El Gobierno y la banca vuelven a verse expuestos a un enfrentamiento público. Y es que el Gobierno, en voz de la Vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha llevado a proyecto de ley la norma que regula la llamada Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.
Con esta defensa del cliente bancario, el Gobierno obligará a las entidades a pagar la cantidad de 250 euros a la nueva Agencia estatal, que contará con 250 empleados públicos según se ha informado desde el Gobierno, por cada reclamación que presente un cliente y su tramitación.
La base de la nueva Agencia de defensa del cliente bancario
La justificación de esta nueva normativa es, según se puede extraer de este Proyecto de Ley que, “el sector financiero presenta una serie de características que exigen un marco regulatorio y de supervisión específico, tanto para la protección de los intereses generales —entre otros, estabilidad financiera, y buen funcionamiento de los mercados— como de los individuales de los ciudadanos en tanto que consumidores de servicios financieros”.
Con esta ley, Calviño y el Gobierno de Pedro Sánchez pretenden facilitar la resolución de litigios que se producen entre los clientes y las entidades bancarias, en lo referente a los servicios financieros cubiertos, tales como los servicios bancarios y de pagos, los fondos de pensiones u otros medios de ahorro, la actividad de los fondos de inversión o la comercialización de seguros.
El enfrentamiento está servido
La medida del Gobierno pretende favorecer al cliente, pero pone de manifiesto también la picardía de la norma, y es que cualquier ciudadano podrá intentar obtener beneficios a base de presentar reclamaciones en diferentes bancos. La picaresca está ahora en manos de los ciudadanos que, podrían intentar sacarle algo de dinero a sus entidades a sabiendas de que el banco las concedería para evitar tener que pagar la tasa a la nueva Agencia.
Las voces contra la propuesta de Calviño no se han hecho de esperar, y ya se recogen críticas al respecto desde los principales bancos españoles, desde donde se afirma que “es un escándalo” la medida de la Vicepresidente. Desde las entidades bancarias se entiende que si un cliente presenta una reclamación aunque ésta no llegue a nada finalmente, el banco se verá obligado a pagar de todas maneras la cuantía fijada de 250 euros.
El juego entre banca y Gobierno está servido con los clientes por medio, y es que desde algunos ejecutivos afirman que ante tal medida, les interesará más abonar a los clientes 200 euros para evitar que presente la reclamación y de esta forma ahorrar al menos 50 euros por cada caso. Incluso se apunta que “pagar 245 sigue siendo más rentable a que se siga el trámite”.
Los diferentes sectores hablan
Por su parte, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha alertado también que “este sistema podría provocar que cualquier disputa por un importe inferior a la cantidad de la tasa sea aceptada por la entidad con independencia de que su comportamiento se haya ajustado o no a la normativa y a las buenas prácticas, puesto que continuar el procedimiento ante la Autoridad siempre sería más costoso”. Y añade que “podría generar un incremento de los conflictos entre clientes y entidades”.
El gobernador del Banco de España ha propuesto que se exploren otras alternativas como el cobro de la tasa en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad, y no solo las que sean tramitadas.
Desde la Asociación Española de Banca (AEB), se ha apuntado a la existencia de un riesgo de inconstitucionalidad por pretender “cubrir las necesidades de gastos del organismo sin conexión alguna con el importe de las reclamaciones”, como así ha expuesto su secretario general, Javier Rodríguez Pellitero. Para el secretario general de la AEB la nueva ley “no tiene ningún sentido”. El propio Rodríguez Pellitero advirtió sobre el riesgo existente de que la tasa provoque un efecto llamada.
El enfrentamiento está más que vivo, y es que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha defendido la propuesta de norma del Gobierno de Pedro Sánchez. García Andrés cree que aunque aumentarán las reclamaciones, éstas no serán tal, ya que solo unos 100.000 las presentarán, algo que supone para la nueva Agencia estatal unos ingresos de 23 millones de euros al año.
El proyecto de ley tiene como objetivo para el Gobierno, continuar avanzando en la defensa del ciudadano como cliente financiero, la mejora en formación financiera permitirá que éstos adopten mejores decisiones. Es por ello, que la ley establece también la obligación de fomentar la educación financiera en materia de ahorro, inversión, préstamo, crédito y gestión de deudas.
Desde el Gobierno se defiende esta ley con las numerosas ventajas para los clientes, y es que la presentación de la reclamación ante la entidad tendrá carácter gratuito y se resolverá en un breve plazo de tiempo, algo que lo enfrenta directamente a la banca española y de forma irrevocable.