Victoria Ballesteros, experta en economía: "En junio notaremos un aumento de entre 10 y 20 euros mensuales por la retirada de las ayudas; no solo pagaremos más impuestos, también se encarecerá la factura de la luz"

El bolsillo de los contribuyentes se prepara para afrontar una nueva rampa de salida inflacionaria en sus recibos de suministros básicos. Desde el pasado 1 de junio, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad y el gas ha regresado de forma definitiva al tipo general del 21%, abandonando de este modo el gravamen reducido del 10% que se venía aplicando como medida de contención. Según explica la experta en economía de la Cadena COPE, Victoria Ballesteros, este movimiento regulatorio provocará que los hogares españoles asuman un encarecimiento medio del 15% en su factura energética mensual. La retirada del escudo fiscal se materializa además en un momento crítico: a las puertas de la temporada estival, un periodo donde el uso intensivo de los sistemas de climatización y aire acondicionado suele disparar el consumo eléctrico hasta un 30% adicional en las zonas con temperaturas más extremas.

El encarecimiento del recibo no se limita estrictamente a la subida de los tipos del IVA. La desactivación del paquete anticrisis diseñado por el Gobierno central para amortiguar el impacto derivado de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio también lleva aparejada la normalización del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que expira de su formato bonificado para saltar del 0,5% al 5% habitual. Victoria Ballesteros advierte de que el impacto directo acumulado se traducirá en un recargo de entre 10 y 20 euros mensuales para un hogar con un perfil de consumo medio en España. En lo que respecta al suministro de gas natural, un inmueble tipo que cuente con sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria experimentará una subida paralela que oscilará entre los 10 y los 25 euros al mes, estrechando de forma severa el margen de ahorro en la economía de bolsillo doméstica.

Fractura en el Gobierno

La retirada de estas bonificaciones fiscales ha encendido las alarmas en el plano sociopolítico y ha fracturado la sintonía del arco gubernamental. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha exigido de manera pública la aprobación "de manera urgente" de un nuevo real decreto-ley encaminado a recuperar las rebajas fiscales que acaban de decaer de manera definitiva. La líder de Sumar ha insistido en la necesidad de blindar el poder adquisitivo de las familias vulnerables ante el riesgo real de que las sucesivas olas de calor estivales impidan a miles de usuarios encender los aparatos de refrigeración por motivos estrictamente económicos. El encarecimiento de la energía se suma a un escenario de costes fijos elevados en el mercado de la vivienda, una problemática estructural sobre la que ya analizamos cómo las prórrogas estatales alteran los límites a la subida de los precios del alquiler.

Por su parte, el profesor de economía de Comillas ICADE, Carlos Victoria, ha alertado de que la coincidencia temporal de la subida de impuestos con el pico de demanda estival supondrá un obstáculo severo para la renta disponible. A pesar de la caída de estas ayudas estructurales, el Ejecutivo ha optado por mantener ciertas salvaguardas temporales debido a la evolución asimétrica de la inflación. Así, los carburantes conservarán de momento su IVA bonificado al 10% debido a que los índices de precios del refino no lograron perforar el suelo de contención fijado por el Gobierno en los meses previos.

Calendario y prórrogas

El mapa de las ayudas públicas en España afronta una fragmentación total de plazos en sus vencimientos. Mientras el IVA de la luz y el gas ya computa al 21%, el Ejecutivo ha mantenido bajo prórroga la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) —el tributo del 7% que grava a las compañías de generación— y los esquemas de protección del bono social eléctrico, que ofrece descuentos de hasta el 80% para consumidores vulnerables severos. Sin embargo, estas medidas de choque se adentran en territorio de descuento, lo que fuerza a vigilar de cerca la fecha de caducidad en el calendario fiscal.

La reactivación total de las cargas impositivas energéticas amenaza con consolidar un suelo de inflación subyacente difícil de combatir para el Banco Central Europeo. Para entender el impacto real de los costes fijos en los procesos de fabricación, es fundamental recordar el precedente inmediato del impuesto al plástico y su efecto dominó en los alimentos, donde los gravámenes indirectos terminaron trasladándose de forma íntegra al consumidor final en las grandes superficies. En el caso de la energía, el impacto del regreso al 21% se dejará notar de inmediato en las liquidaciones mensuales: para un abonado adscrito a la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, en la jerga) con una factura base de 80 euros, el simple ajuste fiscal elevará de forma automática el tique hasta rozar los 95 euros mensuales, congelando cualquier expectativa de alivio económico antes de que comiencen los meses con registros térmicos más elevados del año.

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