Sergio Delgado
La capacidad de las infraestructuras eléctricas de España no está evolucionando como debería. Esta situación ha llevado a la Comisión Europea a lanzar una nueva advertencia sobre la necesidad de acelerar las inversiones en redes eléctricas, almacenamiento e interconexiones para evitar problemas de competitividad, seguridad de suministro y aumento de los precios energéticos. No quiere oír de un nuevo apagón.
Dentro de las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre Europeo, Bruselas considera prioritario que España abandone progresivamente el denominado modo de operación reforzada de la red eléctrica.
Se trata de un mecanismo diseñado para garantizar la estabilidad del sistema en circunstancias determinadas, pero que está generando importantes repercusiones económicas.
Pero ¿cuál es la razón? la fórmula, inicialmente concebida como una medida preventiva, ha adquirido un carácter recurrente en determinados periodos, incrementando la dependencia de tecnologías convencionales para mantener la estabilidad del sistema eléctrico español
Un sistema que sigue dependiendo de los ciclos combinados
El modo de operación reforzada obliga al operador del sistema a recurrir con mayor frecuencia a centrales de ciclo combinado alimentadas por gas natural para garantizar parámetros técnicos esenciales, especialmente la estabilidad de la tensión en la red.
Aunque este recurso permite reforzar la seguridad del suministro, también supone una mayor utilización de combustibles fósiles en un contexto donde la Unión Europea busca acelerar la descarbonización de la economía y reducir la dependencia energética exterior.
Tras el gran apagón registrado el 28 de abril de 2025, se impulsaron diversas medidas correctoras basadas en las conclusiones técnicas elaboradas por los organismos europeos encargados de supervisar las redes eléctricas.
Sin embargo, las instituciones comunitarias consideran que estas actuaciones representan únicamente una parte de la solución y que es necesario abordar reformas más profundas.
El objetivo es lograr que el sistema eléctrico pueda operar con normalidad apoyándose en una mayor capacidad de red y almacenamiento, reduciendo así la necesidad de recurrir constantemente a mecanismos extraordinarios.
La expansión renovable avanza más rápido que las infraestructuras
Uno de los principales desafíos identificados por la Comisión Europea es el desequilibrio existente entre el crecimiento de la generación renovable y la capacidad real de las infraestructuras para absorber esa energía.
España se ha convertido en uno de los líderes europeos en potencia solar y eólica instalada. Sin embargo, numerosos proyectos se encuentran con dificultades para conectarse a la red debido a limitaciones técnicas, congestiones y retrasos administrativos.
La situación afecta tanto a nuevas instalaciones energéticas como a proyectos industriales que necesitan acceder a capacidad eléctrica para desarrollar sus actividades.
Según el análisis comunitario, la red de transporte y distribución requiere importantes actuaciones de modernización para adaptarse a un escenario donde la electricidad tendrá un papel cada vez más relevante en sectores como la movilidad, la climatización o los procesos industriales.
El almacenamiento energético sigue siendo insuficiente
El almacenamiento aparece como otro de los grandes retos pendientes según Bruselas.
La capacidad de almacenar energía resulta fundamental para aprovechar al máximo la producción renovable y garantizar el equilibrio entre generación y demanda.
Cuando existe excedente de electricidad procedente de fuentes solares o eólicas, las baterías y otros sistemas de almacenamiento permiten conservar esa energía para utilizarla posteriormente cuando sea necesaria.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla alcanzar 22,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento antes de finalizar la década. Sin embargo, a comienzos de 2026 las previsiones apuntaban a poco más de 8 gigavatios disponibles o comprometidos.
La Comisión considera que acelerar el despliegue de estas tecnologías será esencial para reducir restricciones, minimizar vertidos de energía renovable y reforzar la estabilidad de la red.
El impacto económico preocupa a Bruselas
Más allá de las implicaciones técnicas, la Comisión Europea también pone el foco en las consecuencias económicas derivadas de esta situación.
El mantenimiento prolongado del modo de operación reforzada genera gastos adicionales para el sistema eléctrico. Diversas estimaciones del sector cifran en alrededor de 2.300 millones de euros el impacto acumulado asociado a este mecanismo durante los primeros meses de 2026.
Estos importes terminan afectando de una u otra forma a consumidores domésticos, empresas e industrias intensivas en energía, especialmente en un momento en el que la competitividad energética se ha convertido en un factor estratégico para la economía europea.
La preocupación es aún mayor en sectores industriales que compiten en mercados internacionales y para los que cualquier incremento en la factura energética puede traducirse en una pérdida de competitividad frente a otros países.
La fiscalidad energética
El informe comunitario también analiza otro elemento relevante: la estructura impositiva aplicada a la energía.
Aunque Bruselas no plantea cambios concretos, sí observa que la diferencia entre los precios mayoristas de la electricidad en España y la media europea no siempre se traslada íntegramente al consumidor final.
Imágenes | Kyasarin, Vallentina_
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