El Estado nos va a obligar a contratar el nuevo fondo de pensiones público: una idea polémica pero efectiva

El Estado nos va a obligar a contratar el nuevo fondo de pensiones público: una idea polémica pero efectiva
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El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está ultimando un nuevo fondo de pensiones público que va a traer una medida bastante polémica: la obligación de facto de contratarlo si así lo dice el convenio del trabajador.

Por supuesto el trabajador podrá desapuntarse, pero si no lo hace por defecto parte de su nómina irá nuevo fondo de pensiones, con lo que estamos ante una medida del Estado para obligar a los ciudadanos a ahorrar para su jubilación, en un instrumento de inversión dirigido por el Estado y con poca liquidez.

El sentido de un fondo de pensiones público

La idea detrás de toda esta reforma es que los planes de pensiones privados no acaban de despegar. Aunque tienen aspectos muy interesantes (gracias a la fiscalidad) lo cierto es que la rentabilidad que dan no es muy alta y sus comisiones rozan lo abusivo.

Por tanto Escrivá quiere que haya una alternativa pública, que se creará mediante una licitación (es decir, al final habrá un gestor privado) como se hace en otros países. Y la contratación no será individual sino a través de las empresas de los trabajadores, cosa que ya sucede pero solo en empresas de cierto tamaño.

Escrivá quiere que esta contratación a través de las empresas se extienda a las pymes y para ello ofrecerá un fondo público que sea fácil de contratar y se está estudiando incorporar su contratación en los convenios colectivos, por lo que las pymes que estén acogidas a convenios tendrán que contratarlo para sus trabajadores de forma obligatoria. Y deberán ser los trabajadores los que tengan que decir explícitamente que no quieren, pues de lo contrario parte del sueldo irá a este plan de pensiones.

La fiscalidad y la semiobligatoriedad nos empujará a contratarlo

Aquí hay dos factores que van a hacer que este nuevo fondo público vaya a triunfar. Por un lado el Gobierno está rebajando las ventajas fiscales de los planes de pensiones privados, así que para muchos la alternativa de empresa (y en el futuro a través de este fondo público) va a ser la única posibilidad para reducir la factura fiscal.

Además, si la empresa ofrece una aportación al plan de pensiones, por encima del sueldo, siempre interesa contratarlo. Es dinero gratis (con poca liquidez, pero gratis a fin de cuentas). Y seguramente los convenios colectivos apunten en dicha dirección.

Por último, el gran éxito vendrá marcado si son obligatorios excepto si el trabajador se niega. En general los humanos somos muy cómodos y las cosas que vienen por defecto son las que contratamos. Esto está explicado una y mil veces en investigaciones sociológicas, los humanos somos vagos y también cuando hay que ahorrar para la jubilación.

¿Libertad o ahorro?

Por tanto estamos ante una decisión polémica: hacer algo por defecto obliga de facto a ahorrar a los trabajadores. Cosa que es buena, porque en España en el pasado lo hemos fiado todo a la vivienda y en la gente más joven las tasas de alquiler son más altas que en el pasado. Pero obligar a ahorrar parece que va en contra de nuestras decisiones individuales y puede que ahorrar para la jubilación no sea siempre lo más correcto, hay etapas en la vida donde la liquidez es más importante.

La polémica está servida. Habrá que ver si la ley finalmente fija la contratación del fondo público por defecto o si finalmente no se atreverá a tanto el Gobierno.

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