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Tres indicadores económicos que dicen que no habrá independencia de Cataluña

Tres indicadores económicos que dicen que no habrá independencia de Cataluña
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Según a quién preguntemos, existe un fuerte apoyo empresarial en el porvenir de Cataluña en su 'procés' independentista, mientras que otros dan más peso a la existencia de un miedo o incertidumbre sobre el porvenir de Cataluña dentro del marco autonómico español. Y es que según qué datos económicos tomemos como referencia, la conclusión puede ser una u otra.

En referencia a datos que invitan al optimismo y al apoyo empresarial del 'procés', los últimos datos reflejan que en 2016 Cataluña creó cerca de 22.000 empresas, lo que supone un aumento del 16,4% frente al año anterior, siendo, en términos absolutos, la comunidad autónoma que más sociedades registró en 2016.

Por su parte, tenemos otros datos que indicarían cierto miedo o incertidumbre en el desafío independentista... Tal y como publicó Expansión, la deslocalización de empresas de Cataluña se ha incrementado en 2016, con el traslado de 271 empresas a otras comunidades autónomas. Estas 271 compañías que se trasladaron a otras comunidades tienen una facturación de 909,7 millones de euros al año, más del triple que la cifra de negocios de las compañías que se fueron el año anterior.

En Expansión señalan que esta fuga de empresas se debe principalmente a a los elevados impuestos, al aumento de la presión regulatoria y a la incertidumbre por el desafío independentista.

Como vemos, ambos datos parecen llegar a una conclusión opuesta, lo que puede confundir a cualquier lector... Para analizar si 'el dinero' de verdad está temeroso ante una futura independencia de la comunidad autónoma catalana, nos centraremos en los indicadores más relevantes que miden la percepción del riesgo país.

El bono español a diez años no descuenta la pérdida del 19% del PIB español

En la actualidad, los inversores carecen de miedo ante una eventual secesión unilateral de Cataluña. Un indicador económico para evaluar el sentimiento o la confianza de los inversores sería el bono español a 10 años.

Si los inversores creyeran que de un día para otro el 19% del PIB español se evaporaría sin acuerdo alguno, de manera inmediata y unilateral, estarían vendiendo los títulos de deuda española ante el aumento del riesgo de impago por los menores recursos gestionados 'ipso facto'.

Este pánico en el mercado harían disparar los intereses de los bonos, por lo que el Tesoro Español tendría serias dificultades para financiarse. Sin embargo, la realidad es muy distinta, en la actualidad el bono español a 10 años cotiza con una TIR de 1,57%, mostrando unos niveles absolutamente ridículos que en ningún caso descuentan un escenario de tensión en materia de deuda.

Bono Espano A Diez Anos

A pesar de ésto, muchos podrían pensar que el mercado de deuda no refleja dichas expectativas porque el Banco Central Europeo está interviniendo el mercado secundario de deuda con el fin de abaratar los intereses a largo plazo y por ello, no es significativo cómo está cotizando en la actualidad el bono español.

Si bien es cierto que el BCE está distorsionando el mercado de bonos, eso no significa que el riesgo relativo de cada país no quede proyectado en los diferenciales de rentabilidad. Por ejemplo, el menor crecimiento de Italia, los problemas de morosidad bancaria y una deuda publica que supera en 132% de su PIB han llevado al bono italiano 10 años a cotizar con una rentabilidad del 2,20%.

Spread

Es decir, la deuda a 10 años española cotiza con un diferencial negativo de 54 puntos básicos frente a la italiana por el menor riesgo. Y sin lugar a dudas, una secesión unilateral de uno de los motores económicos de España tiene más peso que un menor crecimiento con problemas de morosidad bancaria en un país, por lo que el bono español a 10 años debería estar cotizando muy por encima del 5%, si se descontara semejante riesgo.

¿Existen fugas de capitales?

Otro de los indicadores interesantes, sería conocer si se están produciendo fugas de capitales desde Cataluña hacia el resto de España. Pues en un supuesto de futura independencia, la incertidumbre de un marco jurídico por elaborar y supervisión bancaria o divisa establecida, llevaría a que muchos inversores y depositantes movieran su dinero a entidades con domicilio fiscal fuera la de Cataluña o transformar sus activos en efectivo.

Si nos situamos en precedentes, en el referéndum del 18 septiembre 2014 en el que se decidió la vinculación de Escocia con el Reino Unido, se produjeron previamente movimientos de grandes cuentas de patrimonios desde las principales entidades financieras escocesas como Royal Bank of Scotland y Lloyd's Banking Group hacia bancos ingleses.

Durante el periodo previo al referéndum de independencia en Escocia, la gran pregunta era si el dinero estaba seguro en un banco escocés y existía una incertidumbre tanto por el marco regulatorio de las entidades escocesas, como su vinculación con la libra esterlina y fruto de ese escenario de incertidumbre se produjeron las fugas de capitales.

caixa

A día de hoy, no se esta presenciando ningún tipo de fuga de capitales desde La Caixa o bien el Banco Sabadell como planes de contingencia para estar al resguardo de una eventual independencia de Cataluña, por lo que tampoco se refleja desde los depositarios un temor de una secesión unilateral de la credibilidad autónoma.

Rating Cataluña en bono basura a nivel de Kenia

A día de hoy, el rating de Cataluña se encuentra en bono basura, pues las principales agencias de calificación mantienen el siguiente rating:

  • Moodys: Ba3 con perspectiva negativa desde el 26 de mayo de 2016.

  • Fitch: BB con perspectiva negativa desde el 12 de noviembre de 2015

  • S&P: B+ con perspectiva negativa desde el 18 de marzo de 2016.

Los actuales niveles de ratings hacen inviable la financiación a los mercados de la autonomía y mucho menos de un futuro estado. Para entendamos qué significa este rating, supone un impago selectivo. No obstante, este impago no llegará a debido a que la deuda catalana ha sido intervenida mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Las actuales calificaciones de deuda implican una valoración de rating similar a Albania, Kenia o Ruanda pero que carece de importancia por el respaldo del FLA que permite financiar los vencimientos de deuda que se van produciendo.

La perspectiva negativa que se valora y puede ser el escenario más relevante a tener en cuenta es la existencia de riesgos políticos que impliquen la retirada del apoyo estatal a medio plazo, especialmente a la luz del referéndum sobre la independencia de Cataluña prevista en septiembre de 2017 de acuerdo con la agenda del gobierno autonómico.

Para este año, en deuda a largo plazo, Cataluña se enfrentará a 5.466 millones de euros, mientras que la deuda a corto plazo será de 4.429 millones de euros, y se estima que para ello, deberían pedir al FLA 7.500 millones de euros.

El rating como indicador funcionó muy bien con países como Grecia pues la imposibilidad de financiarse en los mercados llevó, en última instancia, a que Grecia cediera en su posición inicial en la que se negaba a aplicar las medidas de las 'instituciones', una posición del 'NO' que incluso fue votada en el referéndum del 5 de julio de 2015.

¿Por qué no hay miedo?

La realidad es que inversores y depositantes, es decir el dinero, no le dan importancia alguna al llamado 'procés', por la sencilla razón de la falta de credibilidad del mismo para que éste suponga riesgo tanto para el futuro de España o Cataluña. En ningún escenario, se descuenta que para el próximo septiembre, en la que previsiblemente se realizará otro referéndum tipo 9N, se produzca la secesión unilateral.

En primer lugar, para que el 'procés' suponga un riesgo real para España o Cataluña, debería ser acordado con el Estado. Es decir, el único escenario viable y legal para una futura independencia sería el referéndum pactado. Dado que la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados no está dispuesta a ceder en esa posición, en esta legislatura no veremos un escenario de independencia de Cataluña.

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El escenario más probable, a día de hoy, es la materialización del acuerdo de financiación, en la que se mejoren reclamaciones existentes de Cataluña que podría instaurarse mediante una determinada cesión de competencias, o enmarcado dentro de una reforma global en la financiación autonómica.

En última instancia, y de manera excepcional, en el supuesto de incumplimiento por aquéllas de obligaciones impuestas por la Constitución en las leyes o en actuaciones que atenten gravemente al interés general de España se llevaría a la aplicación de articulo 155 de la Constitución, lo que se conoce como 'suspensión de la autonomía'.

Esta medida extraordinaria permite que el marco regulatorio actual no quede alterado en la Comunidad Autónoma de una día para otro y que las obligaciones fiscales se mantengan, no generando un escenario de incertidumbre en el funcionamiento de la administración autonómica, los servicios sociales, la legislación de empresas y trabajadores, etc.

Utilizando un símil, imaginemos que el barrio de Salamanca de Madrid, votara en un 'referéndum' sobre cuál será el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que se realizará al municipio madrileño para este ejercicio y que la decisión final fuera directamente no abonar el impuesto municipal.

Dado que el Barrio de Salamanca carece de la competencia para determinar el pago del IBI, en primer lugar, el municipio notifica la existencia de la deuda a los particulares y el recargo aplicado y de no hacerse efectivo, se procede al embargo de cuentas bancarias, nóminas en un determinado porcentaje y en última instancia y como supuesto extraordinario, responde la propiedad inmobiliaria para afrontar no sólo el impuesto sino las costas e intereses generados.

Es decir, en ambos casos no existe la cesión de competencias y se cumplen las obligaciones determinadas ya sea mediante la aplicación de medidas ordinarias o bien extraordinarias, por lo que no existe motivo alguno para que 'el dinero' tema una futura independencia de Cataluña, aunque ello pueda implicar un mayor número de tensiones entre ambas administraciones públicas o incluso la suspensión de la administración catalana en el supuesto más extraordinario.

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