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Las promesas de gasto de España se disparan, toda la información

Las promesas de gasto de España se disparan, toda la información
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El nuevo Gobierno del PSOE lleva andando más de tres meses como Ejecutivo del Gobierno. Y para poner el acento en la cuestión social, no ha hecho otra cosa que promesas de incremento en el gasto público español.

Estas promesas vienen de la mano del margen que concedió Bruselas a España en los objetivos de déficit público. Por lo que el coste soportado lo soportará la montaña de deuda pública acumulada en la última década.

Gastar, gastar y gastar

Uno de los focos más importantes del incremento del gasto público lo encontramos en las pensiones. Si nos ponemos en antecedentes, el PNV negoció con el PP la revalorización de las pensiones para los PGE de 2018 con un 1,6% y para las mínimas, SOVI y las no contributivas fue del 3%. Este Presupuesto que tuvo la oposición del PSOE, lo ha terminado adoptando como propio.

El problema es que no hay partida presupuestaria para este gasto y que las cuentas de la Seguridad Social están seriamente dañadas con un déficit anual de 18.000 millones de euros. Esta medida tiene una repercusión sobre el gasto público de 1.600 millones de euros adicionales en 2018 y si se tiene en cuenta la subida de la base reguladora de las viudas -el 60% para 2019-, nos acercamos a una cifra de 2.000 millones de euros.

Entre las medidas del Gobierno del PSOE vemos la recuperación de la cobertura sanitaria universal, es decir no se imputa el coste o parte del coste al beneficiario directo sino al presupuesto.

Se presenta un coste estimado de unos 500 millones de euros anuales, teniendo en cuenta el coste que tenía la atención sanitaria a los ciudadanos sin papeles en 2012 (probablemente esta cifra en 2018 sea superior). Si al mismo tiempo se extiende la tarjeta sanitaria al conjunto de europeos -hecho que eliminó el anterior Gobierno- se añadirían 600 millones de euros más, alcanzando los 1.100 millones de euros en total.

Otro coste imputable a este Gobierno es la pretensión de bajar impuestos sin una compensación imputada en la bajada del gasto público. Nos referimos en este caso a que el Gobierno planea suspender temporalmente el impuesto del 7% a la generación eléctrica (no lo eliminan, lo bajan al 0% por la subida eléctrica). Esta medida recauda anualmente unos 1.500 millones de euros. Habrá que ver cuánto tiempo permanece en vigor para estimar su coste real.

En el terreno de infraestructuras el Gobierno también quiere gastar más con la suspensión de los peajes a las autopistas, después de finalizar la concesión, por lo que será Fomento quién se haga cargo de los gastos. Esta medida implica la asimilación de con la AP-1 entre Burgos y Armiñón (30 de noviembre), a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz (31 de diciembre de 2019). En conjunto, esta medida tendría un impacto estimado en 450 millones de euros.

Se persigue reforzar el empleo público. Se aprobó la mayor oferta de empleo público (OEP) en los últimos 10 años. En total, el Gobierno impulsaría 30.844 plazas este año. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no se ofrecen cifras estimadas del importe de esta medida.

A la par, el Gobierno aprobó el incremento adicional del 0,25% de las retribuciones del personal del sector público. En consecuencia, tenemos un aumento del 1,5% de las retribuciones del personal del Sector Público, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, que entraron en vigor al inicio del año y un incremento adicional del 0,25%, con efectos de 1 de julio de 2018.

Aprovechando el margen de Bruselas

Si se cuantifican todas las medidas anteriores, vemos una cifra que podría superar los 5.000 millones de euros. Y justamente una cifra muy parecida es la que concedió Bruselas al Ejecutivo para desde 2018 hasta 2021, 5.500 millones de euros.

Estabilidad

Que nos dejen margen para el déficit público ha sido una idea nefasta, implica seguir por la senda del deterioro de las cuentas públicas que incrementa el riesgo país. Un hecho que a día de hoy no tiene efectos sobre el coste de la deuda que refleja en el mercado secundario debido a la anestesia generalizada de bajos tipos del BCE e intervención vía QE.

En tiempos de recesión económica es normal que nos encontremos déficits por la caída de ingresos públicos y por el incremento de determinadas partidas como las prestaciones de desempleo, pero en un entorno de crecimiento de un 3% -y desacelerando la economía-, la Administración debería tener las cuentas estabilizadas y rebajar la relación deuda pública sobre PIB.

En 2014, la deuda pública sobre PIB alcanzó una relación del 100,4%. En estos años, la ratio ha bajado muy lentamente por los déficits acumulados y nos encontramos a cierre de 2017 con una relación del 98,3% sobre PIB. Si la Administración hubiera mantenido la estabilidad presupuestaria en estos años, se hubiera conseguido año tras año una rebaja de 4 puntos en esta ratio fruto del crecimiento nominal del PIB.

Deu

Si en las etapas recesivas el Estado incrementa sustancialmente sus ratios de deuda pública y en tiempos de crecimiento esta relación disminuye muy lentamente, en algún momento los inversores dirán: Basta! No nos fiamos del cumplimiento de los pagos de este emisor. Y obviamente, el coste de la deuda, tal y como le pasó a Grecia, lleva a la imposibilidad de financiarse.

Si no hay más deuda, hay más impuestos

Cuando el Estado pretende incrementar el gasto público lo hace por dos vías. La primera es el expolio de las rentas presentes mediante impuestos y la segunda, mediante el compromiso de las rentas futuras, es decir, endeudándose. Como dice el profesor Carlos Rodríguez Braun, "La última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná".

Se tiende a vender que en España se pagan pocos impuestos y para los que defienden el gasto público y su incremento, hay que exprimir más las rentas de la sociedad civil en favor de la centralización de las decisiones que forma el Estado.

La justificación en base a ese razonamiento es sesgar los datos mediante la ratio ingresos públicos sobre PIB. En el año 2017 la ratio española era del 37,9% sobre PIB, siendo el cuarto país que menos recauda de la Eurozona y lejos de los niveles de la Unión Europea y la Eurozona, 44,9% y 46,2% respectivamente. A partir de ahí, nace la conclusión... Hay que igualarse a Europa y pagar más impuestos!

El gran error de este dato es que nos estamos comparando con la 'Champions League' de los expoliadores a nivel mundial. Algo más razonable sería, dado que nos encontramos en una economía global, compararse con el promedio de la OCDE ya que integra en conjunto de las economías desarrolladas. El promedio de la OCDE se sitúa en el 34% sobre PIB, cerca de cuatro puntos de PIB por debajo de los niveles de España ¿Nos igualamos al conjunto de las economías desarrolladas?

No obstante, la ratio ingresos fiscales sobre PIB es una ratio puramente recaudatoria, al ciudadano de a pie lo que verdaderamente le importa es "de lo que gana, lo que paga" y para ello, hay que fijarse en la cuña fiscal que mide el porcentaje del coste laboral que soporta el IRPF, Contribuciones de la Seguridad Social del empleado y Contribuciones Seguridad Social del empleador.

Los datos de la cuña fiscal española muestran que la cuña fiscal española es un 6,8% más elevada que en la media de las economías desarrolladas: 38,34% en España para 2016 y 35,9% dentro del promedio de la OCDE.

A pesar de esto, los impuestos directos no representan todos los impuestos que el ciudadano soporta. Hay que tener en cuenta todo el conjunto de impuestos que afecta al coste laboral medio para hacernos una idea de la carga impositiva que se le repercute al ciudadano y de ahí nace el término Día de la Liberalización fiscal, es decir, el día que el trabajador deja de trabajar para el Estado y empieza a trabajar para sí mismo.

Liberalizacion

De acuerdo con el documento Think Tank Civismo, las jornadas dedicadas a pagar impuestos son 177, lo que nos lleva a que el día 27 de junio sea el día de la Liberalización Fiscal en España. En otras palabras, prácticamente después de seis meses trabajando, uno puede utilizar su renta para hacer frente a sus necesidades.

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