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Ayer aprobó el senado unas modifiicaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar el desahucio de inquilinos que no paguen sus rentas. Si no fuera porque esta cantinela la he oído muchas veces, estaría muy contento.

Las medidas, sobre la mesa, parecen positivas. Por un lado se acortan los plazos desde que el inquilino no paga hasta que se puede denunciar. Además se agiliza la notificación al afectado, y si este no aparece, los trámites seguirán su curso sin tantas demoras como en la actualidad. Esto es muy positivo. Ya no basta con “esconderse” para vivir gratis durante seis meses o hasta un año, el proceso de desahucio será mucho más rápido. Y además en la propia sentencia de desahucio será suficiente para la ejecución, sin necesidad de más trámites.

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Se esá extendiendo entre la población la práctica de alquilar habitaciones de su vivienda habitual para poder salir adelante como mecanismo de obtención de ingresos. En toda esta historia, no podemos perder de vista a Hacienda, dado que salvo que optemos por no declarar esos ingresos, punto que me temo es mucho más usual de lo que parece, podemos encontrarnos con una difícil tesitura en renta.

Partiendo de la premisa que hablamos de la vivienda habitual, dado que yo vivo en ella y alquilo sólo una parte, se fusionan dos hechos tributarios distintos:

• La vivienda sigue siendo habitual dado que el titular sigue residiendo en ella, indiscutible.

• Pero esa misma vivienda adquiere un carácter generador de ingresos por las rentas que se obtienen por los arrendamientos.

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Me desayuné esta mañana con una entrevista que el equipo de Idealista le ha realizado a Gonzalo Bernados, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. En esta entrevista, hablan largo y tendido sobre el mercado inmobiliario junto con los errores que ha cometido el ejecutivo y las medidas que debería tomar para paliar la crisis.

Las medidas son dignas de mención, aunque dudo mucho siquiera que las haya cuantificado a nivel macro. Para reactivar el sector inmobiliario, según las palabras del profesor, el estado debe realizar las siguientes acciones:

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Si la memoria no me falla, la primera vez que supe de los locales juveniles fue en Pamplona, allá por mediados de los 90. Fue entonces cuando descubrí que empezaba a ser harto frecuente el alquiler de las allí denominadas bajeras por grupos de jóvenes, de amigos, de cuadrillas. Su finalidad era tener un lugar donde estar cómodos, hablar, beber,jugar a la play o hacer lo que se terciase. De algún modo, venían ser los herederos de los txokos o círculos gastronómicos de sus mayores.

Comprobé posteriormente que el fenómeno se extendía por España, especialmente en zonas urbanas y de la mitad norte. En el cercano País Vasco se multiplicaban las lonjas juveniles, e incluso a nivel municipal se intentaban apaciguar los ánimos con los vecinos de los inmuebles por la vía de Ordenanzas que regulasen tal actividad, y es que, evidentemente, esta práctica desbordaba todas las previsiones urbanísticas de las mismas. Y es que estamos ante una realidad que ha venido para quedarse, impulsada por los propios interesados que no esperan a que venga Papá Estado a salvarles la vida.

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Sale publicada en el BOE de hoy la orden que aprueba el nuevo modelo 159 de declaración anual del consumo de energía eléctrica. Este modelo proviene de la aplicación de las medidas antifraude aprobadas el año pasado.

Mediante esnta nueva declaración, que entrará en vigor en el ejercicio 2010, las comercializadoras de electricidad están obligadas a presentar esta declaración anual en el mes de febrero incluyendo los siguientes datos por suministro contratado:

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Uno de los problemas clásicos del sector de la vivienda en España estriba en un insuficiente desarrollo del mercado del alquiler. Esto tiene distintas explicaciones, pero sin duda, la desprotección del arrendador, tanto desde el punto de vista de normativa, como de su aplicación judicial, figuran entre las causas más evidentes. En una suerte de justicia social a los ojos de algunos, al propietario le toca el papel de garante de los derechos que marca la Constitución. Y aquí paz y después gloria.

Lo más gracioso es que cada Gobierno que ha pasado por el problema desde la vuelta de la democracia ha pretendido solucionar este dislate. Generalmente, se buscaba solucionar este absurdo desequilibrio, pero siempre se quedaban a medio camino (desde el decreto Boyer a la SPAVIV, pasando por el establecimiento de supuestos procesos rápidos que se quedaban a medio camino). El caso es que, ante la inoperancia pública, el sector privado ha intentado buscar soluciones, que van desde los seguros, al arbitraje (mucho cuidado con esto) hasta llegar a un Fichero de Inquilinos Morosos.

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La Sociedad Pública del Alquiler arrancó en 2006, como proyecto estrella para revitalizar el mercado del alquiler, apareciendo como intermediaria entre propietarios e inquilinos. Parece ser que toca a su fín, dado que hace unos días se ha instado al Gobierno mediante una proposición no de ley a que se lleve a cabo su disolución

Las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora han sido la formalización de 9.924 contratos de arrendamiento. Cifra por debajo de las previsiones iniciales, en donde es esperaban unos 5.500 contratos a finales del 2006 y autofinanciarse a partir del 2007.

Esta sociedad, se creó con un capital social inicial de 20 millones de euros, y a cierre del 2008, las pérdidas acumuladas ascendían a 21 millones de euros. No he encontrado que se hayan realizado aportaciones adicionales a dicha sociedad, por lo que formalizar los primeros 9.000 contratos han tenido un coste de 2.330 euros por contrato.

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En el último informe de la OCDE, aparte de rebajar las perspectivas económicas para España, da un toque de atención sobre los precios de la vivienda. Y es que a pesar de que llevamos tiempo oyendo hablar de que los precios de la vivienda caen, todavía están muy caras.

En el informe se comparan los precios de la vivienda de España con los 16 países más desarrollados del mundo, y dicha comparación se realiza en términos de la media a largo plazo de dos ratios: precio de venta frente a precio de alquiler y precio de venta frente a salarios.

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La Renta Básica de Emancipación fue un plan del actual gobierno a través del Ministerio de Vivienda por el que los jóvenes entre 22 y 30 años recibían una ayuda de 210 euros al mes en caso de que tuvieran una casa en alquiler. Una medida que fue bien recibida ya que no sólo fomentaba el alquiler sino que además ayudaba a muchos jóvenes que deseaban independizarse una ayuda significativa para ello.

La idea inicial de éste plan es que una vez que lo empezara a recibir el joven, sólo podía cancelarse si: el joven superaba un nivel de ingresos determinado, si pasaba los 30 años de edad o si se superaban los 4 años de recibir ésta prestación. Un ejemplo de un joven de 25 años que la haya empezado a recibir en septiembre del 2008, como máximo la recibirá hasta septiembre del 2012.

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