Voy a contaros una historia real que ha caído en mis manos sobre el pésimo uso que dan las administraciones públicas a la tecnología y cómo genera costes y pérdidas económicas a todos los niveles. Muchas administraciones públicas tienen locales alquilados a particulares y lógicamente pagan una renta al propietario. Para no aburriros con los detalles fiscales de la operación, la administración retiene un porcentaje sobre la renta pagada que ingresa en Hacienda y que el propietario descontará de la cuota a pagar de su declaración del IRPF (si es persona física claro).
El problema arranca cuando al propietario en cuestión, le requiere la AEAT para decirle que las cantidades que se descuenta por las retenciones por alquileres no son procedentes, dado que el inquilino (en este caso la administración pública) no ha procedido a ingresar esas cantidades en las arcas públicas. El propietario se pone en contacto con la Consellería de la Xunta de Galicia a la que le tiene alquilado el local y le dicen que de eso nada, que ellos han ingresado hasta el último céntimo en Hacienda y que no es su problema, que el error lo tiene Hacienda en Madrid (sic). Mientras tanto, Hacienda bloquea la devolución del IRPF de este propietario por las diferencias mencionadas en retenciones y pone todo el tema en manos de un asesor.
