Cuando una vivienda recae en varios herederos y uno de ellos se atrinchera en la negativa a vender, el inmueble puede ser un problema. Es el régimen de proindiviso, también conocido como copropiedad, una figura jurídica que obliga a compartir la titularidad de un bien. Sin embargo, el ordenamiento español no exige perpetuar esta situación. Así lo ha explicado David Jiménez, un abogado experto en la materia.
La salida legal a este bloqueo se denomina extinción de condominio, un mecanismo que permite poner fin a la copropiedad y que puede facilitar que uno de los herederos se adjudique el 100 % de la propiedad compensando económicamente al resto. Como recuerda David Jiménez, el Código Civil ampara a quien desea salir de la comunidad de bienes. "Nadie puede permanecer en copropiedad obligatoriamente. Si uno dice, mira, yo no quiero tener una copropiedad con alguien, no estás obligado por ley a tenerla. ¿Qué tendrías que hacer? Iniciar un procedimiento judicial para salir y en última instancia, si nadie se pone de acuerdo, hay que sacar la casa a subasta. Seguramente no es la mejor solución, pero en ocasiones es la única que tienes".
La extinción del condominio, además, puede ofrecer ventajas fiscales frente a una compraventa tradicional. Mientras que la venta de una cuota de la vivienda puede tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), la extinción del condominio puede hacerlo por Actos Jurídicos Documentados (AJD), dependiendo de cómo se formalice la operación y de las circunstancias concretas. Esta diferencia puede suponer un ahorro, aunque conviene analizar cada caso para conocer su coste fiscal. En cuanto a la plusvalía municipal, su aplicación depende de las características de la operación, por lo que no puede descartarse de forma general.
El número de herencias que incluyen viviendas también refleja la importancia del patrimonio inmobiliario en España. Según el Consejo General del Notariado, en 2024 se tramitaron 279.438 herencias que incluían inmuebles, y cada una de ellas es un caso distinto a la anterior. Pero una cosa está clara: cuando no existe consenso sobre qué hacer con una propiedad heredada, mantenerla puede convertirse en una carga económica: los gastos de comunidad, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y las labores de conservación siguen generando costes mientras se prolonga el conflicto.
Imagen | Jakub Zerdzicki (vía Pexels)
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