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El sector del juego tendrá su bestia negra en el Ministerio de Consumo

El sector del juego tendrá su bestia negra en el Ministerio de Consumo
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El próximo gobierno que se forme y que previsiblemente tendrá a Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, al frente del Ministerio de Consumo tendrá en el punto de mira al sector del juego que hoy en día tiene un peso económico del 0,8% del PIB.

El sector del juego se ha caracterizado por sufrir una discriminación frente al resto sectores tanto desde el punto de vista de la regulación cómo por los factores impositivos que recaen. Por ello, llama la atención la especial inquina existente contra el sector.

En las siguientes líneas repasaremos cuáles son las diferentes medidas que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y cómo podrían afectar en última instancia su aplicación.

Las medidas que quiere impulsar el nuevo Gobierno

El acuerdo suscrito entre los miembros de la coalición PSOE y Unidas Podemos abarca la regulación del juego para según ellos prevenir y frenar la ludopatía. En este punto nos dicen que pretenden aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea de ámbito estatal y que sería similar a la que hoy encontramos en los productos del tabaco.

Por otro lado, también pretenden centrarse en medidas de información gestión y limitación de consumo de juegos de azar en el marco regulador de los juegos de azar y apuestas en línea con el objetivo final de reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y para prevenir coma anticipar o identificar la generación de patrones de juego que puedan ser problemáticos.

El horario de apertura también es otro punto que se pretende intervenir. El objetivo es que dentro del marco de la Conferencia Sectorial buscar un criterio homogéneo en conjunto con las comunidades autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan iniciar su apertura antes de las 22:00 horas y limitar, también, su proximidad a centros escolares.

Otra medida regulatoria sería promover la implicación de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones de información prevención sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de los juegos de azar.

En último lugar aseguran que reorientaran la tasa por la gestión administrativa del juego, lo que puede identificarse como eufemismo de más impuestos, que pagan los operadores en línea con el fin de destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego.

La hipocresía regulatoria

El mensaje que se lanza a los ciudadanos es que el juego es dañino, y puede llevar a los consumidores a efectos adversos con carácter adicción. Pero esa afirmación puede ser identificada en muchos sectores ya que todo exceso en un hábito de consumo puede identificarse como perjudicial.

De hecho, tenemos actividades dentro de nuestro ocio como los videojuegos que un consumo excesivo puede también promover comportamientos sedentarios y obsesivos, el aislamiento social y un fuerte impacto económico para los consumidores.

Pero, el Gobierno no tiene previsto un abuso regulatorio sobre este sector sino que, enmarcado dentro de la revolución digital, se pretende el desarrollo de aplicaciones en proyectos piloto (medida 4.1 acuerdo PSOE-Unidas Podemos).

Si el mensaje es que el juego es dañino para los ciudadanos, ¿Por qué el Estado participa a través de SELAE con la Lotería de Navidad, el sorteo del Niño, la Lotería Nacional semanal, la Primitiva o la Quiniela? El mismo ejemplo podemos identificar con la parapública ONCE a través de sus cupones y loterías instantáneas.

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Se trata de la típica hipocresía de un Gobierno que identifica una actividad como negativa, pero eso sí, no la prohíbe, participa directamente de ella, no solo a través de entidades públicas, sino de impuestos especiales aplicados a ese sector. Unos impuestos que una vez implantados, se van subiendo lentamente para fines puramente recaudatorios.

Al decir que "reorientaran la tasa por la gestión administrativa del juego", podemos identificar perfectamente que el objetivo final es promover una tasa mayor a la que enfrentan actualmente. Y, lógicamente, no recaerán sus beneficios en el propio sector ya que cita que un porcentaje sin aclarar cuál será se derivaría actividades de prevención... El otro porcentaje se desconoce su objetivo final.

El agravio comparativo que sufre el sector del juego

Se pretende poner el punto de mira en uno de los sectores que marginalmente más están aportando de acuerdo a su actividad económica. Pero parece que nada es suficiente para el agravio comparativo de la visión estatista.

Recordemos que en la actualidad los impuestos autonómicos sobre el juego ascendieron a 1.124,6 millones de euros durante 2018, lo que representa el 25% del margen de las empresas.

Esto no acaba aquí. El Estado se llevó 215,7 millones euros a partir de los impuestos que se introdujeron con la ley 13/2011 sobre los operadores online, las apuestas deportivas mutuas y la tasa por actividades regulatorias qué a sus efectos finales opera como un impuesto más.

A esta cifra hay que sumar otros 407,9 millones de euros vinculados a los premios de las loterías y el juego del bingo establecidos por las comunidades de Asturias, Murcia y el Ayuntamiento de Pamplona.

En total, tenemos que el conjunto de administraciones sustrajeron del sector 1.748,2 millones euros únicamente por llamarse sector del juego.

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A este importe debemos añadir los impuestos que pagaría un sector normal por su actividad. En este caso el juego aporta 139 millones en concepto de Impuesto de Sociedades, 80,3 millones por el IAE, las cotizaciones del SELAE representan 7 millones de euros y las del sector privado 351 millones, y, en último lugar 56 millones de euros por el IRPF.

Para hacernos una idea de lo que verdaderamente representa el pago de impuestos para el sector del juego presencial, de global de los ingresos brutos las empresas estarían pagando el 34,8% para hacer frente a las obligaciones fiscales.

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Además, si por algo se caracteriza el sector del juego es por presentar un fuerte impacto sobre la cuantía de empleos directos e indirectos en España. Obviamente, cuánto mayor sea la regulación que deba sufrir este sector, menor será su actividad económica potencial y menor impacto podrá repercutir en su estructura de empleos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha demostrado resultados pésimos en la evolución del mercado laboral, por ello no nos debe extrañar que no tengan reparos en poner en juego cerca de 85.000 empleos directos de este sector y hasta 174.000 empleos indirectos vinculados a la actividad económica.

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Y es que asediar constantemente a un sector tiene sus consecuencias finales. Si la factura fiscal que deben presentar estas empresas es cada vez es mayor y la regulación persigue no solo un aumento de costes sino una disminución de ingresos, el resultado final no puede ser otro que una disminución del atractivo que pueda tener este sector para canalizar inversiones, menguando un volumen de negocio que tendría un impacto final en los empleos vinculados al sector.

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