Redacción El Blog Salmón
EditorHay cosas que te hacen perder la fe en la humanidad, y esta es una de ellas. Mientras miles de personas extranjeras dan el paso de regularizar su situación tras años trabajando en la sombra, algunos empleadores responden con una estrategia tan cruel como eficaz: despedirlas justo cuando la solicitud ha sido admitida a trámite. No es una casualidad, es un cálculo frío donde la explotación laboral resulta más rentable que la legalidad.
El abogado laboralista Rafael Serrano ha puesto el grito en el cielo desde sus redes sociales: "¿Sabías que se están produciendo muchos despidos de empleadas del hogar porque han presentado la regularización? Ha sido admitida a trámite y sus jefes no les quieren dar de alta". La denuncia no es nueva —ya hemos hablado aquí de la situación de los trabajadores domésticos—, pero lo que estamos viendo este verano tiene matices especialmente escandalosos. Lo más sangrante es que estos despidos se están produciendo durante la tramitación de las solicitudes, coincidiendo con la regularización extraordinaria activada en 2026, un proceso histórico que recibió 1.174.978 solicitudes hasta el 30 de junio según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión.
La maniobra, explicada con la crudeza que merece, consiste en presionar a la trabajadora para que renuncie voluntariamente sin cobrar la indemnización por despido ni tener derecho al paro. "Lamentablemente hay muchos jefes que prefieren mantener la situación de semi-esclavitud que teníais vosotros y que renunciéis voluntariamente porque no os quiere dar de alta", sentencia Serrano. Y remata con contundencia: "No es legal, no es legal, es absolutamente ilegal". Detrás de esta práctica tóxica hay un cálculo perverso: si la trabajadora renuncia, el empleador se ahorra la indemnización por despido y ella corre el riesgo de perder el acceso a la prestación por desempleo, ya que una baja voluntaria no constituye, por sí sola, una situación legal de desempleo. En cambio, es vital recordar que las empleadas del hogar sí cotizan por desempleo desde octubre de 2022 y pueden acceder al paro a través del SEPE cuando cumplen los requisitos correspondientes. Como señala el letrado, la intención última puede ser sustituir a quien ha pedido regularización por otra persona sin papeles, aunque esta circunstancia procede de sus denuncias recogidas en medios como La Razón y no de una estadística oficial del Estado.
Lo más indignante es que España lleva años recibiendo avisos sobre cómo el despido improcedente es demasiado barato en nuestro país, un debate candente que ha llegado incluso al ámbito europeo y ha generado advertencias formales a España. Este caso de las empleadas del hogar pone de nuevo sobre la mesa ese problema: cuando el coste de despedir es irrisorio, la tentación de incumplir la ley puede aumentar enormemente. Y quienes pagan el pato son siempre los mismos: personas vulnerables que solo piden trabajar con dignidad.
Si estás en esta situación, Serrano es claro: "Si no te da de alta, envíanos un mensaje por interno o ponte en contacto con nosotros. Porque nosotros le vamos a recordar sus derechos laborales". El abogado insiste en que esa negativa a tramitar los papeles no es discrecional del empleador, ya que este tiene obligación de solicitar el alta ante la Seguridad Social e Inspección de Trabajo antes de que comience la prestación de servicios, con total independencia del número de horas contratadas.
Porque al final esto no es solo cuestión de burocracia o cuotas de cotización: se trata de derechos laborales básicos. Mientras algunos sigan tratando a las personas que cuidan sus hogares como meros instrumentos desechables, el resto de la sociedad debe seguir denunciando en voz alta que la explotación laboral no es un mal menor necesario, sino una grave vulneración de derechos que nos concierne a todos.
Imagen | Tareas del hogar. Liliana Drew (vía Pexels)
Ver 0 comentarios