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¿Qué tiene que pagar la Sanidad pública y qué tiene que quedar fuera en políticas reproductivas?

¿Qué tiene que pagar la Sanidad pública y qué tiene que quedar fuera en políticas reproductivas?
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Ana Mato volvió a destapar la caja de los truenos de las políticas correctas de cara a la opinión pública cuando la semana pasada, voces autorizadas del Ministerio de Sanidad, afirmaron que los tratamientos de fertilidad se aplicarían a mujeres que tuvieran problemas reproductivos, como cobertura sanitaria.

Esta frase, deja fuera a madres solteras o parejas lesbianas que no cuentan con el apoyo de varón, rescatando una expresión usada por la ministra de Sanidad para referirse a que la falta de varón no es un problema sanitario. Y el caso es que por más que le pese a muchos, estas palabras son completamente ciertas desde la óptica del Ministerio de Sanidad que debe limitar sus actuaciones al ámbito sanitario y dejar para otras partidas de gasto público otras coberturas.

La financiación de la reproducción, a debate

Actualmente, el acceso a la sanidad pública para la reproducción asistida está en manos de las autonomías y cada una de ellas decide qué tratamientos financia y cuáles no. Por ejemplo, Euskadi o Andalucía financian este tipo de tratamientos para mujeres fértiles sin entrar a valorar su sexualidad previa o la existencia o inexistencia de varón.

Por contra, en otras autonomías, estos tratamientos para mujeres fértiles no son financiados y tienen que recurrir al tratamiento privado con el consiguiente coste económico para la mujer que quiere quedar embarazada. Como suele pasar con las transferencias autonómicas en sectores claves, como es Sanidad, en función de la comunidad en la que residamos tendremos unos derechos sanitarios o no.

En este tipo de cuestiones reproductivas, tenemos una cuestión fundamental y es que en todo el debate, se pierde el horizonte de la capacidad económica y la financiación desde otros frentes de dinero público, como pueden ser las partidas de asuntos sociales y no las sanitarias, aunque el tratamiento en sí, sea un procedimiento sanitario. Desde luego, afrontar el proceso de reproducción bajo una óptica médica, en el caso de que no existan problemas de fertilidad, es un atropello, puesto que podemos partir de la premisa que la homosexualidad es un problema médico, que es una barbaridad realizar esa premisa o que una mujer sola tiene un problema médico.

El derecho a tener un hijo y la discriminación legislativa

Según nuestra legislación, tener un hijo es un derecho personal que no está recogido en ningún punto más allá del propio control de la población y políticas macro de natalidad. Lo que suele pasar con estas legislaciones, que se entona la frase políticamente correcta que pasa por pagar el tratamiento de reproducción asistida a todo aquel que lo demande sin necesidad sanitaria porque queda muy cool y guay. Por contra, pagar unas gafas, lentes de contacto o audífonos, que usan millones de personas, no es cool y ahí si entra la financiación privada sin corte de ningún tipo.

Bajo ningún concepto la Sanidad de usarse para financiar asuntos médicos que no son tales y si realmente se quieren hacer políticas de inserción, sólo se debería financiar mediante asuntos sociales, a aquellas personas que quieran tener un hijo sin problemas reproductivos pero que demuestren fehacientemente que no tienen capacidad económica para afrontar el tratamiento.

Por último, aquellos que ven discriminación por motivos sexuales respecto la reproducción de parejas lesbianas, deben hacérselo mirar, porque aquí si tenemos bancos de esperma pero por ejemplo, un hombre solo o una pareja de hombres, no tiene opción legal de concebir su propio hijo con su semen al no existir una figura legislativa de vientre de alquiler o algo parecido.

En El Blog Salmón | ¿Qué es la Sanidad Pública y cómo funciona?, ¿Quién tiene derecho a la sanidad pública "gratuita" en España? Imagen | Xoan Baltar

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