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¿Se atreverá el gobierno a bajar las pensiones con un IPC negativo?

¿Se atreverá el gobierno a bajar las pensiones con un IPC negativo?
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En el mes de mayo vimos como la variación anual del IPC del -0,9%, lo que se sitúa dos décimas por debajo del dato registrado en el mes de abril.

El gran catalizador de esta bajada es una variación del -8% en el transporte, debido a que los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte personal y, en menor medida, de los automóviles han descendido durante el mes, mientras que en mayo de 2019 se incrementaron.

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Al hundimiento de los precios de la energía, se suma que la pandemia ejerce una presión a la baja sobre los precios porque el efecto de la menor demanda superará los aumentos de precios provocados por las interrupciones de la cadena de suministro.

Esto combinado con el debilitamiento de la actividad económica, con una caída del PIB proyectada en el 9,4%, que dificulta, aún más, a las empresas el paso de los salarios a los precios, y el deterioro de las perspectivas del mercado de trabajo que limita los futuros aumentos salariales, se traduce en una menor presión de los precios internos que se prevé que pesará sobre la inflación básica en el futuro.

En resumen, si la coyuntura se extiende durante el año nos veremos abocados a una caída de precios en la cesta compra y la entrada de deflación.

A partir de aquí viene la gran pregunta ¿recortará el gobierno las pensiones si se produce una caída del IPC?

Y es que tanto en la etapa del Gobierno del PSOE liderado por Sánchez como la actual formada por el gobierno de coalición con Unidas Podemos se ha caracterizado por la revalorización de las pensiones vía incremento del IPC, a pesar de carecer de Presupuestos aprobados por el Parlamento (aun seguimos con la prórroga de los Presupuestos del Gobierno de Rajoy).

Recordemos que en el Gobierno del Partido Popular se reformó el sistema mediante el índice de revalorización anual en sustitución del IPC. Junto al factor de sostenibilidad (aplicable en 2023), se pretendía hacer que el sistema de la Seguridad Social fuera sostenible en el largo plazo y que no acarreará un déficit continuado del que ahora depende de la financiación de los Presupuestos Generales del Estado, tras consumir la hucha de las pensiones.

El índice de revalorización consideraba las variables que influyen en los ingresos los gastos del sistema de la Seguridad Social entre los diferentes parámetros para establecer el incremento de las pensiones contributivas. En conclusión, la revalorización nunca podía ser inferior al 0,25% ni tampoco superior a la variación interanual del IPC a cierre del año, más un 0,50%.

En la práctica esta reforma ha quedado muerta. La máxima de este Gobierno era preservar el poder adquisitivo de las pensiones, vía decreto, más allá de la nefasta estabilidad presupuestaria que presentan las cuentas de la Seguridad Social con una pérdida de algo más de 16.000 millones de euros, el 1,29% del PIB.

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No es de extrañar que el año pasado no viéramos una reducción del déficit público, la Seguridad Social es, junto a la Administración Central, la principal responsable del déficit público. Se rompió así, la senda de reducción de déficit que habíamos visto durante los años anteriores. La prioridad no atendía a cuadrar las cuentas dentro de la Seguridad Social sino a preservar la capacidad de compra de las pensiones.

Si suponemos una coherencia de criterio, en el supuesto que al finalizar el año viéramos un IPC negativo, consecuentemente las pensiones deberían sufrir un recorte nominal para mantener la capacidad adquisitiva.

Además, hay un factor que sobrevuela silenciosamente y que a día de hoy aún no se tiene en cuenta, y es que España será beneficiada del dinero europeo si finalmente se lleva a terminó la propuesta europea del fondo de los 750.000 millones de euros, de los cuales, España acapararía alrededor de 140.000 millones.

Ese importe que percibiría España no es ajeno a condiciones. Tendríamos unos 60.000 en forma de deuda (se prevé una subida de la ratio deuda pública sobre PIB de 20 puntos porcentuales) y 80.000 millones en forma de transferencias que estarían condicionadas a la presentación de un programa de reformas económicas para especificar cómo se invertirán los fondos comunitarios y también, presumiblemente, cómo se reducirá el déficit.

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Recordemos que en el acuerdo inicial franco-alemán que es la base de la propuesta europea se indicó específicamente que esas transferenciaa estaban "basadas en un compromiso claro de los Estados Miembros de seguir políticas económicas sólidas y una agenda de reformas ambiciosa". Este punto es clave porque podría ser difícil de aceptar "tranferencias gratis" para algunos de los países frugales del norte del bloque de 27 países, como los Países Bajos, Finlandia y Austria.

Por ello, entre todas las reformas planteadas que debería ejecutar España, el asunto de las pensiones se examinará con lupa, sin descartar que se condicione ese monto de transferencias a la desvinculación del IPC y la vuelta al índice de revalorización para que las cuentas de la Seguridad Social puedan ver una reducción del déficit.

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