El Gobierno fracasa con el precio del alquiler porque no entiende lo que funciona: construir más

El Gobierno fracasa con el precio del alquiler porque no entiende lo que funciona: construir más
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El precio de la vivienda en alquiler en España cierra el mes de enero con una subida significativa del 10,8% en comparación con el mismo mes de 2022. Su precio ahora es de 12,4 euros por metro cuadrado, lo que supone el mayor precio del alquiler de la serie histórica. El Ejecutivo se centra en su nueva Ley de Vivienda para frenar la subida del alquiler, pero no es consciente que la única forma es que la oferta responda a la elevada demanda existente, algo que no se cumple actualmente. Para ello, deben ponerse en funcionamiento planes estatales de construcción de nueva vivienda.

La Ley de Vivienda, pese a llevar más de siete meses en vigor, no ha conseguido frenar la subida desmedida del precio de los alquileres, por lo que el Gobierno de Sánchez demuestra nuevamente que da palos de ciego sin tener en cuenta la verdadera necesidad del país; faltan viviendas.

Ante la inestabilidad laboral, la elevada inflación y la subida de los tipos de interés, la movilidad de los empleados y el incremento de los movimientos migratorios provocan que haya un mayor número de personas buscando viviendas provisionales en toda España. No obstante, el problema de los precios del alquiler desorbitados, la escasez de oferta y las ínfimas prestaciones de la vivienda en alquiler en el país, se acentúa más en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

Si se realiza una comparativa mensual con diciembre de 2023, el precio del alquiler en España subió un 1,8% y un 4,5% más en la tasa intertrimestral, según datos del portal inmobiliario Idealista. Por consiguiente, se concluye que el hecho de arrendar una vivienda en España cuesta de media 12,4 euros/m2.

Queda demostrado que la Ley de Vivienda solo está generando una fuga de propietarios del alquiler permanente al de temporada, llegando en el último trimestre de 2023 a representar el 11% del mercado. Esto se traduce en un incremento interanual de la oferta del 58%, mientras que la de alquileres permanentes se redujo en un 15% durante el mismo periodo.

Las regiones con más subidas

Ahora los principales mercados y todas las capitales presentan precios por encima de los máximos alcanzados en 2008, año del estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’. En este sentido, Extremadura experimenta un incremento del 2,3%, seguida de: Cataluña (2%), Galicia (2%), Comunidad de Madrid (2%), Cantabria (1,9%), Canarias (1,5%), País Vasco (1,1%) y Andalucía (1,1%).

Así pues, las comunidades autónomas con precios más elevados de alquiler son actualmente Madrid (16,5 euros/m2), Cataluña (16,4 euros/m2), Baleares (16,2 euros/m2), Euskadi (13,4 euros/m2) y Canarias (13 euros/m2).

Si se analiza por provincias, el precio del alquiler se ha visto incrementado en 38 de ellas con respecto al mes de diciembre de 2023. Las que han experimentado una subida más destacada han sido: Segovia (4,2%), Pontevedra (4%), Lugo (3,3%), Cuenca (3,3%) y Cáceres (2,7%).

Todos los países de Europa occidental presentan problemas, aunque en el caso de España, el precio del alquiler supera en un 16% los precios de 2007. En otros países vecinos como Francia e Italia se sitúa en el 15%, mientras que Portugal o Reino Unido están por encima del 30-40%.

La solución: construir más vivienda

Parece que el Gobierno de Pedro Sánchez hace caso omiso a las indicaciones del mercado. Las tendencias alcistas solo demuestran una vez más, además del fracaso de su Ley de Vivienda, que el suelo español se ha quedado insuficiente y que necesita de un mayor número de viviendas para conseguir rebajar los precios desorbitados que imperan actualmente.

La solución pasa por construir una media de 761.000 casas destinadas a alquiler asequible durante la próxima década y 442.000 para alquiler social. La escasez de vivienda pública afecta a otros países de Europa, aunque si bien es cierto que la situación en España es preocupante.

Para ello, se requerirán fuertes inversiones de hasta 108.000 millones de euros, de los que un 24% (26.600 millones de euros) deberán salir de los Presupuestos y el resto de iniciativa privada. De igual modo, para el social, destinado a los hogares con menor capacidad adquisitiva, se destinarán otros 25.000 millones de euros del erario.

Los datos presentados por el INE en un estudio reciente señalan que los problemas de vivienda asequible en España afectan a 1,37 millones de los 1,8 millones de hogares que viven de alquiler a precios de mercado. De este modo, tres de cada cuatro familias se ven obligadas a destinar el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. El problema es que más de 1,2 millones de hogares (un 66%) tienen ingresos mensuales inferiores a los 2.000 euros, por lo que tienen que gastar más del 50% de su poder adquisitivo en pagar la casa.

El último estudio de previsiones de CaixaBank Research señala que la oferta de vivienda en España continúa siendo muy limitada e insuficiente frente a las necesidades del país por su evolución demográfica. De este modo, el número de visados de obra se encuentra muy por debajo de la creación neta de hogares.

De hecho, se espera que en 2024 se construyan 442 promociones residenciales, un total de 15.979 viviendas, teniendo en cuenta las licencias de obra concedidas por las diferentes administraciones locales. No obstante, a corto-medio plazo, no se prevé que la oferta residencial se incremente. Según los promotores, actualmente no existe suficiente suelo finalista ni una industria de construcción capaz de sustentar el desarrollo de la nueva oferta.

Necesidad de colaboración público-privada

El Gobierno de Sánchez prevé un 2024 con una edificación estancada en torno a las 100.000 viviendas anuales, por lo que el alquiler seguirá ganando cuota en el mercado, pues la creación anual de hogares duplica las casas que se edifican.

La clave pasa por establecer casas con rentas que se sitúen en torno a un 20% por debajo de los precios del mercado, indagando en proyectos de colaboración público-privada. De ahí el interés de la cesión del derecho de superficie con el que un privado construye y explota las viviendas hasta 80 años en régimen de arrendamiento a un precio tasado.

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