El Gobierno abrió puerta hace unas semanas a que los trabajadores por cuenta propia pudieran acogerse a la llamada jubilación flexible [compatibilizar el cobro de la prestación con un empleo a tiempo parcial] Una medida que persigue retener talento sénior en el mercado laboral, pero que en el fondo esconde un intento desesperado por aliviar un sistema que hace aguas por la demografía y la deuda
La soga del déficit. En concreto, el nuevo real decreto anunciado por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, eleva la jornada laboral permitida para estos trabajadores veteranos: de la horquilla previa del 25% al 75%, se pasa a un tramo que va del 33% al 80%. El movimiento tiene toda la lógica matemática en un país donde el retiro medio se sitúa ya en los 65 años y medio, de acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero que arrastra un déficit estructural crónico de 30.000 millones de euros que obliga al Estado a inyectar transferencias constantes.
Una esperanza de vida rompedora. "La pensión se concibió para financiar de media entre 8 y 10 años de vida tras dejar de trabajar, pero es que ahora financia de media entre 25 y 28", apunta con crudeza Pilar García de la Granja en el espacio 'Clases de Economía' del programa de COPE. Este es el verdadero elefante en la habitación: un sistema diseñado en el siglo pasado para coberturas cortas asume hoy el coste enorme de pagar nóminas durante casi tres décadas a personas que, afortunadamente, viven mucho más y mejor.
Cifras mareantes. El reloj no perdona y el gasto bate récords mes a mes. En mayo, el desembolso mensual del Estado para abonar estas prestaciones superó los 13.140 millones de euros —un 6% más que hace un año—, dejando la pensión media del sistema en 1.371 euros. Todo ello en un escenario de feroz competencia por parte de la inflación, que sigue encareciendo el coste de la vida y forzando una costosa revalorización atada al Índice de Precios de Consumo (IPC), mientras los precios industriales repuntan un 10,5% interanual en mayo —la mayor subida desde diciembre de 2022—, empujados sobre todo por la electricidad y el gas, ya que el precio del refino de petróleo cayó ese mes, según detalla el INE.
El nirvana del autónomo. Aquí es donde el relato corporativo choca con la realidad de la calle. La posibilidad de compatibilizar el 80% de la jornada no es solo un caramelo para quien quiere mantenerse activo; es un auténtico salvavidas para un colectivo cuya pensión media apenas roza los 962 euros frente a los más de 1.600 del Régimen General, según los últimos datos desglosados del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (junio de 2024). Como pasa siempre con estos profesionales: a menores bases de cotización históricas, menor prestación resultante. El resultado es demoledor y convierte esta flexibilidad en una necesidad imperiosa para poder llegar a fin de mes.
La caja negra. Así, mientras la Administración fía la salvación de la hucha a parches temporales y al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI, en la jerga), la realidad demográfica avanza como una apisonadora. ¿Quién no querría retirarse del todo a los 65? Si un particular hubiera invertido 100 euros al mes durante 40 años, sabría que el capital no le daría para vivir otros 28 años al mismo ritmo sin agotarlo. Al final, las pensiones hoy se pagan con fe y deuda pública, un bucle en el que el rizo aún se puede rizar más.
Imagen | Juan Diavanera (vía Pexels)
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