El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, ha necesitado más de diez años, pelearse con la mitad de su partido e incluso disolver la cámara y convocar elecciones anticipadas, para poder finalmente privatizar el servicio postal nipón. ¿Por qué tanto esfuerzo? Simple y sencillamente porque la empresa en cuestión hacía mucho que había dejado de ser una mera proveedora de servicio postal, para pasar a ser el mayor banco del mundo.
Los números asustan: 260.000 empleados, 25.000 oficinas, cerca de 2,5 billones (españoles) de euros en activos y el honor de ser el mayor comprador de bonos del Estado y el mayor propietario de deuda pública. Todo el que ha pasado por Japón conoce la situación, ya que la mayoría de depósitos privados están en sus manos y su oferta financiera cubre desde hipotecas hasta las más variopintas operaciones con empresas. Las instituciones financieras “tradicionales” venían exigiendo una revisión de la situación, al verse en total desventaja ante un gigante ineficiente que distorsionaba las reglas normales de juego, con controles de riesgo poco exigentes y que no dudaba en tirar los precios para cerrar ciertas operaciones. Mientras los políticos no querían ceder su cuota de poder y la posibilidad de influenciar en una entidad de tal peso en la economía japonesa.
El paquete de leyes aprobado por el senado el pasado viernes prevé la privatización a partir de octubre de 2007, con la división de la empresa estatal en cuatro sociedades distintas, cuyas acciones serán vendidas completamente a los empresarios privados para 2017. Un paso más hacia una sector público más reducido y donde las empresas privadas deberán tomar el relevo en el relanzamiento del país asiático.
Vía | The Standard Hong Kong (en inglés)