Sergio Delgado
La brecha educativa en la península ibérica es cada vez más pronunciada. Los últimos análisis basados en los datos de PISA 2022 sitúan a España como el país de la OCDE con mayor distancia socioeconómica entre el alumnado de la red pública y el de la concertada.
En contraste, Portugal presenta un patrón inverso, con una distribución más equilibrada y, en determinados indicadores, con mayor presencia de alumnado vulnerable en centros concertados financiados por el Estado.
El estudio elaborado por Save the Children a partir del índice ISEC de la OCDE permite cuantificar esa fractura. El ISEC mide el estatus económico, social y cultural del alumnado a través del nivel formativo y ocupacional de los progenitores y de los recursos materiales del hogar.
La media de la OCDE se fija en cero, de modo que valores positivos indican mayor ventaja socioeconómica y valores negativos reflejan mayor vulnerabilidad.
España y la brecha más amplia de la OCDE
Los datos de 2022 muestran que la diferencia entre el perfil socioeconómico del alumnado de la concertada y el de la pública en España alcanza 0,48 puntos en el índice ISEC, siempre a favor de los centros concertados.
Se trata de la mayor distancia registrada entre los países desarrollados con presencia significativa de este modelo mixto. En términos comparativos, ninguna otra nación con más del 5% de su alumnado en escuelas concertadas presenta una separación tan marcada.
La interpretación de esta cifra revela que los estudiantes con mayor capital cultural y económico tienden a concentrarse en la red concertada, mientras que la pública asume proporcionalmente un porcentaje superior de alumnado con menor renta y menor nivel formativo familiar.
Esta segregación no es neutra, ya que influye en el rendimiento académico medio y en la cohesión social.
Uno de los factores que explican esta dinámica es el sistema de financiación. Aunque la normativa establece que los centros sostenidos con fondos públicos no pueden imponer cuotas obligatorias por la enseñanza reglada, diferentes estudios indican que entre el 81% y el 95% de las familias que escolarizan a sus hijos en la concertada abonan pagos anuales que oscilan entre 680 y 860 euros, dependiendo de la etapa educativa.
Estas aportaciones representan cerca del 20% de los ingresos de muchos centros y actúan como filtro socioeconómico indirecto.
El modelo portugués y la inversión en red pública
El caso portugués ofrece un contraste significativo. Según el mismo análisis, la diferencia en el índice ISEC entre pública y concertada es de 0,29 puntos, pero en este caso a favor de la educación pública.
Esto significa que el alumnado de mayor estatus socioeconómico se concentra en mayor medida en la red pública, mientras que la concertada acoge a un perfil relativamente más modesto.
Este resultado no se debe a la imposición de tasas, sino a la lógica territorial del sistema. Portugal ha apostado por reforzar su red pública y utiliza los denominados contratos de asociación para garantizar la escolarización gratuita en zonas donde no existe oferta pública suficiente.
Estos centros privados y cooperativos reciben financiación estatal y no pueden exigir pagos a las familias por la enseñanza obligatoria.
La consecuencia es que la distribución del alumnado responde más a criterios geográficos que a barreras económicas. En municipios pequeños o regiones menos favorecidas, los centros concertados cumplen una función de cobertura sin generar una segmentación marcada por renta.
Otros modelos europeos y latinoamericanos
El análisis comparado de la OCDE muestra que la mera existencia de una red concertada no implica necesariamente dualización social.
En Países Bajos y Reino Unido, donde más del 65% del alumnado asiste a centros financiados públicamente pero gestionados de forma autónoma, la diferencia socioeconómica entre redes es mínima o prácticamente inexistente.
En el caso neerlandés, la financiación pública a escuelas de distinta orientación ideológica está reconocida constitucionalmente, lo que ha integrado la concertada como pilar estructural del sistema.
En Reino Unido, las academias reciben fondos estatales y no pueden cobrar cuotas por la enseñanza básica, lo que reduce la posibilidad de segmentación económica.
Por el contrario, en países como Colombia, donde la concertada y la privada representan un porcentaje reducido del total, la distancia socioeconómica es amplia. Allí, la oferta privada suele concentrar a los estratos de mayor renta, mientras que la pública asume a la mayoría de estudiantes con menos recursos, configurando un sistema altamente estratificado.
Y claro, hay consecuencias
La segregación por nivel socioeconómico no solo afecta a la composición de las aulas, sino también al rendimiento medio y a las expectativas educativas.
Numerosos estudios de la OCDE subrayan que la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros puede amplificar las desigualdades de origen. La mezcla social, en cambio, tiende a asociarse con mejores resultados globales y mayor equidad.
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