Redacción El Blog Salmón
EditorImagina que te pasas casi cuarenta años trabajando por cuenta propia, pagando religiosamente tus cuotas y, al llegar la edad de jubilarte, te encuentras con una pensión mensual de 450 euros (o peor aún, de 300 euros). Pues sí, esa es la durísima realidad de miles de abogados, procuradores, ingenieros o médicos en nuestro país que, en lugar de estar en la Seguridad Social, cotizaron a mutualidades alternativas. Y, como explica la propuesta aprobada inicialmente por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio, esto está a punto de cambiar.
Según ha apuntado el diputado del PSOE Javier Alfonso Cendón, la nueva ley abre una pasarela para que un profesional que haya cotizado 38 años en su mutualidad (el tiempo exacto que exige el sistema para la pensión máxima) pueda dar el salto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. ¿El resultado numérico? Esos tristes 450 euros de media se transformarán en una prestación de 1.200 euros al mes.
¿Y qué ocurre con quienes llevan 15, 20 o 25 años y no alcanzan ese tope? Para ellos el cambio tampoco será automático. El mecanismo obliga a estos trabajadores a llevarse todo el capital acumulado en su mutua hacia el Estado para transformar ese dinero privado en años cotizados públicos mediante un cálculo proporcional. Queda por ver (porque el Gobierno dispondrá de un plazo de seis meses tras la aprobación definitiva para publicar la norma) si la transferencia se hará en el momento de marcharse o al jubilarse.
Pero, ¿hay trampa? Por supuesto. La norma no les garantiza cobrar la pensión mínima del sistema público. Es decir, como históricamente pagaron unas cuotas inferiores a lo que les habría tocado de ser autónomos, sus años simplemente no valen lo mismo a los ojos de la Administración.
De ahí que las asociaciones lleven meses en pie de guerra pidiendo el archiconocido sistema "1x1". O lo que es lo mismo, que un año cotizado en la mutua equivalga a un año en la Seguridad Social, como reclamaron más de 30.000 mutualistas en las calles de Madrid bajo el paraguas del Movimiento J2. Y la culpa de que se haya vetado esta opción tiene una cifra exacta. Según recoge un informe publicado por el diario elEconomista.es en mayo, permitir el acceso a 47.000 mutualistas costaría 5.204 millones de euros a las arcas públicas.
El hachazo del Senado: por si fuera poco, el texto ha sufrido un tijeretazo muy serio. En junio, el Congreso metió a última hora una modificación para que la pasarela amparase a quienes ya están jubilados. Sin embargo, tal y como detalló una crónica del diario elEconomista.es del 10 de julio, el Senado ha cerrado definitivamente esa puerta. Sólo podrán pasarse los activos.
Ahora la ley vuelve a la Cámara Baja para su votación final y el jaleo es importante. Para que nos hagamos una idea, si el texto se queda tal cual, un señor solitario que lleve cuatro décadas pleiteando y ya cobre sus 500 euros, se quedará estancado en la miseria.
Y aquí es donde la historia se pone estrambótica a más no poder. Para abogados y arquitectos, el "1x1" o el rescate de jubilados es inasumible por su altísimo coste. Pero resulta que el Estado tiene un doble rasero fascinante. Como denunciaba un reciente comunicado del Movimiento J2, el Gobierno acaba de aprobar una medida calcada para otro colectivo.
Según anunció la revista de la propia Seguridad Social el pasado mes de marzo, los deportistas profesionales sí podrán computar como cotizados sus años en activo previos a su entrada en el sistema para mejorar su pensión. Y el coste lo asume el Consejo Superior de Deportes. Es decir, si eres un jugador de balonmano sin los años necesarios, el sistema te los paga de forma retroactiva. Si eres un letrado, no.
Mismo país. Diferente vara de medir.
Imágenes | Youtube (Movimiento #J2 Media)
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