Recientemente se ha celebrado la LXXIV Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, en la que el Gobierno ha acordado distribuir hacia las Comunidades Autónomas 2.020 millones de euros para políticas activas de empleo, una cifra que representa el 95% del importe total del 2018.
Además, en la próxima Conferencia Sectorial que se celebrará en el mes de abril se complementará esta cifra en 297 millones de euros hasta alcanzar un total de 2.317 millones. En abril ya se habrían distribuido el 100% de los fondos destinados a Políticas Activas de Empleo para 2019, lo que llama la atención la celeridad en la distribución de estos fondos cuando tienden a repartirse en el ejercicio.
Este año no hay Presupuestos Generales del Estado pero, pesar de esto, las CCAA se llevarán 191 millones de euros más que en 2018, aumentando un 9% la cantidad recibida.
Objetivo: Combatir el desempleo de jóvenes y parados de larga duración
El desempleo sigue siendo el mayor problema que se refleja para los españoles según las encuestas del CIS, siendo el desempleo de los jóvenes y los parados de larga duración los principales desafíos que se deben contemplar pues suponen los colectivos más vulnerables ya sea porque no pueden iniciar su vida laboral o bien porque se ven incapaces de reengancharse a los sucesivos cambios que se van dando en el mercado.
En 2018, el paro entre los jóvenes de 16 a 24 años se redujo en 55.300 personas, dejando la cifra final 502.900 parados, lo que se traduce en una tasa de desempleados de menos de 25 años del 33,54%. En otras palabras, uno de cada tres jóvenes se encuentran en el paro.
Por el lado de los parados de larga duración, hemos visto una reducción de 281.100 personas en 2018 hasta alcanzar una cifra de 1.331.200 personas. Este colectivo en especial, tienen un 23% menos de posibilidades de encontrar un puesto de trabajo que el resto de desempleados.
A pesar de la buena evolución en materia de creación de empleo a raíz de la expansión económica española, lo cierto es que España sigue con unas tasas de desempleo inaceptables para cualquier economía desarrollada, y que junto a Grecia, se dibuja un gran porcentaje de stock de la masa laboral pendiente de colocación en el mercado.
Se trata de un problema de oferta que para mejorar su integración en el mercado de trabajo se debe reforzar el capital humano de los colectivos con mayores dificultades. Y es en ese punto donde las políticas activas de empleo juegan su papel, cuyas acciones están diseñadas para atender al colectivo de parados de larga duración, que es el que tiende a "descapitalizarse".
¿Cómo se reparten la lluvia de millones?
Este gasto se destina a políticas de formación, empleo y modernización para las comunidades autónomas. De los casi 2.020 millones de euros, las comunidades que se llevan la mayor partida son: Andalucía (340 millones), Cataluña (335 millones), Madrid (265 millones) y Comunidad Valenciana (192 millones).
En la mayoría de las comunidades autónomas, los recursos que se destinan a la formación para el empleo representan un porcentaje superior a lo que supone la población activa en ese territorio. Nos encontramos con seis comunidades donde el porcentaje de recursos es inferior al porcentaje que supone su población activa: Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, donde las tasas de paro, sobre todo en Andalucía, son muy elevadas.
Esto se debe a que en esos puntos es donde existe una mayor tensión en los grupos comentados y por ello, es donde se destinan mayor gasto en políticas de activación para el empleo. Para hacernos una idea, Extremadura y Cataluña son las comunidades en las que existe una mayor diferencia entre gasto en formación y población activa.
Con los dineros obtenidos, las autonomías diseñan diferentes programas para combatir los grupos que más dificultad tienen en la incorporación y desarrollo en el mercado laboral: Programas formativos desempleados, Programas empleo y formación, Programas formativos ocupados, etc... (Gráfico de CCOO)
¿Sirven para algo las políticas activas de empleo que realiza la Administración?
El Banco Central Europeo (BCE) ha señalado el problema de las políticas activas de empleo en España: "la tasa de desempleo de España se mantiene muy por encima de los niveles anteriores a la crisis y es aproximadamente el doble de la tasa de la zona del euro. Esta situación requiere más reformas para abordar la dualidad del mercado laboral y políticas activas más efectivas del mercado laboral para reintegrar a los jóvenes y los desempleados de larga duración".
No le falta razón a la autoridad monetaria. En España han fracasado históricamente las políticas activas de empleo. A tenor de los resultados que se derivan de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), el número de colocaciones que alcanza este servicio es especialmente bajo, solo un 1,7% del total. Unos resultados muy limitados que inciden en una falta de eficiencia en su desarrollo.
Además, si hablamos de cómo se destinan los dineros para la formación, es inevitable hacer referencia al mayor caso de corrupción de la historia española que ha sido el fraude de los cursos de formación que vimos en Andalucía. El conocido como caso Edu, habría defraudado una cifra aproximada a los 3.000 millones de euros (cifra prevista por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal).
Este caso, como mínimo, nos lleva a cuestionar si la acción de Administración Pública es necesaria en este ámbito, debería ser modificada en su ejecución o directamente suprimida en favor de fondos privados controlados por los propios trabajadores.