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El 5 de febrero de 1919 se inició en Barcelona la conocida como huelga de "La Canadiense" contra la eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, siendo la entidad bancaria Canadian Bank of Commerce of Toronto, principal accionista. La raíz de la disputa fue el despido de ocho trabajadores por iniciar un sindicato independiente.

En el día del 23 de febrero se unieron a la huelga los trabajadores de la compañía Energía Eléctrica de Cataluña, consiguiendo detener por completo la actividad de las compañías eléctricas.Esta huelga se prolongó durante los días hasta alcanzar una paralización de 44 días convirtiéndose en huelga general, llegando a detener cerca del 70% de la industria catalana.

Finalmente, atendiendo a las reivindicaciones sindicales, el Gobierno en el Decreto de 3 de abril de 1919 se fijó la jornada máxima de ocho horas diarias, siendo España el primer país del mundo en establecer por ley la jornada laboral de ocho horas.

Los políticos repiten a cada momento lo afortunados que somos por pagar menos impuestos que los países más ricos del mundo y de Europa. De esta manera justifican tanto las subidas de los impuestos como el déficit público y el estado social español.

Pero la conciencia fiscal de los españoles se basa en ocasiones en datos falsos o percepciones subjetivas bastante alejadas de la realidad. Los diferentes datos de las encuestas realizadas por el CIS indican un creciente malestar con lo que se paga con los impuestos.

La idea de que varios servicios públicos deberían recibir más fondos públicos y la que creencia de que en España la presión fiscal es mayor que en los países más prósperos. Pero nos podemos preguntar: ¿es esto cierto?

Dinamarca ha logrado llevar a cabo un modelo laboral bajo el nombre "flexiguridad", la combinación de flexibilidad y seguridad para los empleados de todo el país. Este modelo tiene aspectos muy controvertidos como es el libre despido, los seguros privados de desempleo y no existe un salario mínimo por ley.

A pesar de ésto, las condiciones laborales están, en muchos casos, reguladas por los convenios colectivos (overenskomster) realizados por los principales actores del mercado de trabajo danés, es decir, los sindicatos y asociaciones de empresarios.

Los últimos datos de paro del mes de julio reflejan que el número de parados de los Servicios Públicos de Empleo ha descendido en julio en 83.993 personas en relación con el mes anterior. Esta es la mayor reducción en un mes de julio desde el año 1997.

Si nos centramos en los datos desestacionalizados, el paro ha reducido en 48.573 personas en el mes de julio. Se trata de la mayor reducción de toda la serie en un mes de julio. La variación mensual del paro desestacionalizado se ha reducido en 38 de los últimos 39 meses.

El total de contratos firmados fueron de 1.816.271 siendo el el mayor número de contrataciones de toda la serie histórica en un mes de julio. En referencia a la calidad del empleo, La contratación indefinida representa en julio un 7,6% de las nuevas contrataciones registradas, lo que supone un aumento del 11% frente al mismo mes del año anterior.

Si hace unos días nos preguntábamos si suponían una buena noticia los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), en esta ocasión toca analizar el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo publicados en el día de ayer.

Según el Ministerio de Empleo, el número de desempleados registrados en el antiguo INEM al finalizar el mes de julio se redujo en 83.993 personas en relación con el mes anterior (-2,23%), de forma que el paro registrado sigue bajando y se ha situado en 3.683.061 personas.

El gasto de incapacidad temporal al final de este año alcanzará los niveles más altos desde el año 2010, ya que llegará en torno de los 6.654 millones de euros.

No es la primera vez que Hacienda se queda corta con sus previsiones, ya que el pasado año tuvo que añadir 998 millones de euros al presupuesto para pagar todas las prestaciones, y este año parece que va a pasar lo mismo.

La duda que nos puede surgir: ¿Pero como ha evolucionado el gasto del Fondo de la Seguridad Social desde el inicio de las crisis en el 2008? Está claro que en estos últimos años la incidencia de la incapacidad temporal ha sido un gran protagonista de nuestra Seguridad Social.

El Gobierno en funciones del PP ha previsto para el año 2017 un aumento de las pensiones del 0,25 por ciento, el mínimo legal, y un aumento de los sueldo de los funcionarios del 1 por ciento.

Javier Maroto, vicesecretario sectorial del Partido Popular, quien ha comentado que el gobierno en funciones durante las próximas semanas van a prorrogar los ‘Presupuestos Generales del Estado del 2016’ para el año 2017 y en esta prorroga no se llevarían a cabo estas subidas.

Rajoy y Rivera están negociando a puerta cerrada un acuerdo para los ‘Presupuestos Generales del Estado del 2017’ para poder aplicar está subida.

Nos enterábamos la pasada semana y nos quedamos boquiabiertos. Según el Tribunal de Cuentas, alrededor de 30.000 fallecidos seguían cobrando una pensión por parte del Estado en el año 2014. Este desembolso a todas luces erróneo se elevaría a 300 millones de euros anuales -a razón de 25 millones mensuales-, una cifra que, de ser cierta, bien debería sonrojar al Gobierno.

Este dictamen por parte de una institución del calibre del Tribunal de Cuentas debería provocar un terremoto en la Seguridad Social en un momento especialmente dedicado para el organismo, pues la hucha de las pensiones sigue desangrándose con más de 9.000 millones de euros extraídos en julio para hacer frente al pago del IRPF de los pensionistas, entre otras cuestiones.

Las stock options son un complemento retributivo a trabajadores y directivos por la que se otorga el derecho a comprar acciones de la compañía a un precio de ejercicio o strike durante un periodo limitado de tiempo en cantidades enunciadas en el contrato de opciones.

El objetivo es que los trabajadores contribuyan a la mejora de los resultados de la empresa. Al aumentar el valor de la empresa, la cotización responderá paralelamente y les permitirá enriquecerse junto a la compañía.

Si a fecha de vencimiento, el precio de ejercicio de la opción es inferior a la cotización de las acciones, el trabajador podrá ejercer su derecho y seguidamente vender las acciones, obteniendo un beneficio. Por el lado contrario, si las acciones de la empresa se situaran a por debajo de del precio de ejercicio, evidentemente el empleado no ejercería el derecho de compra porque implicaría una pérdida en forma de coste de oportunidad.

El cometido de un sistema educativo es formar culturalmente a la población de un país, pero también es igualmente aportarles los conocimientos necesarios para que puedan incorporarse al mercado de trabajo (preferiblemente nacional), y así revertir al sistema beneficios en forma de impuestos, crecimiento, y progreso socioeconómico.

La realidad del mercado laboral español ha demostrado que el país no sólo no consigue recolocar a sus desempleados con la segunda tasa de paro más alta de Europa después de Grecia, sino lo que es peor, en un contexto con muchas familias sin trabajo y sin ingresos, las empresas tienen grandes problemas para cubrir las vacantes de sus trabajos cualificados, incluso aún ofreciendo salarios que multiplican por muchas veces el salario medio español.