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La administración y la banca reducen su peso en Bolsa, así ha cambiado España en los últimos 25 años

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La administración y la banca reducen su peso en Bolsa, así ha cambiado España en los últimos 25 años

Desde el año 1992, se han producido cambios sustanciales en los diferentes grupos que son propietarios de las acciones de las empresas cotizadas en la Bolsa Española. En estos últimos 25 años, los principales grupos que han perdido peso han sido las administraciones públicas y el sector financiero.

Los datos extraídos forman parte del informe "El sector financiero reduce su participación en la Bolsa española al mínimo histórico" perteneciente a Bolsas y Mercados Españoles (BME). En el que se aprecian los intensos cambios estructurales que ha vivido el entorno bursátil.

Los grupos examinados en cuestión son: bancos, cajas y inversión colectiva, seguros y demás que forman el sector financiero español, las administraciones públicas, empresas no financieras, familias y no residentes o inversores extranjeros.

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Los ayuntamientos empiezan a pagar facturas

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Los ayuntamientos empiezan a pagar facturas


La crisis ha dejado a miles de empresas al borde de la quiebra porque las administraciones no les pagaban lo que les debían. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar ayer, fecha marcada en rojo en el calendario de muchas pymes por ser el día en que comenzarían a cobrar el plan de pago a proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas.

En total, los proveedores han reclamado más de 9.300 millones de euros a los ayuntamientos, que junto con los 17.000 millones que pidieron a las comunidades, suman alrededor de 27.000 millones de euros. Un agujero colosal que por fin será cubierto y que ha tenido contra las cuerdas a miles de pequeños y no tan pequeños empresarios españoles justo en el momento en que la situación económica era más grave.

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Aprobado el crédito de 35.000 millones para pagar a las pymes

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Aprobado el crédito de 35.000 millones para pagar a las pymes


El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un crédito de 35.000 millones de euros, 5.000 millones por encima de lo que apuntaban los rumores, para el pago de facturas impagadas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas a sus proveedores. Consistirá en un préstamo sindicado a 10 años, con un interés cercano al 5% y un periodo de carencia de dos años.

En concreto, se destinarán 20.000 millones para los Ayuntamientos y el resto para las comunidades. Según De Guindos participarán el ICO y prácticamente todos los bancos españoles, que en un principio pretendían tipos más altos y plazos más reducidos. El crédito estará avalado por el Estado y para calcular el tipo de interés se tendrá en cuenta el tipo de emisión de la deuda pública a 5 años más un margen de 115 puntos básicos.

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30.000 millones para pagar facturas impagadas de la administración a las pymes

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30.000 millones para pagar facturas impagadas de la administración a las pymes


Cristóbal Montoro ha anunciado la redacción de un nuevo plan financiero para que las administraciones públicas puedan pagar unos 30.000 millones que le deben a pymes y autónomos. Este plan financiero necesita obligatoriamente el apoyo de las entidades financieras, dado que son ellas las que van a adelantar el dinero debido a las empresas.

La operación macrofinanciera que adelanta Expansión no detalla los flecos sueltos pero intuyo que las entidades financieras recibirán una comisión por cada pago que realicen a las pymes y a la vez contarán con un aval del Estado para estructurar esta deuda adquirida y colocarla por ejemplo en titulización de activos. Ojo, esto es un mecanismo que se me ocurre que podría ser viable y daría un respiro también a las administraciones públicas. Por su parte, las empresas que se acojan a esta fórmula de pago, deberán tener la deuda reconocida, vencida y renunciar parcial o totalmente a los intereses de demora generados.

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La Estabilidad Presupuestaria obligará a la cancelación de deuda viva ¿seguro?

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La Estabilidad Presupuestaria obligará a la cancelación de deuda viva ¿seguro?


El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, ley que marca la austeridad como principal objetivo presupuestario, cuentas en superávit y que pretende introducir una serie de límites al déficit público salvo casos excepcionales.

Esta ley desarrolla la reforma constitucional que introduce el límite del déficit público y tiene una serie de objetivos que no termino de encajar dentro de los presupuestos de las Administraciones Públicas. De todo el dossier que ha pasado el Ministerio de Economía, me quedo con la obligación de reducción de deuda viva en los casos de que el ejercicio finalice con un crecimiento del PIB del 2% o creación neta de empleo ¿Soy el único que cree que se han mezclado churras y merinas en esta condición?

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Montoro anuncia responsabilidades penales para los gestores públicos

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Montoro anuncia responsabilidades penales para los gestores públicos


Montoro ha anunciado en una entrevista a la Cadena Ser (audio) que el Gobierno va a cambiar la ley para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos.

Este cambio, contemplaría la entrada en el Código Penal de delitos que incurran en falsedad de la contabilidad pública apoyados en los casos en los que los cargos públicos encargados de la gestión de los presupuestos, exceden sistemáticamente sus límites e incurren en incumplimientos presupuestarios. El cambio a priori, tiene buena pinta y no deja de ser una equiparación en el código penal a determinados delitos societarios, pero el camino a seguir es complicado.

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