Sergio Delgado
España vive una situación inédita en lo que a bajas por incapacidad temporal se refiere. Y como no podía ser de otra manera, con los datos sobre la mesa, la polémica en el ring político está servida.
Los datos son atronadores. Según registros de la Encuesta de Población Activa, durante el segundo trimestre de este año, la incidencia de estas ausencias ha afectado al 4,805% de los trabajadores asalariados, una cifra ligeramente inferior al 4,827% registrado en el mismo periodo del año anterior.
Aunque la diferencia es mínima, supone el primer descenso interanual desde 2023 y rompe la tendencia al alza que se venía observando. Aunque eso sí, este leve retroceso llega después de que en el primer trimestre de 2026 se alcanzara un máximo histórico del 5,111%.
Además, por si fuera poco, las cifras actuales siguen situándose por encima de las registradas durante la pandemia, cuando la incidencia alcanzó el 4,54%. También se mantienen muy lejos de los niveles de 2007, año en el que se registró el mínimo histórico con una tasa casi dos puntos inferior a la actual.
Y claro, el aumento del número de procesos y del gasto asociado a estas bajas reabre fantasmas del pasado: ¿es necesario endurecer las consecuencias para los trabajadores con el objetivo de reducir las ausencias por enfermedad?
Las patronales CEOE y Cepyme llevan tiempo denunciando que el incremento del gasto por incapacidad temporal (IT) supera ya los 33.000 millones anuales y exigen una solución.
En el barro político, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado este verano sobre la posibilidad de que los empleados en baja perciban una menor retribución.
Sin embargo, aunque la legislación ya contempla una reducción económica durante la incapacidad temporal, hay convenios colectivos que complementan esa diferencia, de modo que muchos trabajadores mantienen prácticamente intactos sus ingresos. No pasa nada.
Entonces, ¿se debe facilitar el despido o reducir los incentivos económicos para conseguir un efecto real sobre el número de bajas?
El crecimiento de las bajas no responde únicamente al estado de salud
Para explicar la evolución de las incapacidades temporales hay que fijarse en dos factores importantes.
Por un lado, influyen cuestiones estructurales, como el envejecimiento de la población trabajadora o la mayor presencia de enfermedades crónicas. Y, por otro, existe el denominado efecto comportamiento, relacionado con los incentivos y circunstancias que condicionan la decisión de iniciar o prolongar una baja.
Actualmente, diversos análisis apuntan a que este segundo componente representa una parte importante del incremento acumulado de las incapacidades temporales. Sin embargo, identificar qué factores concretos lo provocan resulta mucho más complejo.
La reforma laboral de 2012 cambió las reglas
Uno de los elementos que vuelve al debate es la modificación introducida en 2012 en el Estatuto de los Trabajadores.
Aunque el despido objetivo por faltas reiteradas ya existía con anterioridad, la normativa imponía requisitos tan estrictos que apenas podía aplicarse.
La reforma aprobada ese año flexibilizó las condiciones para extinguir el contrato cuando se acumulaban determinadas ausencias justificadas, incluidas algunas derivadas de incapacidad temporal.
No obstante, aquella modificación generó una intensa controversia jurídica. Se introdujeron excepciones para proteger determinados tratamientos médicos y enfermedades graves, pero el asunto terminó llegando a la justicia europea, que cuestionó algunos aspectos de la regulación por su posible carácter discriminatorio.
La derogación de 2020 eliminó esa posibilidad
El panorama volvió a cambiar en 2020. El Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos optó por eliminar completamente ese apartado del Estatuto de los Trabajadores en lugar de modificarlo.
Desde entonces, algunos sectores sostienen que la desaparición de esta posibilidad habría contribuido al aumento de las bajas laborales al reducir el riesgo de perder el empleo por ausencias reiteradas.
Los datos muestran una realidad mucho más compleja
Existe una relación conocida entre desempleo e incapacidad temporal. Cuando el paro aumenta, el temor a perder el empleo suele reducir el número de bajas. En cambio, durante los periodos de fuerte creación de empleo esa presión disminuye y las ausencias tienden a incrementarse.
Una vez descontado ese comportamiento, aparece un "residuo" estadístico que puede atribuirse a otros factores, entre ellos posibles cambios legislativos.
Los registros muestran que durante los años en los que estuvo vigente la reforma de 2012 ese residuo permaneció contenido, incluso cuando la economía comenzó a recuperarse.
Sin embargo, tras la derogación de 2020 la evolución quedó completamente alterada por la pandemia, lo que dificulta separar el efecto de la ley del impacto sanitario excepcional provocado por la COVID-19.
En definitiva, el comportamiento de las incapacidades temporales depende de numerosos elementos: condiciones laborales, salud mental, envejecimiento de las plantillas, presión asistencial sobre el sistema sanitario, tiempos de recuperación, organización empresarial o facilidad para acceder a determinados tratamientos.
Por ello, ¿es lógico pensar que facilitar el despido reduciría por sí mismo las bajas laborales? De momento, una vez más, nadie se pone de acuerdo.
Imágenes | El correo, Rex Pickar
Ver 1 comentarios