Cuando Yolanda Diaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, habla, sube el pan. Y en esta ocasión lo ha hecho para intentar justo lo contrario: evitar que la cesta de la compra siga escalando espoleada por esta inflación que parece no tener fin.
Díaz ha sugerido establecer límites de precios a una serie de alimentos que conformen una cesta de la compra "básica", unos 20 o 30, y hacerlo de forma que no entorpezcan la libre de competencia del mercado. ¿Alguien sabe cómo se puede hacer eso?
Es decir, la vicepresidenta propone intervenir el mercado pero a la vez quiere respetar las reglas de juego de la libre competencia. Un complejo rompecabezas en un momento en el que los precios están disparados y las empresas han intentado contenerlos hasta que los costes les han obligado a repercutirlos en el cliente.
Díaz no ha señalado qué alimentos serían los que conformarían esa cesta básica, pero ha dejado caer en Twitter que pan, la leche, huevos... Precisamente, los alimentos que más se están encareciendo y los más necesarios. Y estamos todos de acuerdo que eso supone un esfuerzo muy grande para las familias (muchas no se lo pueden permitir).
Pero, ¿el control de precios va a servir para algo en este contexto?
Un perverso efecto dominó
El control de precios es algo que se usa muy habitualmente en regímenes comunistas para, en teoría, que toda la sociedad pueda acceder a los productos de una forma más igualitaria. Pero tenemos ejemplos muy adversos de esta práctica en todo el mundo.
Lo hemos visto en Venezuela, donde el gobierno fija unos precios que después la inflación local tira por tierra y provocan desabastecimiento. Porque un control de precios muchas veces provoca que se produzcan menos unidades de producto, ya que las empresas no tienen margen para hacerlo al tener unos costes más elevados y menos ganancias.
Y no solo eso, puede provocar también el cierre de muchos negocios. Si tienen costes cada vez más elevados para producir pero ganan menos al vender, se vuelve insostenible la cadena, generando despidos y cierres. Cosas que el Ejecutivo a su vez también quiere evitar.
Además, si se controla el precio de una serie de alimentos, se subirá el precio de los demás, pues de alguna forma habrá que compensar esas pérdidas. Por lo que estamos ante un pez que se muerde la cola, no habrá servido de nada.
Tenemos más ejemplos adversos de esta práctica. Por ejemplo, en Suecia el precio del alquiler está intervenido, algo bueno por el lado de que todo el mundo puede acceder a la vivienda, pero por otro lado hay tanta demanda que los tiempos de espera para lograr una casa están entre los 8 y los 10 años.
Y si nos remontamos en la historia, en EEUU durante la II Guerra Mundial se pusieron topes a los precios y se obtuvo escasez. Si no hay incentivos a la producción (es decir, ganancias), los productores no aumentan su capacidad. Es de perogrullo.
Y luego está la cuestión legal. Ya hay expertos que avisan de que este acuerdo que se alcanzara (muy difícil lo tiene) contravendría la Ley de la Competencia, por lo que, ¿habría que crear una ley ad hoc para llevarlo a cabo? No parece realista.
Está más que claro que algo se debe hacer para contener los precios, pero eso no pasa por poner un tope a los alimentos. Hay que ver cómo hacer que no se devalúen los salarios, deflactando el IRPF o subiendo el salario mínimo, pero nada pasa por poner un tope a los precios, porque la jugada puede salir verdaderamente mal.