Sergio Delgado
Enésimo supuesto caso de corrupción en la política española. En esta ocasión, es el que envuelve al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que ha sacudido los cimientos de uno de los ministerios más poderosos de cualquier Gobierno.
Tras más de siete años de investigación bajo secreto de sumario, los indicios de una presunta trama de corrupción empiezan a ver la luz. Según la tesis judicial, Montoro podría haber utilizado su influencia al frente del Ministerio entre 2011 y 2018para favorecer intereses privados vinculados a su antiguo despacho de asesoría, Equipo Económico (EE).
Los informes policiales y judiciales sostienen que, pese a desvincularse formalmente de EE al asumir la cartera ministerial en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Montoro mantuvo un vínculo indirecto con el despacho que él mismo fundó.
Desde entonces, EE habría operado como una especie de ventanilla obligatoria para empresas que buscaban beneficios fiscales, con la connivencia de altos cargos de Hacienda y mediante un entramado de relaciones que ahora está bajo la lupa de la Justicia.
Buscar un atajo contra la mano de hierro del ministerio
Cuando Montoro llegó al Ministerio en 2011, España atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia reciente. Con una política de austeridad sin concesiones y subidas de impuestos que le valieron el apodo de “maestro del austericidio”, sorprendió a muchos que ciertas reformas legislativas beneficiaran a sectores concretos.
Según un juez de Tarragona que instruye la causa, detrás de esas medidas podría esconderse una estrategia deliberada para favorecer a clientes del despacho EE.
Los Mossos d’Esquadra, junto con la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, han documentado cómo empresas que inicialmente veían frustrados sus intentos de conseguir ventajas fiscales recurrían finalmente a EE para lograr sus objetivos.
Un directivo de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) dejó constancia en su declaración de cómo la vía más rápida para suavizar las políticas impositivas pasaba por pagar los servicios de EE, que tenía “contacto directo con Montoro”, tal y como recoge el diario La Vanguardia.
El pase por la ventanilla de cobros del despacho
El análisis de la facturación de EE entre 2011 y 2019 revela pagos por valor de 779.705 euros efectuados por empresas gasísticas como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y la propia AFGIM. Según los Mossos, estos pagos se producían como condición para que Hacienda aceptara tramitar las reformas legislativas que favorecían a esas compañías.
La investigación apunta a que prácticas similares se extendieron a sectores como el del tabaco, la banca, el juego y las eléctricas.
Los informes de la policía autonómica ponen de relieve un patrón: las empresas pagaban a EE, que a su vez subcontrataba a otras consultoras para elaborar los informes técnicos necesarios, pagando a estas cantidades muy inferiores a las que facturaba a sus clientes.
El verdadero valor añadido de EE, según las sospechas judiciales, residía en su capacidad de influencia dentro del Ministerio.
La elaboración a la carta de la reforma que se quiere aprobar
El entramado de contactos dentro de Hacienda fue clave para que las reformas salieran adelante. El propio ministro, su director de gabinete y otros altos cargos tenían antecedentes en EE, formando un círculo de confianza que facilitaba el acceso de los clientes del despacho.
Según los informes policiales, una vez abonado el precio pactado, EE activaba una cadena de reuniones y contactos para que el cliente participara incluso en la redacción de los textos normativos.
Un ejemplo concreto es la Ley 28/2014, que benefició a las empresas gasísticas tras la intervención directa de estas en su redacción.
Años más tarde, la misma asociación de gasísticas colaboró en la modificación de un real decreto que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, con un redactado final elaborado por los propios interesados.
La contratación de informes más baratos a otras consultoras
Otro de los puntos clave de la investigación son los informes que EE facturaba a las empresas pero encargaba a terceros, como Ernst & Young (E&Y), a precios hasta diez veces menores.
Según los Mossos, esta práctica sugiere que la verdadera prestación de EE no era el trabajo técnico sino el acceso privilegiado al Ministerio. La policía sospecha también que la subcontratación podría haber servido para encubrir comisiones y disimular el importe real de los servicios.
Los investigadores detectaron que EE obligaba a las empresas a trocear las facturas entre varias sociedades, creando opacidad en los registros contables. Este procedimiento, según los informes, ayudaba a ocultar la naturaleza de los pagos y su relación con las reformas legislativas obtenidas.
El camuflaje de las reformas que “mantendría” la recaudación
A pesar de las justificaciones oficiales de Montoro de que las reformas no perjudicaban a las arcas públicas, los informes de la Agencia Tributaria de 2015 y 2017 evidencian que medidas como la reforma del impuesto sobre la electricidad de 2014 supusieron pérdidas millonarias en la recaudación.
Según los Mossos, las justificaciones de Hacienda para aprobar estas medidas presentan incongruencias, especialmente teniendo en cuenta la mayoría absoluta del PP en el Congreso, que garantizaba la aprobación sin necesidad de negociar.
Tras levantarse el secreto del sumario, tanto Montoro como EE han defendido su honorabilidad, calificando la investigación de persecución política. La causa, no obstante, sigue su curso con la imputación de 28 personas físicas y seis empresas, por delitos como tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
La investigación apunta a que, supuestamente, el Ministerio de Hacienda bajo Montoro fue diseñado para evitar obstáculos a sus decisiones, con un equipo de confianza en puestos clave. Entre los casos más llamativos está el de Pilar Platero, que fue socia de EE mientras ocupaba un cargo decisivo en la tramitación de las reformas, o el de Alberto García Varela, director general de Tributos que después pasó a ser socio de E&Y.
También el secretario de Estado Miguel Ferré aparece relacionado, con pagos recibidos de EE y sociedades vinculadas.
Las revelaciones de esta investigación han dejado al descubierto una posible simbiosis entre el poder político y los intereses privados, con reformas “a la carta” que habrían beneficiado a quienes podían permitirse pagar el precio exigido. O lo que es lo mismo, un nuevo caso de corrupción que no entiende de colores en la política española.
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