Con las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para revalorizar las pensiones, la pensión media ha cruzado el umbral de los 1.000 euros. Si la pensión media de enero se estableció en los 996,73 euros, en febrero escaló hasta los 1.006,85 euros.
Pero como siempre, las medias ocultan una realidad, la fuerte dispersión entre las diferentes pensiones sobre la cuál se establece el cálculo.
Según los datos de la Seguridad Social, la pensión por incapacidad permanente queda en los 986,30 euros, las de jubilación en los 1.156,26 euros (las prestaciones más altas), viudedad en los 722,65 euros, las de orfandad en los 409,63 euros (las prestaciones más bajas) y las de favor de familiares en los 586,03 euros.
Las cifras no dejan de crecer. Hoy tenemos en nuestro sistema de reparto 9.805.148 pensionistas que cobraron en el mes de febrero 9.872 millones de euros. Cifras que con el envejecimiento de la población y una revalorización vía IPC mermarian más la difícil situación de la Seguridad Social que ya acude a mecanismos de deuda para financiar el gasto.
Se rompen las reglas de sostenibilidad en la Seguridad Social
España suspendió las medidas como el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización que se impulsaron para hacer frente a las presiones financieras debidas al envejecimiento sobre las arcas de la Seguridad Social.
Esto significaba suspender las medidas decididas en la reforma de 2013 para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Se suspendió el Índice de Revalorización de las Pensiones, que indexaba las pensiones en los pagos desde 2014 en función del equilibrio financiero de las pensiones y del sistema de Seguridad Social.
Las pensiones en pago se incrementaron en línea con el IPC en un 1,6% tanto en el 2018 como en el 2019, mientras que de haberse aplicado la fórmula del índice sólo habrían aumentado en un 0,25%. El factor de sostenibilidad, que debía comenzar a aplicarse en enero de 2019 para ajustar las pensiones iniciales en función de los cambios en la esperanza de vida, se suspendió hasta 2023.
Este año, hemos seguido la senda de los años anteriores y se ha impulsado una revalorización de las pensiones del 0,9%.
Todo ello, mientras que año tras año el envejecimiento de la población se está acelerando en los países de la OCDE. En los últimos 40 años el número de personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar (20-64 años) aumentó de 20 a 31.
Para 2060, es probable que se haya casi duplicado hasta llegar a 58. En particular, se prevé que el envejecimiento de la población será muy rápido en Grecia, Corea, Polonia, Portugal, la República Eslovaca, Eslovenia. España sería el segundo país con mayor envejecimiento, solo superado de Japón.
Los datos actuales del INE reflejan que la proporción de la población de más de 65 años se encuentra actualmente en el 17%, equivalente a más de 7 millones de personas de los cuales aproximadamente el 25% tiene más de ochenta años.
Pero vamos con las proyecciones... Las estimaciones actuales señalan que los mayores de 65 años llegarán a representar más del 30% de la población para 2050, lo que se traduce en aproximadamente 13 millones de personas y el número de mayores de ochenta superará los 4 millones, lo que representa más del 30% de la población adulta total.
La elevada tasa de sustitución de las pensiones españolas
Si por algo destaca el sistema público de pensiones español es por la elevada tasa de sustitución, es decir, la pensión individual como porcentaje por los ingresos netos previos a la jubilación, teniendo en cuenta los impuestos a la renta personal y las contribuciones a la Seguridad Social pagadas por los trabajadores y pensionistas.
La tasa de las pensiones españolas ocupan el primer lugar dentro de la Eurozona y superan el promedio en 28,8 puntos (78.7% vs 49.9%) y una de las más altas del mundo.
Llegar a estos niveles de representatividad sobre el último salario no es fácil y tiene su trampa encubierta porque hay que señalar que se consigue vía deuda, más concretamente con un déficit del 1,4% de PIB español.
La Seguridad Social tiene un alto peso en el gasto público porque representan el 30% del gasto consolidado de las administraciones públicas en 2018, o más de 148.000 millones de euros.
Como hemos visto, no hay intención de ponerle freno a esta senda de gasto que se financia con deuda. Habrá que ver si los inversores están dispuestos a adquirir deuda para implementarla en gasto y refinanciar los vencimientos de deuda, en Grecia, dijeron basta y dependiendo de las inestabilidades presentes y futuras, no habría que descartar la misma decisión.