La última memoria de impacto normativo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que acompaña al borrador del real decreto para subir las pensiones en 2025, revela un dato sin paliativos: la reforma de las pensiones impulsada por José Luis Escrivá cuando era ministro supone ya un sobrecoste de casi 32.900 millones de euros al año para las arcas públicas.
Una cantidad enorme, comparable al pago anual de intereses de la deuda, y que multiplica la inversión estatal en ámbitos como la investigación o la defensa.
Sin embargo, detrás de esta realidad económica hay una cuestión social difícil de obviar: sin esta reforma, millones de pensionistas hoy serían más pobres.
O lo que es lo mismo: un dilema que refleja muy bien la situación a la que se enfrentan las políticas públicas.
Por un lado, mantener el poder adquisitivo de los mayores es clave para que no caigan en la pobreza. Por otro, ese esfuerzo presupuestario consume recursos que podrían destinarse a otras necesidades sociales o productivas.
Un aumento sostenido y acumulativo
Desde la entrada en vigor de la reforma en 2022, las pensiones contributivas se actualizan conforme al IPC y las mínimas se vinculan al umbral de la pobreza. Esto ha significado aumentos anuales del 2,5% en 2022, del 8,5% en 2023, del 3,8% en 2024 y del 2,75% previsto para 2025.
La factura de estas subidas, sumadas año tras año, alcanza ya los mencionados 32.900 millones, una cifra que prácticamente se ha quintuplicado en comparación con 2021, antes de la reforma.
A modo de ejemplo, en 2021 la actualización de pensiones costó 1.464 millones, mientras que en 2023, año de inflación desbocada, el gasto para las revalorizaciones llegó a 14.174 millones.
El pago total de las pensiones en España asciende actualmente a 170.000 millones de euros al año, absorbiendo gran parte del aumento del gasto público de los últimos ejercicios.
Las pensiones contributivas concentran la mayor parte del incremento, con 5.950 millones de los 7.166 previstos para la actualización de 2025. Las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital suponen el resto del desembolso.
Tres factores detrás del aumento
El crecimiento de esta partida presupuestaria no se explica solo por la reforma normativa. También influyen otros dos factores: el aumento sostenido del número de pensionistas y el progresivo incremento de la pensión media que perciben los nuevos jubilados.
Aunque la diferencia entre las pensiones de quienes se incorporan al sistema y quienes salen de él por fallecimiento se ha reducido, los nuevos perceptores suelen cobrar algo más, lo que contribuye a elevar el gasto.
La reforma, además de indexar las pensiones al IPC, ha vinculado las mínimas al umbral de la pobreza y ha ampliado el complemento por brecha de género, que para 2025 experimentará un aumento adicional del 5%.
Todo ello supone un esfuerzo económico mayor, pero también busca una mayor equidad en el sistema y evitar que las pensiones más bajas queden por debajo de los mínimos dignos.
Un esfuerzo que desplaza otras políticas
La reforma de las pensiones tiene un claro efecto en las cuentas del Estado: resta margen para otras políticas públicas. Según los datos del COFOG, entre 2008 y 2022 solo las pensiones de jubilación han absorbido casi el 38% del aumento del gasto público total.
En términos de PIB, han pasado de representar un 6,3% en 2008 a un 10,2% en 2022, mientras que partidas como la vivienda han reducido su peso a menos de la mitad en el mismo periodo. También superan holgadamente a la inversión en ciencia, innovación y defensa.
Se trata, por tanto, de una auténtica dicotomía. El gasto en pensiones asegura que millones de mayores con rentas bajas o medias no caigan en la pobreza y puedan mantener un nivel de vida digno. Pero la magnitud del esfuerzo impide destinar esos mismos recursos a mejorar otros ámbitos esenciales para el desarrollo económico o la cohesión social.
La sostenibilidad futura de este esquema, por tanto, dependerá en buena medida de la evolución demográfica y de la capacidad del mercado laboral para generar ingresos suficientes.
Nuevas pensiones mínimas y umbral de la pobreza
La reforma también ha tenido un impacto relevante sobre las pensiones mínimas, que ahora están ligadas a la evolución del umbral de la pobreza. Según las previsiones para 2025, la pensión mínima de jubilación para quienes tienen cónyuge a cargo se situará en 1.127,20 euros mensuales, y en 874,10 euros para quienes no lo tienen.
Las pensiones de viudedad para titulares con cargas familiares también alcanzarán los 1.127,20 euros. Por su parte, el umbral de la pobreza estimado para 2025 se eleva hasta los 11.944,88 euros anuales, un 8,7% más que en 2023. Esto garantiza que las pensiones mínimas sigan por encima de esa línea de pobreza relativa.
La pregunta ahora es cómo asegurar que el sistema siga siendo sostenible y equitativo a largo plazo, equilibrando las necesidades de los pensionistas actuales con las posibilidades financieras del Estado y las generaciones futuras. Todo un desafío del que difícilmente alguien tiene una fórmula mágica, al menos a día de hoy.
