El asunto de las pensiones será imposible que sea esquivado por el actual Gobierno de coalición. Las reformas de 2011 y 2013 garantizaban el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el largo plazo a través sobre todo de una reducción de la tasa de sustitución de las pensiones.
Ahora parece que se cambia el sistema y se vuelven a ligar las pensiones al IPC. De hecho ya vimos como el Gobierno ha subido las pensiones un 0,9%, una medida que afecta a más de 11,1 millones de personas pero que termina generando un déficit a largo plazo que actualmente es de 17.000 millones.
Como consecuencia de esta realidad inaudible, se debe actuar sobre los gastos, los ingresos o la edad de jubilación. Este Gobierno de la mano de su ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, persigue esa tercera opción que ya defendió en su etapa como presidente de la AIReF.
Acercar la edad de jubilación real a la teórica
La reforma de 2011 subió la edad de jubilación de los 65 años a los 67, de manera lenta y progresiva. Para jubilarjos en 2020 necesitaremos, 37 años cotizados o más para jubilarnos a los 65 años. Y, para periodos cotizados inferiores a los 37 años, la edad de jubilación se situaría en 65 años y diez meses.
No obstante, esto hace referencia a la edad de jubilación llamada "teórica" es decir en ese punto en el que los cotizantes deberían abandonar vida laboral y cobrar la pensión. Pero, hay otro concepto, la edad real de jubilación, y en España se sitúa en 62 años y tres meses. Por lo que vemos una diferencia de tres años entre ambas mediciones.
La idea que tiene Escrivá es que la edad de jubilación real se asimile con la teórica, y que, con las reformas que sean necesarias, nos plantemos en 2048 con una edad de jubilación real de prácticamente 66 años.
Esta medida no quedaría aislada. Bajo la AIReF se propuso que se buscara incrementar los años que se tienen en cuenta cálculo de la base de la pensión y pasar de los 25 años que estableció la reforma de 2011 a 35 años o incluso, aunque no hay datos para poder valorar el potencial ahorro para la Seguridad Social, extenderlo a toda la vida laboral.
También cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, haciendo que el Estado integre determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, mediante el traspaso de recursos desde otras partes de la administración. Es decir, que el Estado asuma la financiación de determinados gastos del Sistema de Seguridad Social que ahora soportan las cotizaciones.
Y por lo que hace referencia a los ingresos, se perseguiría un aumento del tipo actual de cotización por contingencias comunes (28,30% en el Régimen General) que se vería compensado con una reducción del tipo de cotización por desempleo. Cada punto de cotización por desempleo supone aproximadamente 3.000 millones de recaudación, por lo que, para obtener 10.400 millones de euros, habría que trasladar 3,5 puntos.
Se trata de un juego contable... El Sistema de Seguridad Social quedaría en equilibrio mientras que el SEPE pasaría a tener un déficit estimado de 9.000 millones de euros que sería financiado con transferencias de la Administración Central. De este modo se escondería ante la opinión pública el déficit para enfocarlo a un problema "de todos los españoles". Una idea que nos lleva a la ruptura de actual Pacto de Toledo.
¿Solucionar las pensiones con más inmigración?
Recientemente, en la reunión ministerial sobre Migración e Integración de la OCDE, el ministro ha puesto el acento en el factor inmigración para tratar de paliar el problema a largo plazo del sistema de pensiones: "la inmigración no es sólo un problema humanitario, sino que es una oportunidad para nuestro crecimiento y para la sostenibilidad del sistema de pensiones".
Específicamente apunta que, de media, necesitaremos 270.000 inmigrantes anuales de aquí a 2050. En otras palabras, de cara a mediado de siglo necesitaremos integrar 8,1 millones de inmigrantes.
Es interesante analizar este factor porque exise un profundo debate sobre si la inmigración genera un efecto positivo o negativo en los países de acogida.
Por un lado, si analizamos el mercado laboral a largo plazo, nos encontramos que la inmigración ha generado un efecto positivo para la economía, las cuentas de la Seguridad Social y en consecuencia, para afrontar el pago de las pensiones.
En base a los diferentes estudios como Borjas Aysa-Lastra y Cachón (2013) o Iglesias y Llorente (2008), los nacionales españoles se han visto beneficiados por la inmigración y que ello aporta complementariedad en la producción entre los inmigrantes y otros factores de producción.
La razón que subyace a esta conclusión es que históricamente podemos identificar un mercado laboral de dos niveles. En el primer nivel, tenemos salarios relativamente altos, mejores condiciones de trabajo, con capacidad de promoción laboral. Y, en un segundo nivel, se ofrece un salario bajo vinculado a una mano de obra de baja cualificación, con peores condiciones de trabajo y una incertidumbre.
Los nacionales se benefician de la inmigración debido a que los autóctonos y también aquellos extranjeros procedentes de países comunitarios o desarrollados tienden a encontrarse en el primer nivel identificado, mientras que los inmigrantes extracomunitarios caracterizados por una baja formación, se ubican en ese segundo nivel.
Como ejemplo ilustrativo nos encontramos la recogida de la fresa. En 2019, 23.000 plazas se habían presentado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para captar mano de obra para la recogida de la fresa en Huelva de las cuales solo se cubrieron finalmente el 4,2% de total, 970 personas. En conclusión, para su recogida, había que echar mano de la inmigración.
Dicho esto, lo cierto es que la tendencia global es dirigirnos hacía una economía mucho más automatizada en la que todos aquellos empleos de bajo valor añadido y con facilidad de ser automatizados serán reemplazados por máquinas con la finalidad de rebajar los costes unitarios en el proceso productivo.
Echar mano de la inmigración de baja cualificación en un momento en el que la revolución tecnológica se dirige hacia una realidad que tenderá potenciar el alto capital humano, dejando los trabajos del segundo nivel a las máquinas, desplaza a esa inmigración del mercado laboral.
Y, aquí está el debate, con una política de acogida como la que plantea el ministro, 270.000 inmigrantes año a año, existe el serio riesgo de que esa inmigración se generaría un ejército de reservistas sin demasiadas oportunidades laborales y que debería imputar ese coste de adquisición de capital humano a los nacionales, y también se financian las necesidades de consumo mientras no acceden al mercado laboral.