Redacción El Blog Salmón
Editor"Tenemos un problema de oferta que lo distorsiona todo". Con esta contundencia, el economista Gonzalo Bernardos ha irrumpido en el encendido debate sobre la vivienda, situando el foco en la escasez de metros cuadrados disponibles frente a un mercado cada vez más tensionado. En su intervención, también ha criticado las políticas del Ejecutivo y ha cuestionado que se pretenda favorecer a quienes desean permanecer de alquiler: "El Gobierno hace esto por unas personas que están viviendo de alquiler y quieren continuar así por el precio y el tiempo que quieran".
Para el profesor universitario, en declaraciones al matinal de Telecinco (vía Semana), el actual conflicto inmobiliario recuerda a la etapa del proceso independentista catalán, ya que "se jugaba absolutamente con los sentimientos, y cualquier raciocinio [...] era absolutamente secundario".
La raíz del problema, según su diagnóstico, radica en la aritmética más básica de la economía. "Clarísimamente tengo un problema de oferta", apunta el experto, apoyándose en la evolución histórica de la construcción para evidenciar la parálisis. "En 2025 se iniciaron unas 130.000 viviendas, en 1991 el primer dato histórico, con más de diez millones menos de habitantes, ya se iniciaron 205.000, y en 2006, 758.000", sentencia. En plena guerra de precios por un techo, el economista tampoco escatima críticas hacia las organizaciones que lideran las protestas sociales. En concreto, carga contra el Sindicato de Inquilinos, asegurando que el perfil de sus representantes dista mucho de la vulnerabilidad económica: "Ninguno es pobre, ninguno viene de familia humilde, todos son hijos de muy buena familia e incluso uno de ellos un apoderado de una empresa constructora".
El riesgo de que los pequeños propietarios abandonen el mercado del alquiler
Por su parte, el remedio de presionar a los arrendadores asume un riesgo sistémico gigantesco. El mercado del alquiler residencial en España sigue estando mayoritariamente en manos privadas. Según un informe del Ministerio de Derechos Sociales, el 39% de las viviendas alquiladas pertenece a particulares que tienen un único inmueble destinado al arrendamiento, mientras que el resto se reparte entre propietarios con varias viviendas, empresas y entidades públicas. "Estos pequeños propietarios van a decir: 'Estoy harto de tener problemas, los que puedo tener con mi inquilino y los que me genera el Gobierno'", añade Bernardos, quien advierte de que la reacción natural de muchos ahorradores será la fuga. "Por lo tanto, la vendo y paso a invertir en renta fija, depósitos o bolsa". Una posible deserción hacia los mercados financieros que, como ya ha advertido el economista en ocasiones anteriores, podría asestar un golpe a la oferta y, de paso, pasar una pesada factura electoral al PSOE.
Y es que las cifras de rentabilidad resultan mareantes para los bolsillos. Según los datos del informe publicado por el portal Fotocasa, el precio del alquiler en España se situó en septiembre de 2026 en torno a los 14,10 euros por metro cuadrado. La situación es especialmente complicada en zonas tensionadas como San Sebastián, Barcelona o Málaga, donde las rentas alcanzan niveles especialmente elevados. Afrontar los más de 1.100 euros mensuales que puede costar un piso tipo de 80 metros cuadrados supone un esfuerzo considerable para muchos hogares, un laberinto que choca además con los altos niveles de gasto que denuncian algunos analistas al valorar la capacidad de ahorro de las nuevas generaciones.
Los 201 millones del Gobierno para construir viviendas asequibles
Para tratar de mitigar esta asfixia, el Ejecutivo ha anunciado este otoño un nuevo balón de oxígeno presupuestario. Según ha comunicado Moncloa, el Gobierno destinará 201 millones de euros para levantar 2.500 viviendas de alquiler asequible. Así, el plan de actuación detallado recientemente por RTVE establece que el importe mensual del alquiler nunca podrá sobrepasar el 30% de los ingresos de la unidad familiar adjudicataria. Las concesiones podrán alcanzar los 75 años, mediante un sistema que mantiene la titularidad pública del suelo y las viviendas.
Sin embargo, frente a un déficit estructural gigantesco, la nueva promoción pública parece una gota en el océano. A la escasez de nuevos proyectos se suman las distintas medidas regulatorias que afectan al mercado del alquiler, entre ellas las limitaciones de rentas en las zonas declaradas tensionadas. Estas medidas, concebidas para proteger a los inquilinos, también han abierto un debate sobre sus posibles efectos en la oferta disponible. Entre los riesgos que señalan algunos propietarios y expertos está la retirada de viviendas del alquiler residencial de larga duración para destinarlas al arrendamiento de temporada o vacacional, aunque no puede atribuirse automáticamente ese comportamiento a una única norma. En tanto en cuanto construir siga siendo un campo de minas administrativo para el promotor, y alquilar se perciba como un riesgo jurídico para el particular, el estrangulamiento de los precios no cederá. El peligro es inminente.
Imagen | El Programa de Ana Rosa
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