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La versión española de banco malo, Sareb, va tomando forma. Hoy el Banco de España ha dado a conocer la letra pequeña de este gigante financiero-inmobiliario sobre cuya espalda recae el saneamiento de ambos sectores, a partes iguales, y como consecuencia, de la economía española. Debemos recordar que este procedimiento se incluía en el Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado con Bruselas y constituye el paso siguiente a la auditoría de Oliver Wyman.
La sociedad estará plenamente operativa el 1 de diciembre y a la misma la banca nacionalizada tendrá que ceder el pufo del ladrillo y del suelo que aún “contamina” sus balances con un descuento medio de alrededor del 63 %, lo cual es una cifra bastante considerable de no ser porque casi con toda seguridad esos apuntes contables estarán inflados por las entidades bancarias para que la pérdida no sea tan notable, tal y como ya han descubierto algunos. En lo que respecta a los préstamos, el recorte medio será del 45,6 %.
Entre los activos adjudicados, los descuentos serán del 54,2 % para la vivienda nueva, el 63,2 % para las promociones en curso y el 79,5 % para el suelo. Este último es el que sufre el recorte más grande debido a que es el más difícil de colocar en el mercado y uno de los activos con los que más se ha especulado en los últimos años. Con respecto a los préstamos, esa golosina tóxica que el Gobierno se cree capaz de hacer rentable a largo plazo, los descuentos serán del 32,4 % para la vivienda terminada, el 40,3 % para la obra en curso y del 53,6 % para los créditos destinados a financiar el suelo urbano.
En principio se transferirá la nada despreciable cifra de 45.000 millones de euros procedente de las entidades ya nacionalizadas pertenecientes al Grupo 1 (Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixa Galicia y Banco de Valencia). Dicha cantidad se incrementará más adelante con la segregación y transferencia de activos del Grupo 2, aunque sin superar el límite de 90.000 millones de euros.
Pero lo más interesante de todo es analizar el plan de negocio con horizonte temporal a quince años y con el que el Gobierno pretende obtener una rentabilidad en torno al 14-15 %. Para que esto ocurra sólo pueden pasar dos cosas: primero, que el Gobierno no de salida a estos activos hasta que la inflación haya incrementado considerablemente su valor, para lo cuál aún tienen que pasar unos cuántos años; o segundo, que los precios de venta de estos activos sean superiores a los de su adquisición, lo cuál es más que probable y supondrá un duro revés si lo que pretendemos es pinchar de una vez por todas la burbuja inmobiliaria.
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