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La caótica (pero no sorprendente) política del gobierno respecto al déficit
Economía

La caótica (pero no sorprendente) política del gobierno respecto al déficit

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El déficit público sigue siendo, ocho años después del estallido de la crisis, el gran lastre de España. Si bien el gobierno de Mariano Rajoy lo ha reducido desde el 9,60% del PIB que se registró cuando accedió al poder al 5,08% del año pasado, pero sigue estando por encima de lo pactado con Bruselas, que era del 4,2 del PIB en 2015.

Y las previsiones apuntan a que en 2016 tampoco conseguirá cumplir con la UE, pues el objetivo está cifrado en el 3,6% del PIB, casi un punto y medio por debajo del actual. Teniendo en cuenta que vamos camino de nuevas elecciones, lo que habrá dejado al país sin gobierno durante medio año, es prácticamente imposible que se pueda reducir en esa magnitud, pues se ha perdido un tiempo precioso para ajustar el sistema fiscal, entre otras cosas.

No obstante, el gabinete de Rajoy ha estado -y está- en funciones, por lo que alguna que otra medida ha podido aplicar en estos meses para hacer frente a este desajuste, el cual, en gran parte, provocó él mismo cuando el año pasado adelantó la reforma fiscal y bajó el IRPF a las puertas de las elecciones de diciembre.

Es sobradamente conocido que uno de los principales problemas de España es la escasa recaudación tributaria respecto a otros países europeos. Según los datos de Eurostat de 2015, la recaudación española supone el 37,8% del PIB y solo hay cinco países de los 27 de la UE que recaudan menos que España -Bulgaria, Irlanda, Letonia, Lituania y Rumanía-. La media europea está en el 45,2% del PIB. Juzguen ustedes mismos.

A pesar de las subidas impositivas del principio de la legislatura de Rajoy, este déficit de ingresos no ha logrado corregirse y la solución parece estar lejana, sobre todo tras la generosa bajada de impuestos del año pasado. Teniendo en cuenta que se avecinan otras elecciones, es más que probable que vuelvan a anunciarse nuevas rebajas de tributos para el año que viene, lo que pone más en riesgo la mejora del déficit.

El ‘roto’ de las CCAA

Para rizar más el rizo, en España lograr bajar el déficit es todavía más complicado debido a su particular composición territorial. A día de hoy, el país está compuesto por 17 ‘pequeños países’ que tienen sus propias leyes y órganos gubernamentales, de diferente color político, por cierto.

Esto dificulta mucho más que los objetivos puedan cumplirse, sobre todo porque las comunidades autónomas arrastran un elevado déficit procedente de los desfases de la época de la burbuja. Esto ha hecho que el gobierno cogiera al toro por los cuernos y les plantease un objetivo de déficit que muchas de ellas no pueden cumplir -y a veces, ni quieren-.

Sin embargo, la semana pasada el Ejecutivo lanzó una propuesta que ha dejado sorprendidos a propios y extraños al elevar el objetivo de déficit autonómico del 0,3% del PIB al 0,7% para este año. Este cambio se debe al nuevo objetivo de déficit general pactado con Bruselas para este año, que ha pasado del 2,8% del PIB al 3,6%. Por ello, deja a las autonomías el mismo objetivo de déficit que en 2015, después de que solo tres lograran cumplirlo (País Vasco, Canarias y Galicia).

En cualquier caso, a pesar de que se han relajado las exigencias de Bruselas, sorprende este volantazo del gobierno después de la dureza que había mostrado anteriormente con los gobiernos autonómicos, a los que cerraba el grifo del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) si no se ajustaban a los objetivos de déficit.

Según el gobierno, la principal preocupación ahora es consolidar la recuperación económica, que se podría ver perjudicada con unas mayores exigencias a las autonomías, si bien esto es pan para hoy y hambre para mañana, pues la sangría de las comunidades es un mal que no se ha conseguido atajar en estos años ni con la máxima austeridad.

No obstante, ya se han anunciado nuevos recortes para este año. Montoro ya avanzó hace unas semanas un ajuste de 2.000 millones que permitirá rebajar en dos décimas el PIB, aunque no precisó en qué partidas de gastos se aplicará, sí adelantó que no afectará al gasto social ni a las transferencias a la Seguridad Social o a la seguridad del país. Por lo tanto, he aquí otra contradicción más en esta política de reducción del déficit.

No obstante, la Autoridad Fiscal ya le avisó ayer de que será necesario un ajuste del doble, de 4.000 millones exactamente, para cumplir con el déficit. Además, avisa de que este ajuste debe hacerse precisamente a las comunidades autónomas.

La paga a funcionarios, otra vuelta de tuerca

Si la situación no era ya enrevesada, el gobierno no ha terminado aún de dar más sorpresas en esta loca carrera por atajar el déficit. A partir de la próxima semana, los funcionarios públicos podrán cobrar la mitad de la paga extra pendiente de 2012. Según el Ejecutivo, este gasto ya estaba incluido en los presupuestos de este año, por lo que no se incurrirá en un gasto extra.

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Pero… ¿por qué este año? ¿por qué ahora? La máquina electoral ya se ha puesto en marcha, y el PP sabe que buena parte de su electorado se encuentra -o al menos se encontraba- en el estamento funcionarial, por lo que más vale tenerles contentos de cara a la nueva llamada a las urnas. Con razón dijeron en Bruselas allá por octubre del año pasado que los presupuestos de 2016 no tenían ni pies ni cabeza...

¿Dónde está el plan?

A tenor de todos estos cambios de guión trasluce una incómoda realidad: el gobierno va dando palos de ciego en su política contra el déficit. Estos bandazos responden a cómo va evolucionando la economía, algo que puede entrar dentro de la lógica pero que no debería ser así cuando España tiene el déficit enquistado en sus entrañas.

Evidentemente, los recortes efectuados han tenido efecto, pero, por mucho que nos pese, se deben realizar bastantes más para cumplir con las duras exigencias impuestas desde Bruselas. Es bastante complicado que España alcance esa nueva meta del 3,6% de déficit este año cuando 2015 cerró por encima del 5% y, como ya se ha señalado, hemos perdido media legislatura haciendo las cuentas de la vieja para intentar formar un gobierno.

Ahora, todo va encimando a una nueva llamada a las urnas, la cual tendrá unos gastos estimados de unos 130 millones de euros -más leña al fuego-. ¿Se puede permitir un país como España, que todavía sigue en crisis, este dispendio? No, o al menos no debería, pero la lógica política camina por unos derroteros bastante alejados de la lógica social.

Por lo tanto, el año que viene volverá a pasar como en éste. No se habrá logrado cumplir con lo pactado y el déficit seguirá siendo el lastre de la economía española. Sobran los discursos acalorados de lo políticos y toca ponerse manos a la obra, porque ese déficit siempre impedirá a España dotarse de un sistema económico fuerte y, sobre todo, sano.

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