Sergio Delgado
La transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo continúa sin materializarse pese a que la reforma fue aprobada por el Congreso de los Diputados a comienzos de 2023.
La medida formaba parte de la nueva Ley de Empleo y se presentó como una de las principales herramientas para modernizar las políticas activas de empleo, mejorar la coordinación entre administraciones y adaptar el organismo a los nuevos retos del mercado laboral. Sin embargo, más de dos años después, nada más se sabe.
Una reforma aprobada pero pendiente de ejecución
La Ley de Empleo impulsada por el Gobierno durante 2022 y ratificada posteriormente por el Parlamento contemplaba la creación de la Agencia Española de Empleo como sustituta del actual SEPE. El objetivo era dotar al organismo de una estructura más flexible y moderna, con mayor capacidad de gestión y autonomía operativa.
No obstante, la norma eso sí, no fijó un plazo concreto para aprobar el real decreto que debía desarrollar la nueva entidad. Y claro, esta ausencia de calendario ha permitido que el proyecto permanezca congelado en el tiempo.
Durante los primeros meses tras la aprobación de la ley se llegó a plantear una implantación relativamente rápida. Sin embargo, la convocatoria de las elecciones generales de 2023 alteró las prioridades políticas y el proceso quedó relegado. Desde entonces, la iniciativa parece guardada en un cajón.
Qué pretendía cambiar la Agencia Española de Empleo
La creación de la nueva agencia buscaba responder a varios desafíos históricos del sistema público de empleo. Uno de los principales objetivos era reducir determinadas rigideces administrativas y facilitar una gestión más ágil de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios.
Además, la reforma pretendía fortalecer la colaboración entre el Estado y los servicios autonómicos de empleo, mejorando el intercambio de información y la coordinación de las políticas activas dirigidas a desempleados y empresas.
Otro de los propósitos era impulsar la digitalización del organismo y reforzar su capacidad para ofrecer servicios personalizados a quienes buscan trabajo. Todo ello en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la escasez de profesionales en determinados sectores y la necesidad de adaptar la formación a las demandas reales del mercado laboral.
Algunos cambios sí han comenzado a aplicarse
Aunque la agencia sigue sin ver la luz, algunas de las medidas incluidas en la Ley de Empleo sí han empezado a desarrollarse.
Entre ellas destaca la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial para orientar a los demandantes de empleo y facilitar procesos de intermediación laboral.
También se ha avanzado en la elaboración de perfiles individualizados para los usuarios y en la creación de itinerarios personalizados destinados a mejorar sus posibilidades de inserción laboral.
Estas actuaciones forman parte de la estrategia de modernización prevista en la ley sí, aunque representan únicamente una parte de la reforma global diseñada inicialmente.
La colaboración con las empresas sigue pendiente
Uno de los aspectos que permanece sin avances relevantes es la cooperación con las compañías privadas dedicadas a la selección y gestión de talento.
Durante la fase inicial de elaboración de la reforma se llegó a plantear que las empresas estuvieran obligadas a comunicar todas sus vacantes al futuro organismo estatal.
Finalmente, esa propuesta se suavizó durante la tramitación parlamentaria y la obligación quedó limitada a aquellas compañías que utilizaran los servicios públicos de empleo. La intención era disponer de una radiografía más precisa de los puestos vacantes existentes en España
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Falta respaldo presupuestario y administrativo para una transformación de gran envergadura? ¿Existen demasiadas diferencias sobre el modelo de gestión que debería adoptar el nuevo organismo? ¿Han tenido algo que ver los últimos cambios dentro del propio SEPE?
Un proyecto clave para el mercado laboral español
Lo único cierto es que mientras el proyecto permanece pendiente, España continúa enfrentándose a desafíos estructurales (y crónicos) como el desempleo de larga duración, la escasez de determinados perfiles profesionales y las dificultades para conectar la oferta y la demanda de trabajo de forma más eficiente.
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