Consumidores

Si hay alguna secuencia futbolística grabada en la memoria de los futboleros y no futboleros del pais, fue la polémica decisión de Mejuto González con su asistente Rafa Guerrero en un Zaragoza-Barcelona. Alguna vez habremos oido “Rafa, no me jodas…”. Pero bueno, estareis pensando que me he equivocado de blog y que andamos tocando temas futbolísticos, aunque esta decisión arbitral la traigo a vuestra memoria para hablar del arbitraje y del laudo arbitral dentro de nuestra serie de Conceptos de Economía.

Un laudo arbitral, fuera del mundo deportivo, claro está, es la resolución que fija un árbitro entre dos partes en conflicto. Esta figura resolutiva, independiente del poder Judicial, tiene presencia en casi todas las civilizaciones con alcances que van más allá del propio funcionamiento económico y mercantil. El mecanismo que articula la consecución de un laudo arbitral se regula mediante el arbitraje.

Parece ser que la UE está a punto de reducir los altos aranceles que pesan sobre los plátanos importados de América. La noticia ha alegrado a los países productores de la fruta, como Ecuador, pero ha levantado suspicacias en los países productores de la UE, entre los que se encuentra España.

Según dice la Asociación de Productores Europeos de Bananas (APEB), la situación de los productores europeos quedaría en una situación muy mala, debido a que los precios bajarían mucho y muy rápido, puesto que la bajada de aranceles sería muy abultada y, aunque progresiva, en sólo seis años estaría vigente.

Carrefour ha lanzado una campaña enorme para explicar su retirada de las bolsas gratuitas de sus supermercados. A partir de ahora si queremos comprar en sus establecimientos tenemos que aceptar que las bolsas las debemos llevar con nosotros o pagar por las mismas.

Obviamente los consumidores están divididos, en un lado tenemos a los que les parece estupendo para el medio ambiente y en otro a los que les parece una horma de ahorrarse dinero por parte de Carrefour. Claro, que también está el coste de esta campaña, que no creo que sea muy barato dado que estamos viendo anuncios en prácticamente todas partes.

El Consejero Delegado de Ryanair ha cargado las tintas contra las asociaciones de usuarios y consumidores y contra todos los usuarios que reclaman a la compañía por la facturación adicional de equipaje.

No hace mucho escribí sobre las ilegalidades que cometen las low-cost al cobrar un cargo adicional por las maletas facturadas en los vuelos, dado que la ley vigente de aeronavegación, del año 1960, impide esta práctica según su artículo 97.

Pero la compañía se escuda en que esta ley es obsoleta, de hace más de 40 años, cuando los vuelos tenían un coste medio de 900 euros. Aunque claro está, también se le pasa mencionar que hace cincuenta años el número de pasajeros de los aviones en nuestro pais no representaba ni el 1% de los actuales.

Parece que viene, de una vez por todas, la liberalización del sector de la electricidad en España… o quizá no. Y es que el Gobierno ha informado muy mal sobre esta supuesta liberalización y lo único que hemos descubierto los consumidores es que dentro de poco tiempo tenemos que cambiar de compañía de forma obligatoria. Aunque si no lo hacemos, ya tenemos asignada otra. Y las tarifas eléctricas suben. Y todo eso sin saber muy bien por qué, después de todo el follón que ha habido con la factura mensual y las estimaciones de las eléctricas…

Vamos a intentar aclarar un poco las cosas. Primero, a partir del 1 de julio, el mercado es liberalizado (creo que esta es la segunda vez que se intenta) y por lo tanto los consumidores tenemos que buscarnos una comercializadora de electricidad. Pero el Gobierno sigue manteniendo una tarifa regulada denominada Tarifa de Último Recurso (TUR). Por tanto, si no hacemos nada, si dejamos pasar la notificación que nos han hecho, nos asignarán una comercializadora y los precios que pagaremos serán los de la TUR. Total, todo seguirá igual. Eso sí, la TUR tiene un incremento de precio sobre la tarifa actual. ¿Liberalización? No sé que decir…

El pasado 22 de Mayo el Gobierno aprobó una reforma de la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, que aunque parezca mentira ayudará a todos los consumidores a no sufrir los vapuleos que muchas de las compañías de telecomunicaciones nos daban cuando intentábamos cambiar su servicio por el de otra compañía.

La nueva normativa que añade hasta 20 nuevos derechos a los consumidores que la antigua normativa no contemplaba, sobre todo hace matizaciones en aspectos como novación y cambio de contratos, bajas y portabilidades.

Bien, la pregunta que debemos hacernos antes este nuevo escenario es ¿las compañías harán caso alguno a esta nueva normativa?. Personalmente creo que seguirán aferrándose a clavos ardiendo, intentando poner cuantiosas trabas a los usuarios para que, ante la imposibilidad de éstos de estar sin servicio, prefieran aguantar en su antiguo servicio y no llevar a cabo una baja o portabilidad del mismo a otra compañía.

Parece que Barack Obama se ha propuesto gracias a los primeros brotes verdes de la economía comenzar con la segunda frase de su plan, una reestructuración completa de las condiciones de los mercados financieros. Evidentemente y como no podía ser de otra manera lo hace para proteger a los consumidores.

La ley que se aprobó ayer en el Senado de los Estados Unidos, defiende de forma directa las condiciones de consumo personal a través de una protección del gasto crediticio que se puede llegar a realizar a través de una tarjeta. En resúmen, va a hacer mucho más seguro y menos costoso es uso del dinero de plástico que tan importante ha sido en otra épocas pasadas para el aumento del movimiento de capitales, que evidentemente, repercutían muy beneficiosamente en la economía.

Adicae procede a denunciar ante la CNMV y el Banco de España a Bankinter, Caja Madrid, Caixa Galicia, Banco Popular, La Caixa y Caja Rural de Navarra por la colocación de “productos tóxicos” en sus clientes vinculados con la colocación entre hipotecados de “seguros de cobertura” de tipos de interés en las hipotecas.

Los productos en cuestión son clips-swaps, en donde eran vendidos como un seguro que tenía un tipo de interés fijo (entre el 5% y el 6%) y que en teoría servía para compensar las subidas del euribor. Y en la práctica también, aunque también limita las bajadas, extremos muy claros en este tipo de contratos.

La denuncia se basa en la inexistencia de realización de un test de conveniencia de colocación de este tipo de productos entre los clientes según marcan las normas Mifid. No sé si prosperará la denuncia o no, pero el consumidor final no puede siempre hacerse pasar por tonto.

Desde hace más de un año muchas de las grandes empresas de nuestro país se han visto afectadas por la crisis económica. En primera instancia se produjo una falta del cash flow, o los ingresos fundamentales para la correcta actuación, producción y liquidez de la empresa; en un segundo plano y al mismo tiempo se produjo una falta crediticia, sobre todo causado por la mala situación del sector financiero.

En la actualidad y además de estos dos graves problemas para el correcto funcionamiento empresarial, económico y financiero se está produciendo de forma constante una caída en el consumo privado, en parte lo sabemos por los datos del IPC que ya casi apuntan a un punto deflacionario. Si una empresa no tiene demanda de productos, por mucho que oferte es complicada su supervivencia.