Saúl, padre de un niño de 7 años: "Un campus de lunes a viernes nos ha costado 112 euros. Otra opción es una guardería, que son 80 euros diarios"

Saúl Salinas entra a trabajar a las siete y media de la mañana en Santander y, según podemos leer a través de la Cadena COPE, ha tenido que pagar la friolera de 112 euros por un campus de cinco días para su hijo. Si recurre a una guardería de urgencia, la factura sube a 80 euros diarios. Su caso no es ni mucho menos una rareza local. En esa misma emisora, Ruth Lago deslizaba que debe destinar entre 150 y 200 euros semanales por cada uno de sus tres hijos en el sector privado. El motivo: las escasas horas de las ayudas públicas no le sirven para cubrir su turno matinal. "Trabajo básicamente para ellos", zanjaba la madre. Y es comprensible.

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Un embudo público . Detrás de esa asfixia individual asoma un fallo estructural. Un reciente informe de la EAE Business School sobre campamentos de verano recogido por Europa Press advierte de que la oferta de la Administración solo cubre el 30% de la demanda real de las familias. Esa escasez de plazas obliga a muchos padres a saltar al mercado privado, donde los precios han encadenado una espiral alcista del 5,2% en apenas dos años, situando el gasto medio por hijo entre 200 y 2.000 euros. Sobre el papel, el campamento es un espacio de ocio y convivencia. En la práctica, se ha convertido en una costosa guardería estival de pago forzoso.

¿El salvavidas de siempre? Los abuelos, por supuesto. El último estudio del CIS citado por la organización Aldeas Infantiles SOS en su análisis de 2025 calcula que casi la mitad de los mayores españoles, concretamente un 46,7%, asume el cuidado habitual de sus nietos mientras los padres trabajan. Pero cuando la red familiar no existe o ya está exhausta, no queda otra que echar mano de medidas más drásticas. El análisis de EAE apunta que cada verano se solicitan más de 22.000 excedencias laborales (la inmensa mayoría, el 90%, pedidas por mujeres) para poder cuidar de los menores. Dicho de otro modo: hay quien decide dejar de ingresar para no tener que pagar.

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El impuesto en la sombra . Con ese telón de fondo, los dos meses y medio de verano funcionan como una especie de peaje inasumible para buena parte de la clase media. El mismo estudio económico constata que el 34% de los hogares no puede permitirse abonar estas alternativas privadas, lo que cristaliza en una desigualdad evidente desde la primera semana de julio. Para el resto, la factura exige renuncias directas: siete de cada diez familias se ven obligadas a recortar su propio presupuesto vacacional para poder costear los campus de sus hijos. La gran pregunta que queda botando es incómoda... ¿Descansamos en verano o simplemente cambiamos de jornada laboral?

Imagen | Aleksandar Andreev (vía Pexels)