Sergio Delgado
El poder acceder a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales desafíos de los ciudadanos. Todo un reto y una preocupación que no deja de crecer, tal y como indica cada barómetro del CIS.
Sin embargo, en esta lucha por conseguir comprar un inmueble -algunos llegan a estar incluso solo unas pocas horas en el mercado antes de su venta final-, hay quienes están haciendo caja con la situación: las propias Comunidades Autónomas.
El boom de ventas de viviendas está engordando las arcas públicas. De hecho, en los cinco primeros meses del año llegaron a recaudar 5.400 millones de euros. ¿Y cómo? A través de los actos jurídicos documentos (AJD) y las transmisiones patrimoniales (ITP).
La boyante situación del mercado indica que esto no va a parar, al menos, a corto plazo, sobre todo a tenor de las imparables ventas del mercado de segunda mano que ya son un 25% superiores a las del año pasado según datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda.
Mientras tanto, las comunidades autónomas están aprovechando este contexto para nutrir sus arcas públicas gracias a la imparable actividad en el mercado de la compraventa.
Las Comunidades Autónomas celebran sus récords fiscales
El incremento de la recaudación derivada de la actual crisis de la vivienda, no ha sido homogéneo. Pero absolutamente todos los territorios han experimentado avances.
Uno muy llamativo es el de la CCAA de La Rioja, donde los ingresos por ITP y AJD se han incrementado un estratosférico 425%. Le sigue Andalucía con un aumento del 55%.
Ninguna región se “salva”, sobre todo las costeras. Cantabria, Asturias, Murcia y las Islas Canarias también han aumentado la recaudación fiscal del 24%. En contraposición, el interior lo ha hecho de forma más moderada donde destaca el bajo 3% de Castilla-La Mancha. En este sentido, la búsqueda de viviendas cerca del mar ha marcado el paso de la recaudación fiscal.
Un boom de ventas de inmuebles que ha alegrado la hucha de las CCAA, asentándose como una prolífica fuente de financiación pública.
Lo de Baleares es digno de estudio
Pocas regiones en España, presentan la paradoja entre crisis habitacional y bonanza recaudatoria que las Islas Baleares.
En esta comunidad, los precios están tan sumamente altos que es casi imposible encontrar una vivienda y la que sale al mercado, es comprada por alguien en cuestión casi de horas.
No es de extrañar que el AJD y el ITP ya sean una importante fuente recaudatoria de su gobierno, del de antes (Francia Armengol) y del de ahora (Marga Prohens).
De hecho, de enero a mayo Baleares llegó a recaudar 351 millones de euros. Una cifra que ya representa el 22% de sus ingresos totales, y que duplica la media nacional.
El contraste entre la pérdida de residentes en Baleares por la imposibilidad de acceder a una vivienda y el aumento de ingresos públicos, dibuja con dureza el desequilibrio generado por la crisis de la vivienda en España.
Subida de precios y muchas más operaciones
Una de las claves de este repunte de la recaudación sigue siendo la combinación de: precios por las nubes y volúmenes elevados de operaciones.
En concreto, en los cinco primeros meses del año se realizaron casi 300.000 compraventas de viviendas, un 20% más que en el mismo periodo de 2024. Una cifra que no se veía desde los años previos del estallido de la burbuja en 2007.
Al mismo tiempo, los precios han acelerado su ritmo de crecimiento hasta máximos que no se veían desde hace casi dos décadas.
Esta dinámica también ha generado un mayor importe recaudado por operación, dado que el ITP se paga como un porcentaje del valor, al tiempo que incrementa su recaudación media por operación.
A este incremento de la rotación del parque de viviendas hay que sumarle un efecto de reajuste entre inversores que, ante la incertidumbre normativa, están vendiendo sus activos inmobiliarios y cristalizando así plusvalías, lo que también favorece las oportunidades fiscales de las CCAA.
El coste oculto para los compradores
Sin embargo, aunque la recaudación es buena para las administraciones, la crisis de la vivienda sigue dejando la compra de una casa fuera del alcance de miles de personas.
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es otra de las barreras. El ITP, que oscila entre el 6% y el 10% del valor de la casa en función de la comunidad, supone un importante pago por adelantado que compradores, especialmente jóvenes, deben hacer frente.
En muchos casos, esta cantidad total sería la diferencia entre poder adquirir una casa o no. A pesar de que el AJD sea menos cuantioso, también aporta dificultad para la operación.
El aumento de los ingresos derivados del ITP y el AJD es, sin duda, una buena noticia para las haciendas autonómicas. Les permite financiar servicios públicos y aumentar su autonomía fiscal.
Pero también es un síntoma de que el problema estructural de la vivienda no se está resolviendo en España, sino que está empeorando.
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