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Cláusulas suelo, ¿salvamos de nuevo a la banca?

Cláusulas suelo, ¿salvamos de nuevo a la banca?
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene en sus manos decidir si el sistema financiero español necesita una nueva ronda de ayudas económicas o no. Porque en última instancia esa es la cuestión que está detrás del juicio sobre las cláusulas suelo españolas, cuya vista oral se celebró ayer en Luxemburgo. Eso sí,habrá que esperar al menos hasta el 12 de julio para saber las conclusiones del abogado de la Unión Europea y otros tres o cuatro meses para tener la sentencia firme.

Los 16 magistrados del máximo órgano de la Justicia Europea escucharon ayer a los representantes del Estado español y a los abogados de BBVA, Caja Sur y Banco Popular defender la legalidad de las cláusulas suelo que incluyeron en sus contratos hipotecarios y que limitaban la revisión de los intereses de las cuotas anuales al euríbor entorno al 3% y al 4%. Además, de apelar a la "seguridad jurídica" para evitar una revisión masiva de sus contratos. Mientras, los tres clientes afectados personados en la causa y el representante de la asociación de Ausbanc (cuyo fundador está actualmente en prisión) reclamaron la nulidad, pero sobre todo que no se limite en el tiempo los efectos de ésta, dado que son contrarios a la normativa española y a la europea que protege los derechos de los consumidores.

Más allá de estas posturas oficiales, toda la banca española, excepto el Banco Sabadell que sigue defendiendo que informó adecuadamente de sus riesgos, ha dado ya por hecho que sus cláusulas suelo son nulas, ha anotado las provisiones pertinentes en sus cuentas de resultados e incluso algunos han dejado de aplicarlas voluntariamente.

El nudo gordiano de esta cuestión es que esas provisiones están calculadas en función de tener que devolver las cantidades cobradas en exceso a los clientes desde el 10 mayo de 2013 y no desde 2009 cuando los suelos comenzaron a tener efecto en los clientes. Una decisión que responde en un 'regalo' que el Tribunal Supremo español hizo a la banca. Y es que, en esa fecha dictó una de las sentencias más conflictivas de su historia al reconocer la nulidad de las cláusulas suelo por estimar que los clientes no habían sido informados adecuadamente de sus riesgos, pero limitar su retroactividad a la fecha de la sentencia sin recurrir a ningún criterio jurídico para explicarlo. Según explica la sentencia, asumir la retroactividad completa "podría poner en riesgo la solvencia del sistema financiero".

Se eleva a Europa el problema

El revuelo causado por aquella sorprendente decisión derivó en que un abogado de Asubanc haya llevado hasta la Unión Europea el caso de un cliente de Caja Sur y a él se le hayan sumado otros dos afectados españoles.

Pero lejos de cualquier duda, el argumento parece seguir tan vigente como entonces para defender la posiciones de la banca. La agencia de calificación de riesgos Moodys advirtió hace unas semanas del impacto negativo que la devolución de la cláusulas tiene para la solvencia del sector financiero español, puesto que implica una reducción de ingresos, según datos de la consultora AFI de 5.269 millones de euros, que podrían incrementarse en otros 4.474 millones, si el TJUE se decanta por seguir las leyes que protegen a los consumidores y reconocer no solo la nulidad de las cláusulas sino también su completa retroactividad.

Ayer mismo, el Banco de España, azuzaba de nuevo ese mismo miedo con un informe en el que aseguraba que sin la limitación del Tribunal Supremo la banca habría tenido que pagar (devolver por cobros excesivos) entre 5.000 y 7.600 millones más y eso habría puesto en riesgo la estabilidad de la eurozona.

El lobby bancario, con el apoyo de Estado español, trabaja a marchas forzadas para evitar que el TJUE se pronuncie a favor de la retroactividad completa, aunque no lo tiene fácil. El TJUE ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre la debilidad de las leyes españolas para garantizar los derechos de los consumidores en los contratos hipotecarios. Sentencias como la del caso Aziz, declarando nulas por abusivas las cláusulas que condujeron a un desahucio por parte de Catalunya Caixa, han marcado la pauta para muchos juristas y magistrados españoles. Además, en julio de 2015, la Comisión Europea ya cuestionó la mencionada sentencia del Tribunal Supremo español. A esto se une el informe que los abogados de la Comisión Europea presentaron el pasado mes de octubre para el caso juzgado ayer, en el que se decantaban por cumplir la Directiva Europea de protección de derechos de los consumidores y reconocer la retoactividad total.

Caos jurídico sin precedentes

Esta variedad de posiciones jurídicas ha sembrado en España una situación de inseguridad jurídica sin precedentes. Desde mayo de 2013, conseguir una sentencia favorable a la nulidad de las cláusulas suelo y su total retroactividad ha estado ligado a la zona geográfica en la que se presentara la demanda. Como mostró la asociación Denunciascolectivas.com, con un representativo mapa, unas Audiencias Provinciales se decantaron por seguir la doctrina marcada por el Tribunal Supremo, mientras otras consideraron fuera de la lógica jurídica limitar la nulidad y se decantaron por seguir los principios generales del Derecho y la jurisprudencia marcada desde Europa. España se dividió en dos bandos clarísimos.

Esta dicotomía es la que ha permitido que hace menos de un mes, el Juzgado Mercantil número 1 de Madrid declarase nulas por falta de transparencia las cláusulas suelo de 40 entidades financieras tras una macrodemanda colectiva presentada por la asociación de consumidores Adicae en representación de 15.000 afectados y cuyos efectos, en caso de que la sentencia fuera firme, se extenderían a los dos millones de clientes que actualmente se estima que tienen todavía este tipo de cláusulas en sus hipotecas.

Esta sentencia, aunque recurrible, se ha leído como puntilla para anular las cláusulas suelo todo el sector financiero. Hasta tal punto que el propio Tribunal Supremo español ha decidido frenar los recursos sobre estos temas a la espera del resultado de la sentencia europea.

El resultado final de este juicio servirá como un termómetro de lujo para detectar si el sector financiero español está tan saneado como nos quisieron hacer ver los últimos test de estrés o si por el contrario necesita un nuevo impulso, aunque para ello sea necesario hacer equilibrismo jurídico.

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