El proyecto de cesión de activos del FROB ha valorado a Cajasur con unos fondos propios negativos de 686 millones de euros, dado que la masa patrimonial a 31 de agosto de 2010 no incluye las participaciones preferentes del FROB ni las inyecciones recibidas. Esto significa, a efectos prácticos que Cajasur está en quiebra técnica si no se cuenta con las ayudas públicas.
Esta valoración implica un pago simbólico de un euro por parte de BBK al cabildo catedralicio y a la Diputación de Córdoba en el proyecto de cesión de activos y pasivos, frente a los 20 millones de euros que reclamaba el cabildo catedralicio a Cajasur según su propia valoración. La justificación que tiene el clero para argumentar sus datos se basan en que las provisiones por deterioro de activos no se han materializado y por tanto, la hipotética quiebra técnica no es tal y que hay que revisar el valor contable.
Las pérdidas acumuladas durante el 2009, por valor de 590 millones de euros junto con las pérdidas del primer semestre, por importe de 196 millones de euros han dilapidado los fondos propios de la caja y lo peor de todo es que, desde principios del 2008, esta situación se esperaba y todos los implicados han mirado para otra parte hasta que ha sido inevitable.
Lo que más duele en todos estos casos es que la gestión ha sido pésima y absolutamente todos los gestores y propietarios de la caja que la han llevado a la ruina literal, campan a sus anchas y no van a dar explicaciones jurídicas de ningún tipo. En las empresas, si un administrador quiebra su empresa, antes o después responde con su patrimonio, sobre todo si ha existido negligencia en la gestión. En el sector financiero, esto no pasa, véase el caso Moltó y ahora también, al extinto consejo de administración de Cajasur. Aquí, las responsabilidades son para los otros.
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