La vivienda se ha convertido, una vez más, en uno de los temas más urgentes del debate público en España. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, este asunto ya ha escalado al primer puesto en la lista de preocupaciones ciudadanas. Y lo ha hecho con fuerza: en apenas seis meses, la inquietud por el acceso a una vivienda ha pasado del 22,3% al 28,8%.
Por ello, el Gobierno ha decidido endurecer su postura frente a las viviendas vacías con un nuevo paquete fiscal que propone aumentar los impuestos para los propietarios que no alquilan sus inmuebles.
Sin embargo, esta medida —aunque con intenciones claras— podría no tener el impacto esperado en las zonas donde más se necesita aliviar la presión inmobiliaria.
Qué implica el nuevo impuesto a las viviendas vacías
La propuesta presentada por el Ministerio de Vivienda contempla una modificación del IRPF para penalizar progresivamente la acumulación de viviendas vacías. A día de hoy, estos inmuebles ya generan una renta imputada del 1,1% de su valor catastral en la declaración de la renta, o del 2% si el valor no se ha actualizado en más de diez años.
Con el nuevo esquema, se mantendría ese 1,1% para propiedades cuyo valor catastral no supere los 100.000 euros. A partir de esa cifra, el porcentaje se incrementaría gradualmente: 1,5% hasta 500.000 euros, 2% hasta el millón y 3% para quienes acumulen propiedades vacías por más de un millón. El objetivo es claro: penalizar a quienes mantienen desocupadas varias viviendas, incentivando su entrada en el mercado del alquiler.
Una medida con efecto limitado en las grandes ciudades
Pese a la contundencia de la propuesta, el impacto real de esta política puede ser más simbólico que efectivo en las zonas más tensionadas. El motivo es sencillo: en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, apenas hay viviendas vacías.
Según los datos del Ministerio de Vivienda, en los municipios con más de 100.000 habitantes en Madrid, solo un 5,6% de los inmuebles están deshabitados. En las ciudades grandes de Catalunya, el porcentaje apenas llega al 8,4%.
Donde sí se concentra un mayor número de viviendas vacías es en los municipios intermedios o pequeños. En localidades de menos de 1.000 habitantes, los porcentajes superan el 25%, pero estos territorios no suelen estar en el foco de la emergencia habitacional.
Por tanto, aunque la política podría ser efectiva en algunas regiones, difícilmente aliviará la escasez de vivienda en los núcleos urbanos más problemáticos.
El incentivo económico, cuestionado
Expertos del sector inmobiliario y representantes de organizaciones sociales han manifestado sus dudas respecto a la efectividad real del aumento fiscal propuesto. Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana, ha advertido de que el impacto monetario es demasiado reducido para generar un cambio de comportamiento en los propietarios. El problema, según señala, está en el valor catastral, que suele ser significativamente inferior al valor de mercado o de tasación.
Esto implica que, aunque suba el porcentaje de renta imputada, el aumento real en la declaración de la renta no será lo suficientemente significativo como para empujar a los propietarios a alquilar sus viviendas vacías. Así, el resultado puede ser más un gesto político que una herramienta efectiva para dinamizar el mercado.
¿Qué otras medidas incluye el paquete fiscal?
La proposición de ley presentada también contempla otras reformas importantes. Entre ellas, destaca la eliminación de la exención de IVA para los pisos turísticos, que pasarán a estar gravados con un 21%. Además, se incluye un impuesto adicional para las compras de vivienda realizadas por extracomunitarios no residentes, y se revisa el régimen fiscal de las Socimis.
El paquete también incluye incentivos fiscales para aquellos propietarios que decidan poner su vivienda en alquiler a precios reducidos. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por varios socios parlamentarios del Gobierno, que consideran que se trata de una estrategia demasiado condescendiente con los rentistas.
Escenario político complicado
La aprobación de esta propuesta fiscal no será sencilla. El Gobierno, consciente de su minoría parlamentaria, ha optado por registrar la iniciativa como proposición de ley a través del Grupo Parlamentario Socialista, lo que permite una tramitación más ágil. No obstante, aún no se han asegurado los apoyos necesarios, y ya han surgido críticas desde algunos de sus socios habituales.
Partidos como Sumar y Podemos han mostrado reticencias. Mientras los primeros insisten en que se deben negociar punto por punto, los segundos consideran que la propuesta beneficia a los propietarios en un momento de fuerte malestar social. También ERC y EH Bildu plantean reformas más ambiciosas, con una orientación clara hacia la penalización de la acumulación especulativa de vivienda y menos margen para las bonificaciones.
El precedente de otras votaciones recientes —como la fallida reforma de la Ley del Suelo— pone de relieve lo complicado que puede resultar construir una mayoría parlamentaria para aprobar un tema tan sensible como la fiscalidad de la vivienda.
Más allá de la efectividad de la medida, lo que está claro es que el Gobierno busca responder a una creciente preocupación social. Sin embargo, para que el llamado “quinto pilar del Estado del bienestar” llegue a consolidarse, ¿es necesario un enfoque más integral que combine fiscalidad, inversión pública en vivienda social y regulación del mercado de alquiler? La respuesta es evidente: sí.