Los bienes públicos son uno de los ejemplos clásicos que todos los profesores de Economía ponen a la hora de hablar de fallos de mercado. Son bienes cuyo consumo no se puede impedir una vez producidos (por ejemplo, la luz de una farola), causando que los agentes individuales no tengan incentivos para producirlos (es más 'rentable' esperar a que lo produzca otro para luego disfrutarlo gratis). Su provisión recae por tanto en las instituciones públicas, como sucede con el alumbrado urbano o la defensa nacional.
Al hecho de que los bienes públicos puedan ser disfrutados por todo aquel en su radio de alcance se le denomina 'no exclusividad'. Pero los bienes públicos tienen otra característica fundamental: la 'no rivalidad'. Son bienes que no se 'agotan' por más consumidores que tengan (la luz de una farola es siempre la misma independientemente de que haya muchos o pocos vecinos en la calle que alumbra). Pero si el coste de añadir un nuevo consumidor es cero… ¡el precio para ese consumidor también debería ser cero! Esa paradoja impide que los bienes públicos puedan funcionar en un mercado competitivo, sujetos solamente a las leyes de oferta y demanda.
Históricamente, se ha considerado que los bienes públicos eran de ámbito estatal: los estados ejercen la soberanía en sus respectivos territorios y por tanto la producción de bienes públicos depende de las instituciones de cada país. Pero en el mundo actual el concepto de soberanía nacional es cada vez más limitado. Tratados comerciales, intereses económicos cruzados, redes de comunicación y, al fin y al cabo, el hecho de que compartamos un único planeta al margen de fronteras artificiales hacen que cada vez hablemos más de Bienes Públicos Globales, cuya producción requiere un esfuerzo conjunto de todos los estados.
