Protestar por un 'mejor turismo' en realidad es abogar por menos turistas de clase baja y que vengan los más ricos

Protestar por un 'mejor turismo' en realidad es abogar por menos turistas de clase baja y que vengan los más ricos
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En el punto medio está la virtud. España se debate por el modelo de turismo que desea para cada una de sus regiones, especialmente durante la temporada alta de los meses estivales. ¿Abogar por un mejor turismo, de ricos y precios desorbitados y acabar con la oferta para clases medias-bajas o fomentar el ‘turismo de alpargata’? Esta cuestión se plantea en un contexto en el que cada vez hay más ciudades afectadas por la llegada masiva de turistas, que acaban por congestionar el mercado inmobiliario local y por transmitir una imagen de la ciudad completamente desvirtuada.

Según fuentes oficiales, el número de turistas internacionales que visitaron España en 2023 superó los 85 millones por primera vez desde que hay registros estadísticos, un 18,7% más que en 2022. Unas buenas cifras de turismo siempre serán positivas para la economía nacional, pero el dilema en el que se mueven España y otros países es sobre a qué dar prioridad: cantidad o calidad.

Protestas públicas contra el turismo masivo

Siguiendo la senda iniciada por las Islas Canarias, hace escasas semanas parte de la sociedad civil balear se movilizaba para protestar contra los excesos que vinculan al turismo y a la saturación turística, especialmente en las islas de Mallorca e Ibiza. Se apuesta por paquetes turísticos express, en el que miles de jóvenes acuden a estos puntos en busca de un ‘turismo de borrachera’ a bajo coste, lo que desvirtúa la imagen de la ciudad, pero también la calidad de vida de sus vecinos.

El ‘turismo de alpargata’ no es la solución. No deja dinero ni una buena imagen para España. Todo ello conduce a que haya zonas del país, como Mallorca, en las que la ciudadanía reclama su derecho a una vivienda digna frente a una situación de emergencia plena en la que la gran mayoría del suelo inmobiliario se destina a pisos turísticos, siendo imposible para locales y trabajadores que acuden a las islas poder acceder a un inmueble.

Precios abusivos en un mercado cada vez más tensionado y en el que el poder adquisitivo de la población media de Mallorca no les permite seguir planteando un proyecto de vida en la isla. Una situación, hasta ahora, que ha pasado desapercibida para las autoridades, especialmente en situaciones en las que las viviendas vacacionales (legales e ilegales) y la compra de vivienda por extranjeros con capital para la especulación inmobiliaria se han convertido en la tónica habitual.

Nueva Zelanda apuesta por un turismo de ricos

Una solución para evitar el ‘turismo de alpargata’ es subir los precios y buscar únicamente al turista exclusivo. Esta situación haría peligrar al sector, que quedaría plenamente alejado de las clases medias-bajas y lo convertiría en un artículo de lujo.

Algo así es lo que se ha implantado en Nueva Zelanda. Los datos demuestran que confían en los ricos, mientras rechazan a los viajeros que apenas pagan 10 dólares al día.

El Ministro de Turismo de Nueva Zelanda, Stuart Nash, expresó su intención de que el país se siga centrando en los grandes gastadores de ‘alta calidad’. No obstante, un experto ha contrarrestado esta política asegurando que este perfil de visitantes genera una mayor huella ambiental y que, no siempre, contribuye en mayor medida a la economía.

La medida del gobierno neozelandés no ha estado exenta de polémica, siendo en muchas ocasiones calificada como “snob, elitista y fuera de contacto”. Y es que el profesor James Higham, de la Universidad de Otago, aseguró recientemente que no existe una evidencia clara de que las personas con un alto patrimonio neto contribuyen más a la riqueza nacional que los viajeros con un presupuesto limitado. De hecho, asegura que al tener más poder adquisitivo se viaja más rápido, producen más CO2, permanecen menos tiempo y gastan menos en el destino.

Su postura es claramente defensora de los viajeros mochileros o ‘turistas de alpargata’, ya que considera que éstos podían permanecer más tiempo y enamorarse del país, lo que provocaría que pudiesen regresar como trabajadores o como turistas más adelante en la vida.

La solución más eficaz

Si se apuesta por el modelo de Nueva Zelanda en España, se sumarán una serie de movimientos que acabarán destruyendo el turismo de clase baja y de clase media-baja, pues si la inflación ha reducido el poder adquisitivo de las familias, un turismo excesivamente caro lo convertirá en un bien de lujo e inaccesible.

Además, es importante que las autoridades miren especialmente por los intereses de los locales. Aquellas personas que habitan durante los 365 días del año en una zona turística y que, durante meses, sufren las consecuencias negativas del turismo: contaminación acústica y medioambiental y mala calidad de vida.

El modelo de fiesta, alcohol y grandes franquicias de ropa y restauración se extiende también a ciudades que habían conseguido labrarse un perfil turístico de cercanía y calidad, como Donostia y Logroño. La presión turística comienza a ser excesiva en comparación con el índice poblacional.

Sevilla recibió en 2023 unos 266.268 visitantes para 682.000 habitantes), Barcelona 762.905 por 1.636.193, Granada 140.538 por 228.682, Córdoba 74.034 por 319.515, Salamanca 55.033 por 142.212 o Toledo 53.365 por 85.085.

Los patrones turísticos han cambiado. Los españoles de las zonas más turísticas tienen claro que prefieren un turismo familiar, pasajero, antes que un ‘turismo de borrachera’ o un ‘turismo exclusivo’. El punto medio es el que beneficia a la economía local.

El turismo rural y el turismo cultural pueden ser opciones atractivas para los turistas que buscan una experiencia más auténtica y sostenible. Además, el desarrollo de estos tipos de turismo puede generar empleo y apoyar a las comunidades rurales y locales, al mismo tiempo que ayuda a proteger los patrimonios culturales y naturales de España.

La subida de costes de la vivienda debido a los alquileres turísticos, la masificación, la acumulación de basura, el comportamiento de los turistas, el deterioro de áreas naturales y la subida del nivel de vida, preocupan especialmente a los españoles, que reclaman una intervención gubernamental que garantice plenamente un turismo de calidad.

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