Redacción El Blog Salmón
EditorCuando alguien reconoce en televisión que la medicación que toma para aguantar el dolor "es una bomba" y que no se ve capaz de ponerse al volante de un autobús con pasajeros, uno esperaría que la Administración le diera la razón; sin embargo, a Francisco, conductor interurbano entre Mataró y Barcelona, le ocurrió justo lo contrario: le denegaron la incapacidad permanente y lo devolvieron a la carretera.
El caso. Francisco arrastra desde hace años problemas musculoesqueléticos que, lejos de remitir, le exigen dosis cada vez mayores para soportar el dolor. Esto incluye analgésicos, antidepresivos y tramadol, un opioide para el dolor moderado o severo. "Todo eso en conjunto es una bomba", contó en el programa Y ahora Sonsoles, y recogió NoticiasTrabajo. A eso suma, denuncia, unas hernias cervicales que le presionan el cordón medular y que el tribunal médico no habría llegado a valorar.
Por qué se puede denegar, aunque parezca un contrasentido. En una incapacidad permanente no se valora la enfermedad en abstracto, sino si esas dolencias impiden desempeñar las tareas fundamentales de la profesión habitual. El tribunal médico (el Equipo de Valoración de Incapacidades) examina los informes y estima la "capacidad residual" del trabajador; si concluye que todavía puede ejercer, el INSS deniega. La medicación, por sí sola, tampoco zanja la cuestión: el tramadol lleva en su envase el pictograma que advierte del riesgo al conducir, pero la DGT sólo advierte, no prohíbe.
Deniega el INSS, lo corrige el juez. Y aquí está lo que Francisco intuye cuando dice que su caso "no es aislado": los tribunales llevan años enmendando estas negativas. El despacho Campmany documenta el caso de Sebastián, conductor de autobús con depresión severa e hipoacusia, al que su empresa declaró no apto, el INSS negó la incapacidad y una jueza terminó concediéndole la total (más de 1.400 euros al mes). La sentencia, apuntan, fue breve "porque en realidad no cabía mucha discusión": el propio perito del INSS había reconocido ya sus limitaciones, incompatibles con una profesión que exige agudeza y alerta constantes.
Cuando quien la retira es el propio Estado. El patrón se repite incluso cuando la Seguridad Social intenta quitar una incapacidad ya reconocida. El Blog Salmón contaba el de un conductor de 65 años con trastornos psiquiátricos crónicos al que la SS le retiró la pensión en una revisión de oficio: el tribunal se la devolvió (259.399 euros de coste capital), recordando que manejar un autobús con pasajeros exige "un estado de alerta absoluto" difícil de conciliar con su cuadro clínico.
Apto para el INSS no es lo mismo que apto para el volante. Conviene aclararlo, porque no todo depende del juzgado ni deja a los pasajeros a merced de la resolución. Que el INSS deniegue la incapacidad no obliga a Francisco a subirse mañana a un autobús: existe una segunda puerta, la del reconocimiento médico de aptitud laboral que realiza el servicio de prevención de la empresa. Ese examen persigue un objetivo distinto (proteger la salud y la seguridad en el trabajo, no conceder o negar una prestación) y puede declarar a un empleado "no apto" para su puesto aunque no tenga reconocida ninguna incapacidad.
El coste de tener razón. Conviene, con todo, una cautela. Nada de esto garantiza que Francisco vaya a ganar: cada expediente se decide por su propia prueba, y precisamente lo que él denuncia (que no se valoraron todos sus diagnósticos) es lo que un juzgado tendría que examinar. Lo que estos precedentes sí enseñan es otra cosa: que la denegación rara vez es el final, sino el pistoletazo de salida de un pleito que se prolonga meses.
Imagen | Conductor de camión. Mathias Reding (vía Pexels)
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