Sergio Delgado
Los datos hablan por sí solos. En las últimas décadas, la composición del gasto público en España ha cambiado de forma significativa. La proporción dedicada a pensiones y prestaciones por vejez y supervivencia no ha dejado de crecer, mientras que otras áreas clave para el desarrollo económico y social han ido perdiendo peso relativo en los presupuestos.
Esta tendencia hace evidente cómo España cada vez gasta más en los pensionistas y menos en todo lo demás. Algo que condiciona las oportunidades de progreso para el conjunto de la población activa.
Las consecuencias de este reparto desigual ya se perciben: los trabajadores soportan un aumento de las cotizaciones sociales, los precios siguen tensionando las economías familiares y servicios esenciales como el transporte, la educación o la vivienda no logran adaptarse a la demanda real.
En lugar de impulsar nuevas inversiones para mejorar la productividad y la igualdad de oportunidades, el gasto público se concentra en mantener las prestaciones actuales.
Fuente: https://x.com/JorgeGalindo
La prioridad en las pensiones frente a otros servicios
Entre 1995 y 2023, la partida de pensiones y prestaciones ha pasado del 19,5% del gasto público al 27,4%, lo que supone un aumento de 8,2 puntos porcentuales.
Mientras tanto, áreas esenciales para la economía como infraestructuras y transporte han caído del 11,1% al 8%, una pérdida de 3,1 puntos.
También la educación (excepto la universitaria) se ha mantenido estancada en torno al 7,8%, sin reflejar avances significativos pese a su importancia estratégica.
También la inversión en educación terciaria e I+D sigue siendo reducida, con apenas un 3,2 % del gasto total en 2023. Por su parte, la partida de salud, dependencia y enfermedad ha aumentado hasta el 17,3%, reflejando las necesidades derivadas del envejecimiento demográfico, pero dejando de lado otras inversiones necesarias para desbloquear la oferta productiva del país.
Las consecuencias en los costes laborales y los salarios
Más datos. También los costes laborales asociados a las cotizaciones sociales han crecido más rápido que los salarios brutos en términos reales. Entre 2018 y 2025, los salarios apenas han subido un 0,3%, mientras que otros costes laborales —vinculados a la financiación del sistema de pensiones— han aumentado un 3,8%.
Este desfase refleja una política centrada en sostener las pensiones sin que la productividad ni la oferta crezcan al mismo ritmo. Así, los ingresos adicionales no se traducen en una mejora efectiva del bienestar de las familias, ya que los precios de bienes esenciales y servicios básicos siguen sin moderarse.
La falta de inversión en infraestructura o vivienda agrava este problema, ya que limita la capacidad de las familias para acceder a mejores condiciones.
La necesidad de una estrategia de crecimiento
Que España cada vez gasta más en los pensionistas y menos en todo lo demás pone en evidencia la necesidad de redefinir las prioridades públicas.
Más inversión en vivienda asequible, energía, redes de transporte eficientes y educación temprana puede devolver a la economía la capacidad de crecer de forma sostenible. Al mismo tiempo, estas inversiones contribuyen a repartir las oportunidades entre generaciones, garantizando un sistema más equilibrado y justo.
La pregunta clave que debería guiar las decisiones es si cada medida contribuye a aumentar la oferta y la productividad o solo redistribuye recursos entre quienes ya compiten por bienes escasos.
Mejorar las redes ferroviarias de cercanías, ampliar la capacidad educativa básica y fomentar la investigación son ejemplos de políticas que pueden desbloquear cuellos de botella económicos y sociales.
Sin ellas, el país corre el riesgo de mantener un nivel de gasto elevado que no genera crecimiento suficiente para sostenerlo en el tiempo.
Equilibrar las cuentas pensando en el futuro
La tendencia a que España cada vez gasta más en los pensionistas, no solo plantea un problema presupuestario, sino también de sostenibilidad económica y social. Si la mayor parte del gasto sigue centrada en pensiones y atención sanitaria para los mayores, se reduce la capacidad de preparar a las nuevas generaciones para sostener ese modelo.
Esto genera una carga creciente para los trabajadores actuales y una pérdida de oportunidades de progreso colectivo.
Reorientar el gasto público no significa abandonar la protección de los mayores, sino complementar esa protección con inversiones en productividad, igualdad de oportunidades y bienestar general.
Solo así se puede garantizar que el esfuerzo público no se limite a repartir escasez, sino que ayude a crear riqueza para todos.
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