplifica la desigualdad intergeneracional.
Los economistas coinciden: para lograr un crecimiento inclusivo no basta con generar empleo o aumentar la renta media. Es necesario abordar la cuestión de la vivienda como un elemento central de la política económica.
Los datos muestran que, sin medidas específicas, el progreso económico seguirá beneficiando de manera desigual a la población.
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