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Boicots y sus consecuencias económicas

Boicots y sus consecuencias económicas
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Como fuente de poder del consumidor y mecanismo para el control social de las empresas, los boicots tienen la capacidad de alterar el comportamiento de las empresas sobre cómo ejecutan sus procesos de fabricación.

En los últimos años ha proliferado una mayor atención pública en la responsabilidad social de las empresas. Con unos usuarios conectados constantemente a las redes sociales y un flujo de notícias dinámico, los boicots tienen una mayor capacidad de coordinación y propagación para el público generalista para influir en el valor de una marca determinada.

Boicot, objetivos y consecuencias económicas

Los boicots han ganado presencia siendo una acción de protesta efectiva, por parte de consumidores organizados, para penalizar uno de los elementos más importantes para cualquier empresa, los ingresos que generan las ventas.

Son un caso extremo de una categoría más amplia de comportamiento de los consumidores, en la que no se juzga la relación calidad/precio de un producto frente a la competencia. En este caso prevalecen las cuestiones sociales y éticas e influyen en las decisiones de compra individuales, mediante una coordinación colectiva.

Atentar contra una marca mediante el boicot genera una víctima directa, la propia empresa. No obstante, también existen víctimas colaterales del boicot a la empresa como son las empresas proveedoras y los empleos directos e indirectos que se deriva de la actividad económica de todo el proceso de fabricación.

Los consumidores también se ven perjudicados. Al priorizar una cuestión ética o de origen vinculada al proceso de fabricación de un producto, deberán ejercer una acción de sustitución en la elección de un nuevo producto que puede no satisfacer plenamente las necesidades en términos de calidad/precio como el producto que rechazan.

Alterar la política de empresa es posible con el boicot

En España hemos visto como muchas empresas han sufrido boicots, debido a que las decisiones empresariales no estaban en sintonía con los criterios morales de los consumidores y por ello, han terminado haciendo giros en la política de empresa.

Uno de los casos más interesantes fue el programa de La Noria, producido por la Fábrica de la Tele para Telecinco (Mediaset España) que presentaba Jordi González. El programa en una de sus emisiones trataba de un tema especialmente sensible como fue el caso de Marta del Castillo en el que la madre de El Cuco, menor de edad condenado por encubrimiento, acudió al programa previo pago de 10.000 euros.

Noria

Las redes sociales sociales respondieron con contundencia ante este hecho y se inició un movimiento para boicotear el programa de Telecinco pero mediante la identificación de los anunciantes que se integraban los espacios publicitarios del programa.

Las marcas reaccionaron rápidamente y muchas de ellas decidieron dejar de emitir publicidad en los espacios publicitarios de La Noria y comunicaban a sus consumidores la decisión de no participar en el espacio de Telecinco.

En términos de imagen, está decisión empresarial premiaba a las marcas frente aquellas que dilataban su salida. Mediaset vió un impacto intenso en lo ingresos publicitarios que el programa había generado en su histórico en horario de máxima audiencia. Tras el inicio del boicot, Mediaset valoró que en los dos meses siguientes sufrió pérdidas por un importe de 3,66 millones de euros.

Finalmente, a pesar de que el programa de La Noria era líder de audiencia en los sábados de Telecinco y tras cuatro años de emisión, los directivos de la cadena en primer lugar decidieron trasladar el espacio a partir de las 00:00 horas para cancelar la emisión de La Noria semanas más tarde.

Boicotear el producto por su origen, el caso de Cataluña

Uno de los boicots más curiosos es que pueden darse es el boicot por la procedencia del producto. En este caso, no se está castigando el proceso productivo, la calidad del producto, o la actuación de sus directivos, sino que los consumidores se organizan para castigar una marca por su país o territorio de origen.

En este caso, la empresa ofertante del producto o servicio no puede atender inmediatamente las demandas de un público descontento y organizado que está castigando sus ventas. La única decisión que puede emprender es el traslado del proceso productivo y la sede social, decisiones con un elevado coste que tiene una difícil ejecución en el corto o medio plazo.

Con el proceso independentista que está viviendo Cataluña, se está extendiendo la idea en que hay que boicotear los productos catalanes. Este es un caso especialmente particular ya que los consumidores tratan de discriminar un producto o servicio debido al contexto político de su territorio o su procedencia.

Según recoge El Confidencial Digital, la industria alimentaria (Codorníu, Cola Cao, Bimbo...) estaba valorando sacar sus factorías por el boicot debido a que se había constatado una caída en ventas de un 40% en un mes. Esta industria produce bienes perecederos por lo que las decisiones de los consumidores pueden actuar con una gran velocidad para efectuar el boicot.

El boicot por la procedencia del producto lleva a la estigmatización de la marca, por acciones que nada tienen que ver con el producto. Por ejemplo, recientemente la exministra María Antonina Trujillo, protestó en Twitter que no volvería a un Fosters Hollywood por el hecho de que le sirvieron 12 botellas de agua Font Vella.

Trujilla

La argumentación de la exministra es que se trataba de una “decisión personal”. Obviamente es una decisión personal pero llama la atención que precisamente se focalice en Font Vella pertenece a la multinacional francesa Danone y además, su agua parte del Espacio Natural de las Guilleries - Savassona (Sant Hilari Sacalm, Girona) pero también, del Parque Natural del Barranco de Río Dulce (Sigüenza, Guadalajara).

Para las empresas catalanas, un boicot generalizado del resto de España impactaría principalmente en la economía catalana pero también en la española. Cabe recordar que las cifras macroeconómicas de Cataluña marcan que vende bienes y servicios al resto de las comunidades autónomas por un importe de 39.342 millones, lo que supone el 40% de sus exportaciones.

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