La realidad es bien distinta según seas un ciudadano de a pie o según seas Hacienda. Para el primero, el encarecimiento del coste de vida es palpable en casi todos los aspectos del día a día: desde la vivienda hasta la compra de los productos más básicos. De hecho, muchas familias no paran de ajustar sus presupuestos y se enfrentan a gastos cada vez más y más elevados.
Mientras que para el segundo, Hacienda, la “vida” es cada más boyante. La sonrisa en el semblante de la ministra María Jesús Montero es directamente proporcional a la enorme recaudación fiscal del Estado. Que crece de forma constante gracias a impuestos que no han sido adaptados a la nueva realidad económica.
El aumento del precio de los bienes, especialmente de los inmuebles, unido a la falta de medidas correctoras como la deflactación del IRPF, ha hecho que cada vez más ciudadanos paguen una mayor cantidad de impuestos sin que necesariamente hayan mejorado su poder adquisitivo.
Este fenómeno convierte al Estado en uno de los principales ganadores de la inflación y del auge del mercado inmobiliario.
La vivienda, un ejemplo claro de fiscalidad creciente
En España, el precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos. Comprar o vender un inmueble hoy en día implica no solo enfrentarse a precios desorbitados, sino también a una pesada carga fiscal.
Cuando alguien compra una vivienda nueva, debe sumar al precio pactado un 10% de IVA. Si se trata de una de segunda mano, entra en juego el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que varía entre el 6% y el 10%, dependiendo de la comunidad autónoma.
El efecto es evidente: cuanto más se encarece la vivienda, más recauda Hacienda. Una subida en el valor del inmueble significa automáticamente una mayor base sobre la que se aplican los tributos. A esto se añaden los gastos de notaría, registro, gestoría y otros trámites obligatorios que incrementan aún más el coste total de la operación.
La venta también conlleva cargas importantes
Los beneficios para Hacienda no terminan en la compraventa. El vendedor también debe hacer frente a varios impuestos. El más significativo es el IRPF, que grava la ganancia patrimonial obtenida en la operación. Por ejemplo, si una persona compra un inmueble por 150.000 euros y lo vende por 200.000, Hacienda considera una ganancia de 50.000 euros (ajustada por los gastos), sobre la que aplicará distintos tipos impositivos.
La base del ahorro del IRPF se distribuye en tramos: un 19% para los primeros 6.000 euros, un 21% hasta 50.000 euros y un 23% a partir de esa cifra. Esto significa que la factura fiscal puede superar fácilmente los 5.000 o 6.000 euros en operaciones relativamente comunes, sin contar con la plusvalía municipal, otro impuesto que grava el incremento del valor del suelo y que se calcula sobre el valor catastral y el tiempo de tenencia del inmueble.
¿Y si suben los sueldos? Más impuestos también
En paralelo al mercado de la vivienda, el alza de precios en general ha motivado subidas salariales para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, al no haberse deflactado la tarifa del IRPF, esas subidas terminan empujando a muchos trabajadores a tramos superiores del impuesto. En otras palabras, ganan un poco más, pero pagan mucho más.
Esto sucede porque, si bien los salarios suben para adaptarse a la inflación, los umbrales del IRPF se mantienen fijos. Así, miles de contribuyentes que antes estaban exentos o en tramos más bajos terminan tributando más, no porque sean más ricos, sino porque simplemente intentan mantener su nivel de vida. Esta situación provoca un fenómeno conocido como “progresividad encubierta”, donde el sistema se vuelve más gravoso sin que se modifiquen oficialmente los tipos impositivos.
Una recaudación en alza gracias a la inflación
La combinación de precios altos y una estructura fiscal invariable ha resultado en un aumento significativo de la recaudación del Estado. Según datos de la Agencia Tributaria, los ingresos por IRPF y por impuestos vinculados a la vivienda han crecido de forma notable en los últimos ejercicios. Y no es porque se hayan subido los impuestos, sino porque se está recaudando más sobre bases imponibles más altas.
Este modelo convierte al Estado en un beneficiario directo de la inflación. Cuando todo sube, también lo hace la recaudación, aunque la capacidad económica real de las familias se mantenga o incluso disminuya. Este desequilibrio plantea serias dudas sobre la equidad del sistema y la necesidad de introducir mecanismos que corrijan estas distorsiones.
Hacienda y el auge inmobiliario: un actor silencioso
Detrás de cada compraventa inmobiliaria hay una recaudación sustancial para las arcas públicas. En una operación de vivienda media, Hacienda puede llevarse decenas de miles de euros entre IVA, ITP, IRPF y plusvalía municipal. A esto se suman tributos como el IBI, que año tras año continúa aumentando en muchas localidades.
Además, muchos de estos impuestos no consideran la situación personal del contribuyente. Por ejemplo, no hay distinción entre alguien que vende por necesidad y quien lo hace por inversión. Esta rigidez contribuye a una percepción de injusticia fiscal y a una mayor presión sobre las clases medias, que son quienes terminan asumiendo la mayor parte del esfuerzo tributario.
Ante este escenario, cada vez más ciudadanosd piden la revisión de la política fiscal, especialmente en lo que respecta a la deflactación del IRPF y a la adaptación de los tributos a la situación económica real. Mientras los precios continúan al alza, los contribuyentes ven cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos va a parar al Estado, no por haber mejorado su situación, sino por intentar seguir el ritmo de una economía inflacionaria.
La pregunta es: ¿tendrá alguna vez piedad Hacienda con el ciudadano?