La participación del Estado en las empresas no es nueva. El Instituto Nacional de Industria (INI) del gobierno español fue el propietario de las principales empresas de nuestro país durante décadas. También las grandes empresas de Italia, Francia o Reino Unido fueron propiedad estatal. Pero a partir de los ochenta se produjo una oleada de privatizaciones.
Sigue habiendo empresas públicas en numerosos países y su participación en el mercado internacional levanta suspicacias sobre su trasfondo político, como en el caso de la energética rusa Gazprom.
Pero en el capitalismo protagonizado por estados y no por empresas privadas, han cobrado protagonismo los fondos soberanos, instrumentos de inversión de países para sus inversiones foráneas.
La crisis subprime ha afectado a las principales entidades financieras. Ante la necesidad de liquidez han acudido al rescate los fondos soberanos, instrumentos de inversión de diversos países.
El gobierno chino ha invertido en Balckstone, Bear Steams, Morgan Stanley y Barclays. En el banco inglés también participa el gobierno de Singapur. Desde esa ciudad-estado y desde el fondo de Dubai salieron los recursos necesitados por el banco suizo UBS. Y es Dubai el fondo más activo ya que además participa en el Citibank, HSBC, en el banco indio ICICI y hasta en la bolsa Nasdaq.
El caso más conocido en España es el de KIO, un INI kuwaití que en vez de invertir en su país lo hace en el resto del mundo. El objetivo es canalizar los ingentes ingresos del petróleo hacia inversiones productivas que provean de ingresos al país.
Parece un funcionamiento razonable, una especie de fondo pensiones capitalizable. Pero a diferencia del caso del mastodonte fondo de pensiones de los funcionarios de California, estos fondos están gestionado por los gobiernos.
Es el caso del Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, también beneficiado por los ingresos del petróleo y que no sólo tiene en cuenta la maximización de beneficios. Dicho fondo desinvirtió de empresas de defensa, mineras o de la empresa Wal-Mart por razones éticas.
¿Pero que ocurriría si los fondos de inversión de países no democráticas decidieran gestionar sus inversiones por criterios políticos? ¿Si en vez de razones éticas fueran amenazas a la seguridad nacional? ¿Serían un peligro para las democracias occidentales?
Becker muestra sus dudas, Summers lo considera un peligro real y Rodrick lo minimiza. ¿Y tú?
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